Stella Calloni
Adital
El
pasado 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la Unidad
Especial que investigaba la causa sobre el cruento atentado contra la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de junio de 1994, fue
encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento y
con todas las puertas de su casa cerradas por dentro. Cuatro días antes había
presentado una denuncia, sin prueba alguna, mal redactada y con serias
contradicciones, en la que acusaba a la presidenta de la nación, Cristina
Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, y a otras personas, de
intentar encubrir a funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– de ser
culpables del atentado. En días se había puesto en marcha un golpe encubierto
de origen externo.
El
fiscal había sido colocado al frente de la investigación en 2004, después de 10
largos años, cuando se cerró el más escandaloso e irregular juicio de la
historia sin lograr encontrar a los culpables del atentado que dejó 85 muertos
y centenares de heridos. Este hecho aparece como un eslabón más de un golpe en
desarrollo, en el que participan un sector del aparato judicial argentino, la
oposición, los medios masivos de comunicación junto a la CIA (Agencia Central
de Inteligencia, siglas en inglés) y el Mossad, de Estados Unidos e Israel,
respectivamente.
Para
entender esto hay que entender de qué se trata el caso AMIA y conocer las
graves irregularidades cometidas con la entrega en la década de 1990 de laa
investigación a los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes, que
operaron conjuntamente con el grupo de la Secretaría de Inteligencia de Estado
(SIDE) de Argentina.
Investigación bajo control externo
El
cruento atentado conmovió al país; el juez que quedó a cargo de la
investigación en julio de ese año fue Juan José Galeano, quien comenzó su
actuación bajo una presión muy evidente.
En sólo
24 horas, la inteligencia israelí –que envió sus hombres a colaborar desde las
primeras horas del hecho– y la CIA acusaron a la República Islámica de Irán y
al Hezbolá de Líbano, sin pruebas.
Sin
haber iniciado la investigación, ofrecieron un testigo importante al juez
argentino Galeano, quien viajó a Venezuela para entrevistarlo.
El
hombre se llamaba Manouchehr Moatamer y se presentó como un ex funcionario
iraní, que había huido de su país y que acusaba al gobierno de Irán de ser
responsable del atentado, sin ninguna prueba. Sus declaraciones erráticas se
derrumbaron en poco tiempo. Es decir, la CIA y el Mossad habían vendido a la
justicia argentina un testigo falso.
Moatamer
se había ido de Irán con su familia en 1993. Falta saber cómo llegó a Venezuela
en 1994, y cómo terminó al final en Los Angeles, Estados Unidos, como «testigo
protegido de la CIA».
La
causa de Galeano siguió navegando en un mar de irregularidades. Pero aún en
1997, el juez fue nuevamente a ver a Moatamer, en Estados Unidos, quien nada
agregó a su testimonio anterior. En 2008, Moatamer finalmente confesó que había
mentido para obtener la visa estadounidense.
En
1998, nuevamente la CIA y el Mossad ofrecieron otro supuesto testigo, en este
caso radicado en Alemania, Abolghasem Mesbahi, llamado el "testigo C”. Mesbahi
había sido desplazado en 1989 de algunas tareas menores para la inteligencia
iraní, sospechoso de ser agente doble. Se dedicó a la actividad privada y
realizó una serie de estafas, tras lo cual se fue a Alemania donde se radicó
desde 1996.
En ese
tiempo, Mesbahi acusó a Irán de cada uno de los "atentados terroristas” que no
se esclarecían en el mundo –lo que siempre sucede con los atentados de falsa
bandera– como el de Lockerbie, Escocia, y otros.
El
"testigo C”, que ganó fama por el misterio que rodeaba su nombre, vio una nueva
oportunidad acusando a Irán, con la anuencia de los servicios alemanes,
estadounidenses e israelíes de la voladura de la AMIA.
Sin
pruebas, contó su versión en Alemania ante un juez nacional y el juez argentino
Juan José Galeano, que viajó a ese país en 1998.
