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sábado, 14 de mayo de 2011

LA ABSOLUCIÓN DE PORTILLO, UN CASO QUE DEBE VENTILARSE EN LOS JUZGADOS Y NO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En los medios de comunicación suelen recalcarse algunas noticias en detrimento de otras. Como la que acaba de acontecer acerca de la muerte de Bin Laden opacando la guerra en Libia levantada por el Imperialismo contra aquel pueblo.

En nuestra prensa local, que hay que entender, apéndice de los consorcios internacionales, la costumbre de descalificar cuando se necesita destruir ante la opinión pública a los que no se ajustan en el momento a los requerimientos del poder oligárquico, es cosa común. Y, esto no es novedad alguna.

Ahora que en la realidad del país, he leído que la absolución del ex presidente Alfonso Portillo de los cargos de peculado han causado un revuelo mediático, no sé si esto ha servido a la oligarquía y a los grupos paralelos, aprovechando la coyuntura, para opacar el sobreseimiento de los cargos contra Alejandro Giammatei por ejecución extrajudicial.

A las juezas que absolvieron al primero les cae la vindicta pública, a la que desestimó los de Giammatei, una mención escueta y débil, aún cuando los cargos contra éste sean catalogados como de lesa humanidad. Piedras que, sin ser yo jurisconsulto, estimó allananan el camino para que la desestimación de los cargos al ex ministro Carlos Vielman y a los funcionarios de aquella época, Javier Figueroa y Edwin Spirenssen, por similares delitos, sea una realidad futura. Con ello, la justicia se alejaría aún más del deseo de familiares y de la sociedad en conjunto con respecto a llevar a juicio a los que cometieron genocidio y otros crímenes de lesa humanidad siendo jefes de Estado, altos funcionarios o mandos medios en tiempos presentes o en la guerra que sufrió el pueblo guatemalteco durante un poco más de 36 años llevada a cabo por el Ejército Nacional por auspicio de su oligarquía y auxilio del gobierno gringo, según constan en los documentos desclasificados del propio gobierno de Estados Unidos y los archivos encontrados en la Policía Nacional.

Unos más otros menos, los medios se han dedicado a través de sus reporteros, editorialistas y columnistas a despotricar con una soltura y solvencia de quien conoce fielmente los vericuetos jurídicos en contra de las juezas que absolvieron a Portillo, en detrimento de la imparcialidad. Nada o algo muy débil dicen sobre el sobreseimiento a favor de Giammatei que como dije, sus cargos son más graves  que los del otro. Y todo ello, como se ha venido haciendo costumbre, sin aportar elementos probatorios. Como se dice en el refranero popular: “Solo menudos y nada de carne magra”. Hasta un video fue lanzado al público con una rapidez inaudita proveniente de cámaras que son de uso exclusivo de la seguridad de los lugares donde se tomaron las escenas, lo cual habría que investigar quién ordenó proporcionarlo, quien lo proporcionó y quien lo pidió. Video del cual una toma salió en la primera plana del medio escrito de mayor circulación con el ánimo de justificar una relación que si bien puede existir no es prueba fehaciente alguna pues el reír, el charlar con otra persona no habla ni de amistad ni de enemistad, ni puede usarse como elemento probatorio para encauzar un delito. Por ejemplo, los líderes de la Unión Europea y Estados Unidos recibieron con alfombra roja a Gaddafi, estrecharon su mano, le demostraron simpatía, hicieron negocios con él y miren en qué terminaron. Bombardeándolo a él y a su pueblo. Y, como dijo Fidel, se puede estar a favor o en contra de aquel pero de eso a bombardearlo no hay justificación. En conclusión, el hecho de dar la mano, de compartir una broma, de chancear no es prueba de connivencia ni compadrazgo.

Volviendo a lo que nos truje, lo que ese video ha provocado no es lo que esperaban sus promocionadores, sino un gran chismorreo insustancial para la causa de la justicia. Si esta es la naturaleza de las pruebas que abona el Ministerio Público no es de extrañar que los jueces las desestimen. Y, eso no es solo para los casos emblemáticos sino para muchos que agravian a la población común y corriente. Luego los medios se preguntan por qué la gente se involucra en linchamientos o en rondas de seguridad ilegales que violan principios elementales de los derechos humanos como son la libre locomoción y la presunción de inocencia. Esa inutilidad es la que certifica el terreno para la impunidad.

