Con la vista puesta en las próximas elecciones, cada político en Canadá está buscando presentarse como el único candidato capaz de solucionar los males que afligen a la nación.
Conservadores, neodemócratas, liberales y todos los demás están buscando demostrar la particularidad de sus planes en materia de empleo, economía, seguridad nacional, programas sociales, medioambiente y más.
Un tema central: el nuevo proyecto de ley antiterrorista canadiense presentado por los conservadores, ha permitido a oposición neodemócrata y los liberales encontrar algo más que un terreno en común.
Ambos partidos le sacaron tarjeta roja al primer ministro Stephen Harper debido a los excesos de su Ley Antiterrorista. Neodemócratas y liberales argumentan con razón que esa ley constituye una grave amenaza para los derechos civiles de los canadienses, al otorgar a los servicios de seguridad mayores poderes de lo que legalmente necesitan para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional.
Ambos partidos de oposición también comparten algunos puntos de vista sobre la manera en la que ese proyecto de Ley C-51 puede ser modificado antes de convertirse en ley.
Esto quedó claro al comparar las enmiendas separadas pero similares que el líder neodemócrata Tom Mulcair y líder liberal Justin Trudeau presentaron en momentos en que el Parlamento canadiense examina este proyecto de ley a fin de limar sus peores excesos.
Los cambios propuestos por ambos partidos incluyen el control parlamentario. Neodemócratas y Liberales quieren darle al Parlamento canadiense un rol efectivo en la supervisión del Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia (CSIS), la principal agencia de espionaje de Canadá, así como la supervisión de otros servicios de seguridad, tal como ocurre en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países aliados.
Otra coincidencia es que ambos partidos de la oposición quieren poner un freno al poder del Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia (CSIS) de violar los derechos inscritos en la Carta canadiense de derechos y libertades. Ambos partidos quieren eliminar las disposiciones del proyecto de ley que facultarían a CSIS a pedir la autorización de un juez para violar los derechos fundamentales de los ciudadanos para interferir en las amenazas a la seguridad, incluyendo la violación del derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad personal.
Neodemócratas y Liberales también quieren la protección para las actividades de promoción y cabildeo, la protesta y la disidencia. Ambas partidos quieren clarificar el lenguaje vago en el proyecto de ley. Aunque la Ley C-51 prohíbe al Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia tomar como blanco a personas dedicadas a actividades de protesta “legal”, la oposición quiere que se le prohíba a CSIS actuar contra los canadienses que participan en actos de desobediencia civil pero que no representan una amenaza para la seguridad nacional.
La oposición también quiere una revisión obligatoria de la legislación y de los nuevos poderes de CSIS a los tres años de la aprobación de la ley. También está a favor de una cláusula de extinción y la necesaria aprobación previa del Parlamento para extender esta ley.
Estos son algunos de los muchos cambios sugeridos por Mulcair y Trudeau. Y tienen suficientes elementos en común como para que el gobierno de Harper atienda el pedido.
Los conservadores están perdiendo el debate público sobre el tema. Y ellos lo saben. Es por eso que ahora hay señales de que están planeando hacer algunos cambios a su proyecto de ley para neutralizar las críticas, lo cual es un comienzo, dice el editorial del Toronto Star.
La Ley C-51 no contiene nada que permita una supervisión rigurosa de los servicios de inteligencia y seguridad de Canadá por parte del Parlamento. Esta ley faculta imprudentemente a Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia violar nuestros derechos constitucionalmente protegidos. Esta ley hace de los jueces cómplices en la violación de la Carta canadiense de derechos y libertades y subvierte el Estado de Derecho.
Esta ley del gobierno conservador criminaliza la libertad de expresión y representa una amenaza para la legítima protesta y la disidencia. Y para colmo, ni siquiera se le da al Parlamento la oportunidad de revisar sus efectos dentro de algunos años.
La Asociación de Abogados de Canadá considera la Ley C-51 como una amenaza. Lo mismo opinan la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, el Comisionado federal de la vida privada y otras instituciones defensoras del bien público.
No es de extrañar que el apoyo público a este proyecto de ley se haya deteriorado rápidamente a medida que es escrutada y debatida en el Parlamento, antes de ser sometida a votación final.
Una reciente encuesta encontró que un 50 por ciento de los canadienses rechaza ese proyecto de ley, y que sólo el 38 por ciento la aprueba. Esto es un cambio impresionante desde el mes pasado, cuando el apoyo a la Ley C51 llegaba al 80 por ciento.
Poco a poco, Harper ha ido perdiendo la confianza del público en el tema. Los canadienses están preocupados por la seguridad nacional a raíz del tiroteo en el Parlamento y otros sustos, pero son justamente reacios a renunciar a sus derechos fundamentales a cambio de una mayor seguridad.
Los canadienses quieren un mejor equilibrio que lo que la Ley C-51 ofrece. Los cambios menores no serán suficientes. Hay que reformular a fondo esa ley, o simplemente retirarla, dice finalmente el editorial de la semana del periódico canadiense de mayor tiraje, el Toronto Star.
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