«Mesbahi
declaró 5 veces bajo juramento en la causa, y en los puntos esenciales dio 5
versiones distintas y contradictorias de éstos, que no podrían servir nunca
como prueba. Sólo dichos y palabras, y por supuesto, conjeturas y deducciones
de inteligencia», resume el abogado Juan Gabriel Labaké en su libro
AMIA-Embajada, ¿verdad o fraude?
El
abogado Labaké, por cierto no oficialista, viajó a Teherán, Europa y Estados
Unidos, reuniendo datos y entrevistándose con fuentes importantes, y finalmente
llegó a la conclusión de que no existían pruebas contra Irán en el juicio de
AMIA, ni bajo la dirección de Galeano, ni bajo la del fiscal Nisman, quien sólo
recopiló y reescribió los expedientes de su predecesor, y les dio cierto orden
pero siempre acusando a Irán, como ordenaron Washington y Tel Aviv.
El
periodista Gerth Porter, de The Nation, escribió en una nota el 16 de mayo de
2010 que el embajador de Estados Unidos en Argentina en el momento del atentado
a la AMIA, James Cheek, le dijo en una entrevista:
«Que yo
sepa no hay ninguna evidencia real de la participación iraní. Nunca probaron
nada.»
Lo
extraño es que cuando Nisman acusa a Irán en 2006 ya se sabía que ambos
testigos no eran creíbles y la justicia británica incluso había rechazado, por
falta de pruebas, un pedido de extradición contra el ex embajador iraní en
Argentina, Hadi Soleimanpour. El diplomático iraní estaba haciendo un curso en
Londres cuando lo detuvieron en 2003 hasta que llegara el exhorto de
extradición. Pero hubo que liberarlo en 2004 y pagarle una indemnización de 189
000 libras esterlinas.
También
la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) devolvió un primer
pedido de alerta roja por falta de pruebas, y el segundo pedido en 2013, y que
esta hasta estos días, por especial pedido del gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner y el canciller Héctor Timerman, tampoco tiene aún el fundamento de
las pruebas que el juez Rodolfo Canicoba Corral le pidió a Nisman que
investigara. Ahora se sabe que Nisman no había cumplido con reunir pruebas,
sino solamente simples deducciones de inteligencia que no sirven a la justicia
ni a la verdad.
El
primer juicio de la AMIA debió ser cerrado por escándalos e irregularidades
graves, una de las cuales consistió en que el juez Galeano, con apoyo del
entonces presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas
(DAIA), Rubén Berajas, pagó 400 mil dólares a un reducidor de autos robados,
Carlos Telledín, para que acusara a diplomáticos iraníes y a policías de la
provincia de Buenos Aires.
Estos
últimos estuvieron 5 años detenidos y debieron ser liberados por absoluta falta
de pruebas, sin vinculaciones con la causa. Así escandalosamente terminó ese
juicio.
La
enmarañada red de falsedades y mentiras, presiones e intereses que eran los
expedientes de la causa del cruento atentado contra la mutual judía AMIA obligó
a terminar con el juicio en 2004, y el entonces presidente Néstor Kirchner
(2003-2007) exhortó a la justicia a avanzar, profundizando en la causa hacia la
verdad.
Se creó
entonces la Unidad Especial de la Causa AMIA, que quedaría por decisión de la
Procuraduría en manos del fiscal Alberto Nisman, lo que sorprendió, ya que el
propio Nisman también había sido parte del fracaso del juicio iniciado en julio
de 1994 y cerrado 10 años después, sin haber logrado nada.
El caso
Nisman
Nisman
había comenzado en 1997 su camino hacia la actual Fiscalía, en Morón, provincia
de Buenos Aires. En su historia hay un caso que marcó su camino y fue la
investigación sobre el destino de Iván Ruiz y José Díaz, dos de los
participantes en el fracasado ataque al cuartel de la Tablada en enero de 1989,
dirigido por el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Melo, durante el gobierno
democrático de Raúl Alfonsín. Ambos detenidos, después del cruento
enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos, fueron vistos por última vez
brutalmente torturados y llevados por militares y policías en un automóvil Ford
Falcon.
