La denuncia se refiere en particular a una supuesta
triangulación de recursos a través de empresas fantasmas al grupo
financiero Monex para la emisión de monederos electrónicos usados
presuntamente para pagar a operadores del candidato Peña Nieto.
(Getty Image)
Anunciaron acciones conjuntas para que las autoridades investiguen y se expidan a la brevedad sobre las denuncias de lavado de dinero y compra de votos en la campaña de Enrique Peña Nieto, ganador de las últimas elecciones, cuyos resultados fueron impugnados.
Los presidentes de los partidos gobernante de Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, y el opositor de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, explicaron en conferencia de prensa que solicitaron anoche al Instituto Federal Electoral (IFE) que su unidad de fiscalización “tome cartas en el asunto” antes de que Peña Nieto sea declarado presidente electo
Además, informaron que pedirán la apertura de una investigación a la Procuración General de la República (PRG).
“Tenemos la certeza de que existen aquí evidencias fuertes, contundentes, de manejo ilegal de recursos durante esta campaña”, señaló Madero, quien aclaró que la acusación no implica necesariamente que se trate de dineros del crimen organizado sino el manejo de fondos de procedencia desconocida “por las vías no oficiales”, dijeron a la prensa.
La denuncia se refiere en particular a una supuesta triangulación de recursos a través de empresas fantasmas al grupo financiero Monex para la emisión de monederos electrónicos usados presuntamente para pagar a operadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto.
Las leyes electorales mexicanas establecen un tope para los gastos de campaña, que deben ser fiscalizados por el IFE, además de que fijan límites a las aportaciones privadas.
El candidato del PRD, Andrés López Obrador, segundo en las elecciones, ya había solicitado la invalidación de los comicios por irregularidades como estructuras paralelas de financiamiento, desvío de recursos de gobiernos estatales priístas a la campaña y compra de votos.
El Tribunal Federal Electoral (TFE) tiene pendiente la validación de los resultados electorales a partir de la denuncia de López Obrador -luego de que el candidato lograra que el IFE volviera a escrutar casi una tercera parte de los votos-, fallo que debe producirse antes del 6 de septiembre para poder concretar el período de transición hasta el 1 de diciembre, día de la asunción del nuevo presidente.
Por su parte, el PAN había solicitado el 14 de junio, antes de las elecciones, que se congelaran cuentas ligadas a las tarjetas de Monex por la presunción de financiamiento ilícito, pero la medida fue rechazada en su momento por el IFE.
“El llamado Monexgate apesta”, definió hoy el presidente del PRD y resaltó que siguen apareciendo indicios que vinculan con el PRI a las empresas que hicieron contratos con Monex, por lo que exigió a las autoridades correspondientes que “vayan a fondo, tope donde tope” en las investigaciones.
Zambrano consideró imprescindible saber la magnitud y el origen de esos recursos ilegales denunciados así como la presunción de “lavado” de dinero, que se aclare y resuelva esos casos antes de que el TFE determine y califique la elección.
El perredista reiteró que los equipos jurídicos de ambas fuerzas políticas ya trabajan en la elaboración de una querella, para presentarla a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez.
Justificó que por la importancia del caso, harán la presentación de la denuncia sobre presunto “lavado” de dinero de manera conjunta y directamente a la procuradora, y la respaldarán con testimonios, tarjetas que se repartieron y cuentas de Monex.
El PAN coincide con el PRD en las acusaciones y también pidió que se investigue “hasta las últimas consecuencias”, pero señaló que acatará “sin regateos” la resolución final del tribunal, lo cual no está claro en el caso de la izquierda.
El PRI, que gobernó México entre 1929 y 2000, período hegemónico en el que abundaron las denuncias de corrupción, clientelismo y autoritarismo, insiste en que las elecciones fueron limpias y, según Peña Nieto, las denuncias son mentiras e infundíos de la oposición.
De acuerdo con los resultados del IFE, Peña Nieto obtuvo el 38,21 por ciento de los votos computados, seguido de López Obrador, con 31,59 por ciento, y de la panista Josefina Vázquez Mota, con 25,41 por ciento.
PRI reconoce que usó tarjetas prepago para “gastos ordinarios” de campaña
TeleSur/La Radio del Sur
(Foto: Archivo)
El PRI responde de esta manera al juicio de inconformidad interpuesto por la izquierda el pasado 12 de julio, contra el resultado de la elección presidencial en la que resultó vencedor Enrique Peña Nieto.
En su respuesta a las acusaciones, el PRI negó tener relación jurídica o comercial con Banco Monex o haber recibido “aportaciones ilícitas” de esa u otra empresa, en el marco de la campaña.
El grupo político sí reconoció que el 1 de marzo de este año celebró un contrato con “Alkino Servicios y Calidad,” a través del cual esa empresa se obligó a prestar servicios “consistentes en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizadas por personas autorizadas por el partido”.
“Para cumplir con metas y objetivos relacionados con sus tareas ordinarias, el PRI recurrió a un sistema práctico de contratación de personal, acompañado de un método eficiente y eficaz de pago”, reseñó un comunicado.
“Como resultado de la contratación de la empresa Alkino Servicios y Calidad, el PRI recibió siete mil 851 tarjetas de prepago con recursos disponibles, por un monto total de 66 millones 326 mil 300 pesos (4,9 millones de dólares)”, expone el texto.
Por ello, el PRI presentó al Instituto Federal Electoral (IFE) la documentación relativa al contrato con dicha empresa y aseguró que los recursos abonados con las tarjetas “fueron empleados para cubrir gastos que, conforme con la normatividad aplicable, son considerados como ordinarios y no de campaña”.
El presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que solicitarán a la Procuraduría General de la República, “investigar las falsas imputaciones del PAN y del PRD sobre el presunto uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña” de Peña Nieto.
“El PRI exige a la PGR que realice una pronta y exhaustiva investigación y que llegue a las últimas consecuencias. También exigimos que, al comprobarse la falsa imputación de las acusaciones, se castigue a quienes irresponsablemente han hecho de la mentira un instrumento de propaganda política”, declaró.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe pronunciarse antes del 1 septiembre sobre la validez de la elección presidencial, que de acuerdo con los resultados oficiales fue ganada por Peña Nieto con 38,21 por ciento de los votos, seguido de López Obrador, con 31,59 por ciento.
Denuncias contra el PRI
La coalición de izquierda, liderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció la existencia de un “entramado” empresarial que, a través del banco Monex, “entregó tarjetas de prepago a operadores políticos y promotores del voto del PRI durante la campaña”.
Igualmente, el grupo político gobernante, Partido de Acción Nacional (PAN) se sumó a las denuncias y pide se sanciones el uso de esas tarjetas en la campaña de Peña Nieto.
Este jueves, los líderes nacionales del PRD y PAN, Jesús Zambrano y Gustavo Madero, respectivamente, anunciaron que ejerecerán acciones legales conjuntas para que se aclare si Peña Nieto y su partido incurrieron en lavado de dinero para comprar votos.
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