Hasta
ahora están desaparecidos, pero Nisman y un juez que lo puso a cargo de la
investigación apoyaron la versión oficial del Ejército de que «habían muerto en
combate» a pesar de las evidencias de su desaparición forzada.
En
julio de 1997, el entonces procurador general Nicolás Becerra lo convocó para
sumarse a los fiscales que investigaban el atentado contra la mutual judía
AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen, por pedido expreso de ambos.
De
acuerdo con Infojus Noticias de Argentina «el equipo de Nisman, Barbaccia y
Mullen trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien». Durante ese juicio
por la llamada «conexión local», muchos testigos dijeron que ellos y el juez
Juan José Galeano habían cometido una serie de irregularidades que se
comprobaron.
Al
final del debate, el Tribunal Oral absolvió al delincuente Carlos Telleldín, a
quien el propio juez entregó 400 000 dólares para que acusara a funcionarios
iraníes y a policías, con el visto bueno de Rubén Berajas, entonces presidente
de la poderosa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.
En los
fundamentos del fallo se acusó a Galeano –quien terminó destituido y
procesado–, a su equipo y a los fiscales Mullen y Barbaccia, también
procesados.
«En el
juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada» en la
Causa AMIA , afirmó a Infojus Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze,
defensor de Ariel Nizcaner, quien fue absuelto de haber participado en la
adulteración de la camioneta Traffic, que supuestamente fuera usada en el
atentado.
«Siempre
hubo un tema parádojico: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y Nisman siguió
a cargo. Es extraño», reflexionó García Dietze.
En 2004
Nisman, ya a cargo de Unidad Especial para concentrar todas las investigaciones
vinculadas al atentado, se acerca a un hombre clave de la entonces Secretaría
de Inteligencia del Estado, la antigua SIDE, Antonio Stiusso, alias "Jaime”.
Éste había sido desplazado de la Causa AMIA por ser parte de las
irregularidades del juicio, pero con Nisman recuperó un lugar de importancia.
Ambos trabajaban con la CIA y el Mossad.
La
Unidad Especial recibía importantes sumas de dinero para investigar. Pero
Nisman sólo se dedicó a clasificar los expedientes de Galeano y continuó
responsabilizando a los iraníes, sin haber producido, en los últimos 10 años,
ninguna prueba para confirmar la acusación. Su primer pedido de alerta roja
contra 12 iraníes, diplomáticos y funcionarios acusados, fue devuelto por falta
de pruebas. Como sucedió con el pedido de extradición enviado a Londres contra
el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, cuando la justicia
británica devolvió la solicitud por falta de pruebas, indemnizando al
diplomático en 2004. Una vergüenza para la justicia argentina.
Nisman
y la Embajada de Estados Unidos
Durante
10 largos años, los expedientes que investigaba Nisman siguieron incorporando
«informes basados en deducciones y armados» sin prueba real, imposibles de
comprobar, que proveían la CIA y el Mossad, al igual que hicieron al
proporcionar los falsos testigos.
En
2010, cuando se publicaron en Argentina una serie de cables secretos referidos
al caso AMIA, del Departamento de Estado de Estados Unidos revelados por
WikiLeaks, quedó en evidencia que el fiscal Nisman anticipaba las medidas que
iba a tomar en esta causa a diplomáticos de esa Embajada.
Estos
descubrimientos no dieron lugar a tomar una medida clave, la de separar al
fiscal de esta causa ya que no se puede ser "juez y parte”, como sucedía en su
relación de subordinación a Estados Unidos e Israel.
La
pista iraní no lograba reunir pruebas concretas, pero sin duda favorecía los
intereses geopolíticos de ambos países, que continúan intentando invadir Irán,
enlazando esta situación con el anunciado plan imperial de un Oriente Medio
ampliado, que significó invasiones y ocupaciones coloniales de varios países en
esa región en el siglo XX. Jamás la inteligencia estadounidense o israelí
debieron haber participado, monitoreado y armado la Causa AMIA.
En un
despacho del 22 de mayo de 2008, desde la sede diplomática estadounidense en
Buenos Aires, se especificaba: «Los oficiales de nuestra Oficina Legal le han
recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el
atentado y no en quienes desviaron la investigación.»
Eso fue
precisamente cuando el entonces juez federal Ariel Lijo ordenó la detención e
indagatoria del ex presidente Carlos Menem, de su hermano Munir –ya fallecido–,
del entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, y otros, como el magistrado
Juan José Galeano y del ex comisario Jorge Palacios, por encubrir el atentado.
Nisman
no había informado de esa medida a la Embajada estadounidense como lo hacía
normalmente. Otros cables de WikiLeaks demostraron que el fiscal de la Causa
AMIA se había disculpado con los oficiales estadounidenses por no haber
anticipado los pedidos de detención. Hay varios cables referidos al tema,
publicados por el periodista Guillermo O’Donell.
Ya en
2013, Memoria Activa y familiares y amigos de las víctimas del atentado de
julio de 1994 se pronunciaban por un alejamiento de Nisman de la Causa AMIA. En
noviembre de 2013, en una carta abierta al fiscal, los familiares respaldaron
el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán y cuestionaron «la falta
de compromiso de Nisman y la inacción en la causa», por considerarlo «funcional
a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad».
El
Memorándum de Entendimiento con Irán es un verdadero documento de política
exterior que podía sentar precedentes en la resolución de conflictos sin
salida, como era el caso AMIA. Se trataba de que los jueces de la Causa AMIA
pudieran ir a Teherán a indagar, ante la presencia de una Comisión de
personalidades reconocidas y neutrales, a los altos funcionarios iraníes
acusados –sin pruebas– del atentado. Por primera vez se podría saber la verdad,
fuera la que fuera.
Al
cumplirse 20 años del atentado, el 19 de julio de 2014, los familiares de las
víctimas no sólo reclamaron una vez más el esclarecimiento del hecho, sino que
solicitaron formalmente que se apartara a Nisman del caso por «haber mostrado
su total incapacidad para investigar en esta Causa», como denunció entonces
Diana Malamud de Memoria Activa.
Irán
siempre ofreció su cooperación, pero la CIA y el Mossad rechazaban toda
posibilidad. Ningún país soberano en el mundo iba a entregar a un grupo de
funcionarios acusados sin que se presentaran las pruebas necesarias a la
justicia de terceros países. Incluso surgió de Irán una propuesta de crear una
Comisión mixta, argentina-iraní, para investigar el tema AMIA.
En Irán
no existe extradición y por eso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
trató de hallar un camino, que fue rechazado incomprensiblemente por el
gobierno de Israel.
La DAIA
y la AMIA, que habían apoyado en principio el Memorándum debieron plegarse al
mandato israelí. La oposición argentina rápidamente se alió a este rechazo y
surgieron jueces que declaraban la inconstitucionalidad de la ley, lo que era
una aberración jurídica.
Irán
quedó a la expectativa frente a esta situación. Lo que nadie sabía es que, con
base en falsas denuncias, convertirían este tema en una maniobra golpista
contra el gobierno de Fernández de Kirchner, el que más trabajó a favor de la
verdad, como se puede constatar en los esfuerzos ante la Organización de las
Naciones Unidas y en el propio Memorándum.
El 12
de enero de 2015, en plena Feria Judicial, e interrumpiendo un viaje que lo
había llevado a recorrer Europa para festejar el cumpleaños 15 de una de sus
hijas, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la investigación sobre el
atentado contra la mutual judía AMIA decidió regresar imprevistamente a
Argentina, según él mismo comunicó a las amistades más allegadas en un mensaje
de WhatsApp.
Sólo 1
día después de llegar a Buenos Aires, Nisman anunció que iba a presentar una
denuncia contra la presidenta de la nación, el canciller, el diputado Andrés
Larroque, dirigente del movimiento juvenil La Cámpora y contra 2 dirigentes
sociales, Luis D’Elía y Fernando Esteche, por intento de presunto encubrimiento
de los iraníes acusados mediante un pacto secreto con Irán por «intercambios
comerciales», un pacto que nunca existió,.
Trama
de guerra sucia
El 18
de enero, Nisman fue encontrado muerto, como se conoce, en su departamento. Y
la rigurosa investigación fiscal continúa para no dejar ningún espacio de duda
en su conclusión final.
La
Feria Judicial permitía a Nisman elegir el juez, y buscó a Ariel Lijo, quien
lleva causas creadas contra funcionarios gubernamentales por denuncias basadas
en informaciones periodísticas y sin pruebas. El 14 de enero Nisman presentó la
denuncia, generando un gran escándalo, sin aportar pruebas de sus
incriminaciones, pero tampoco nada sobre el atentado que mató a 85 personas en
1994.
De
inmediato la dirigencia opositora salió a respaldarlo, porque esta noticia les
permitía montar un ataque brutal contra el gobierno en año electoral.
Prometía
Nisman dar a conocer escuchas telefónicas (ilegales hasta ahora) para
justificar su acusación, y el 19 de enero iba a hablar de su denuncia ante la
Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, citado por la
oposición, aunque iba a asistir también el oficialismo, que pedía hacer público
este evento, y no cerrado.
Las
escuchas trasmitidas ilegalmente por un canal de televisión opositor de
conversaciones entre dirigentes sociales y una persona de la comunidad islámica
jamás podrían ser pruebas de nada. Pero el 19 de enero, la muerte de Nisman
conmocionaba al país, atrayendo la atención también fuera de Argentina.
En las
declaraciones que hizo ante la fiscalía, la ex esposa de Nisman, la jueza
Sandra Arroyo Salgado, quien estaba en Barcelona, España, con otra de las hijas
del matrimonio, señaló que Nisman la llamó el 12 de enero desde el Aeropuerto
de Barajas, en Madrid, para decirle que debía regresar urgentemente a Buenos
Aires porque su madre se iba a operar de un brazo y que luego iba a volver a
Europa para continuar su viaje.
Arroyo
Salgado dice haber discutido porque se negó a que Nisman regresara con su hija
a Buenos Aires y convinieron en que la dejaba en el aeropuerto para que su
madre llegara a recogerla desde Barcelona.
Se
agrega a esto que la propia madre de Nisman, Sara Garfunkel, declaró en la
causa que ella ya se había operado del brazo antes. Nisman había mentido a su
familia en un regreso muy apresurado.
Por eso
la pregunta es:
-
¿Quién llamó a Nisman tan urgentemente para presentar una denuncia sólo 2 días
después de su regreso, nada menos que contra la presidenta?
La
fiscal que ahora investiga la muerte de Nisman, Viviana Fein, a todas luces
bajo intensa presión, dijo que el occiso había comprado el pasaje de regreso
del día 12 de enero desde el 31 de diciembre. Esto abre entonces otra
interrogante:
- ¿Por
qué envió un mensaje de WhatsApp a sus amigos más cercanos, según transmitió la
propia prensa opositora antes que la fiscal revelara la compra anticipada del
boleto, de que tenía que regresar de forma intempestiva? ¿O era una trama ya
urdida de antemano?
La
incriminación fue la noticia bomba de comienzos de un año electoral y la
diputada derechista Patricia Bullrich, de Unión Por Todos-Propuesta
Republicana, organizó rápidamente que Nisman explicara la denuncia a una
Comisión del Congreso.
Bullrich,
quien habló varias veces con el fiscal antes de su muerte, está vinculada a
varias fundaciones estadounidenses en Argentina, y de la misma manera la
diputada Laura Alonso, destacadas ambas por apoyar a los sectores más
fundamentalistas de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela, Argentina o
cualquiera de los países claves en la integración latinoamericana.
El
domingo 18 de enero por la tarde, el fiscal Nisman fue encontrado sin vida, por
su madre, llamada por dos custodios ante la falta de respuesta de éste. El
departamento estaba cerrado por dentro, incluyendo la puerta de servicio, que
tiene dos cerrojos; el de arriba, que podía abrir la madre, pero el de abajo
tenía una llave trabada por dentro y debieron llamar al cerrajero para que la
abriera.
El
cuerpo de Nisman obstaculizaba abrir la puerta del baño. Tenía un disparo en la
cabeza, una pistola y un casquillo de bala calibre 22 estaban en el piso a su
lado. Una imagen desoladora. Tenía 51 años. Y los primeros resultados de la
autopsia realizada por reconocidos forenses con presencia de expertos peritos
determinaron que «no habían intervenido terceros».
Toda la
información, incluyendo lo que se conoció después, mencionaba un disparo sólo a
poco más de 1 centímetro de la sien derecha, lo que llevaba a pensar en un
suicidio. La muerte se clasificó como «dudosa» hasta que se terminen las
pericias, algunas repetidas para que no queden dudas.
La
presidenta Fernández de Kirchner, en su primera carta en Twitter, nunca dijo
que fuera un suicidio. Incluso lo puso en duda al escribir la palabra entre
signos de interrogación. Y en su segunda carta sostuvo con mayor precisión que
no creía en un suicidio. En todo caso en un suicidio inducido, y no precisamente
por el gobierno, ya que en realidad es el gobierno el único afectado en este
juego de servicios de inteligencia extranjeros y locales y de la oposición
interna, mayoritariamente dependiente de Washington y sus fundaciones.
Desde
Bolivia, el presidente Evo Morales definió certeramente esta situación: le
pusieron una emboscada a la presidenta argentina, dijo al denunciar los
sucesos.
Es de
un simplismo aterrador pensar que a un gobierno a cuya presidenta se acusa sin
prueba alguna, con una denuncia tan deficiente que ni siquiera parece redactada
por el fiscal, podría convenirle la trágica muerte de éste.
La
oposición política local, que ya armó varios escenarios golpistas en el país,
se tomó el hecho como una bandera para acusar al gobierno. Los medios de
comunicación y especialmente el Grupo Clarín, que se niega a cumplir con la Ley
de Medios Audiovisuales que debe terminar con los nefastos monopolios
mediáticos, comenzaron a especular confundiendo a la población, cautiva de ese
enorme poder desinformador.
Es tal
la intoxicación informativa, que nadie sabe distinguir entre el informe de la
Fiscalía investigadora y los "juicios paralelos” que se escenifican en
televisión.
Fue el
gobierno el que insistió para que la reunión en el Congreso fuera pública, es
decir, para que todo el mundo pudiera ver lo que se iba a debatir allí, lo que
curiosamente la oposición rechazaba. Los legisladores del oficialismo desde el
primer momento que Bullrich convocó la audiencia especial, afirmaron que
concurrirían para interrogar profundamente al Fiscal con la determinación de
llegar al fondo del asunto. La muerte del fiscal se lo impidió.
La
muerte de Nisman está siendo utilizada de una manera perversa por los medios de
comunicación opositores y por toda la red de desinformación mundial al servicio
del poder hegemónico, intentando responsabilizar al gobierno en una de las
campañas más duras que se recuerde.
El
golpismo encubierto está siendo desarrollado por un sector del Poder Judicial,
una estructura decadente que nunca se democratizó, y por los medios de
comunicación masiva, la oposición y la acción de los servicios de inteligencia
locales que fueron desplazados por el Ejecutivo y venían desde la pasada
dictadura y antes de ésta. Pero, indudablemente, también por Estados Unidos e
Israel.
El
Estado israelí publicó en Estados Unidos un breve comunicado en la mañana del
19 de enero de 2015 sobre «la trágica circunstancia» de la muerte de Nisman,
término que se utiliza para describir un suicidio; y el mismo día el secretario
general de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo a los medios argentinos –como está
registrado– que «creían que era un suicidio» y que esa entidad estaba
preocupada por el destino de la Causa. ¿Por qué luego cambiaron de rumbo?
Siguiendo
el lineamiento del Estado israelí, exhortaban a continuar con la Causa –como si
alguien hubiera hablado de abandonarla– y además a llevar a la justicia a los
culpables del hecho y continuar con lo que estaba actuando Nisman. Es decir –y
esto no puede perderse de vista– mantener la acusación contra Irán, lo que
significa continuar en el cerrado círculo que comenzó en julio de 1994 con
pistas y testigos falsos. ¿Qué hay en las sombras de esta Causa?
En la
escena del crimen
El
colaborador cercano del fiscal fallecido, Diego Lagomarsino, "experto en
informática”, contratado por Nisman con un salario inusualmente altísimo, fue a
ver al fiscal el sábado 17 de enero. Él mismo se presentó espontáneamente a la
justicia para decir que le había llevado un arma vieja, la pistola calibre 22
con la que luego se "suicidó” el fiscal.
Primero
dijo que Nisman le pidió la pistola para defenderse. Pero en realidad
Lagomarsino estuvo 2 veces al edificio donde vivía el fiscal, supuestamente
seguro y altamente vigilado, como se ofrecía a los compradores de departamentos
en ese lugar. De la última visita en la noche no hay registros de salida. La
investigadora Fein dijo que, según lo registrado, Lagomarsino salió el domingo
en la mañana, es decir, al día siguiente de la muerte de Nisman.
La denuncia
publicada íntegra el día 20 de enero es absolutamente una pieza sin valor
jurídico, por su redacción, sus contradicciones y la falta de pruebas. Las
escuchas telefónicas ilegales, que un canal de televisión opositor dio a
conocer también violando toda norma, no agregan nada, al contrario, resultan
hasta pueriles. Reconocidos juristas señalan que aunque todo lo que se dice
fuese cierto no constituye delito porque nada de eso se realizó.
El
curioso –y desconocido en el medio– periodista colaborador en el sitio de
internet del Buenos Aires Herald, Damián Pachter, quien en la noche del 18 de
enero dio, por Twitter y sin avisar a su medio, la primicia de que se había
encontrado muerto al fiscal Nisman, decidió irse del país argumentando «miedo».
Primero sacó un boleto de ida y vuelta a Uruguay, pero de pronto apareció en
Tel Aviv.
Pero lo
extraño es que sale hacia Uruguay y sigue hasta Israel, donde dice que pidió
refugio. Luego se sabe que Pachter es argentino-israelí y que viajó con su
pasaporte de Israel.
- ¿Por
qué pidió asilo, si era ciudadano israelí y estuvo 3 años en el ejército de ese
país?
Lagomarsino
también estaba gestionando la actualización de su pasaporte, para lo cual
concurrió a las oficinas pertinentes el mismo día 12, cuando Nisman hizo
pública su imputación. Inmediatamente tras la muerte del fiscal, las
autoridades le retuvieron el documento y se le prohibió salir del país.
La
sospecha sobre Pachter aumentó cuando dio a medios europeos varias entrevistas
hablando de la persecución de periodistas en Argentina, donde los medios
opositores publican notas insultantes contra la presidenta y otros funcionarios
sin ningún problema.
Otro
dato importante a registrar. El fiscal Nisman utilizaba un automóvil de alta
gama, un Audi, de un yerno de uno de los denunciados como encubridor local en
el caso AMIA, Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE en el momento de la
voladura de la AMIA. Y además ligado al ex agente de la CIA Frank Holder, de
oscura historia en Centroamérica, que como tantos ex agentes de otros países
manejan agencias de seguridad locales.
En
Estados Unidos, los sectores más recalcitrantes como el republicano Marcos
Rubio, Bob Menéndez y otros, acusan a la presidenta y al gobierno de Argentina
sin prueba alguna, lo cual es una amenaza y una presión sobre la justicia
local, la misma que ejercen los medios masivos de comunicación argentinos, que
de diversas formas advierten a fiscales y jueces que esta causa, como la de la
AMIA, tienen que tener los "culpables” que ellos determinen. Los llamados de
esos legisladores, además, evidencian su conexión con la derecha argentina.
Quieren
una destitución aparentemente "institucional” del gobierno, un golpe blando,
pero con muertes. No quieren la verdad.
Además
de golpear a Argentina en el mismo momento en que se acrecienta el golpismo en
Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro, intentan debilitar a los
organismos de unidad e integración que se consolidan en América Latina.
Si algo
faltaba al terminar esta serie, se conoció que el ex presidente, de Uruguay,
José Mujica desmintió la versión de que un diplomático de la Embajada de Irán
en Montevideo fuese expulsado 2 semanas antes por estar vinculado a la
colocación de un aparente artefacto explosivo en las inmediaciones de la
Embajada israelí en esa ciudad. Esa versión la publicó el diario israelí
Haaretz y la retomaron varios medios en el mundo.
Queda
entonces la pregunta que puede tener una rápida respuesta: ¿qué están
preparando los expertos en atentados de falsa bandera en nuestros países?
Notas:
-
«Causa AMIA: el atentado de 1994 fue problablemente fomentado por un ex
ministro argentino del Interior», Red Voltaire , 3 de julio de 2013.
-
"Argentina’s President slams Israel Lobby”, Voltaire Network, 18 February 2013.
- « Mensaje
de Cristina Fernández sobre el Memorandum entre Argentina e Iran», por Cristina
Fernández de Kirchner , Red Voltaire , 8 de febrero de 2013.
-
«Ataques terroristas en la Argentina 1992 y 1994: no fueron de origen
islámico», por Adrian Salbuchi, James Fetzer, Red Voltaire , 28 de octubre de
2009.
- "Iran and
the AMIA Bombing in Argentina”, by Belén Fernández, Voltaire Network, 26 July
2009.
- «El
AJC acusa al Hezbollah de los atentados de Buenos Aires a pesar del fallo de la
Corte Suprema argentina», Red Voltaire , 16 de agosto de 2006.
- «Fuga
documentación clasificada de inteligencia sobre atentado terrorista», por José
Petrosino, Oscar Abudara Bini, Red Tango, Red Voltaire , 27 de septiembre de
2006.
- «Se
acusa a los musulmanes de los ataques a AMIA y la embajada de Israel sin
pruebas», por Juan Gabriel Labaké, Red Voltaire , 4 de septiembre de 2006.
-
«Investigando la bomba en la Asociación Mutual Israelita», por José Petrosino,
Red Voltaire , 22 de julio de 2006.
-
«¿Musulmanes o pista israelí?», por José Petrosino, Oscar Abudara Bini, Red
Voltaire , 22 de julio de 2006.
-
«Washington pretende rescribir la historia de los atentados de Buenos Aires»,
por Thierry Meyssan, Red Voltaire , 20 de julio de 2006.
-
«Kirchner y el sistema de inteligencia argentino», por Jorge Serrano Torres,
Red Voltaire , 26 de septiembre de 2004.
- «Nota del ministerio de las relaciones exteriores de
Argentina, 25 de Agosto de 2003», Red Voltaire , 25 de agosto de 2003.
Fuente Contralínea (México) - www.voltairenet.org
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