Hoy, como en otras ocasiones, los argumentos se centran en los pelos del caballo y no en el caballo en sí. Muchos opinantes se rasgan las vestiduras ante determinados cuando éstos no son a la medida de sus gustos y expectativas, pero no reparan en que la labor del Ministerio Público es ineficiente, mediocre. Lo digo porque de eso hablan los propios hechos. La liberación de reos o el archivo de casos que por falta de pruebas son desestimados son los que ensanchan la arbitrariedad, la desesperanza y la desconfianza en la justicia que, como anoté, desembocan en actos ilícitos.

Pero en mi país, los medios se han convertido en un actor incisivo en asuntos políticos no en informadores y formadores de opinión pública objetiva y sobria. Al contrario, actúan de una manera maniquea, administrando “justicia” desde sus editoriales y desde sus secciones de “opinión”, socavando la labor de los jueces que bien o mal son los únicos que tienen la facultad de impartirla. Sino es así, mejor desmontemos el sector justicia y hagámosla por mano propia. ¡Que viva la anarquía!

No me aparto que deban darse opiniones, cual de más quieran, sin embargo, lo que no comparto es que a través de una opinión que es la de un pequeño sector nada más se trate de inducir a la opinión pública para que presione a los funcionarios para que fallen a favor de los intereses de ese sectorcillo en detrimento del debido proceso.

Para mal de toda la población, existe una débil participación en los medios de comunicación de opinantes doctos en áreas específicas que traten éste u otro tema con una profundidad tal que los lectores aprendamos a tener diferentes visiones de un mismo contenido. Al contrario, nos encontraros todos los días y a cualquier instante con un apabullante número de apreciaciones personales, escuálidas, carentes del conocimiento pertinente lo cual nos lleva a los receptores a cultivar un espíritu trivial, charlatán y calumniador que en vez de construir opinión crea superficialidad para todos los asuntos de la vida cotidiana. Y, así entonces, no solo nos volvemos frívolos en aspectos de la economía nacional e internacional, por decir un aspecto, de lo que no tenemos mucho o nada que opinar, no solo por no tener los estudios específicos, sino más porque los medios que escuchamos, vemos y leemos no tratan esas temáticas de manera profesional en una forma que entendamos todos. Eso, se extiende, entonces, también hacia las cuestiones personales de las cuales ignoramos como enfrentarlas hasta en sus aspectos más obvios y de sentido común. Nos enseñan a temerle a la profundidad y a no tomar el rábano por las hojas. Siempre andamos por las ramas. A aceptar como ciertas la opinión de gente que no tiene el mínimo conocimiento de lo que habla o escribe. Muchas vidas se basan en ello, por eso los líderes espirituales falsos han tenido un éxito enorme en nuestro país y los politiqueros andan ofreciendo el oro y el moro y las masas las siguen ciegamente, quedando defraudadas al poco tiempo.

Para múltiples casos, editorialistas o columnistas, haciendo uso de supuestos y figuraciones, evidentemente, con una clara intencionalidad, invalidan a jueces y magistrados, o a otros expertos en sus resoluciones, trocando con ello las horas de estudio y profesionalización por la puerilidad de una opinión distante, que les enmienda la plana de manera petulante tanto en el momento de encumbrarlos como al descalificarlos en sus fallos y dictámenes.

Ahora bien, si algunos editorialistas y columnistas, se creen con la solvencia de aportar en este caso o en otros más, a la justicia de Guatemala, y creen saber algo que no ha sido tomado en cuenta para resolver éste caso u otros; si tienen pruebas sustentables que hagan variar fallos judiciales en su momento, de oficio, deben ser llamados a declarar porque con ello se apuntalaría el sistema de justicia en el país. O, será que saben que corren el riesgo de ser procesados porque como cualquier ciudadano, si conocen de algún delito y lo callaren estarían cometiendo el delito de omisión de denuncia. Vaya usted a saber.


Carlos Maldonado
Economista y Profesor en Historia por la Universidad de
San Carlos de Guatemala
Colectivo “La Gotera”
Guatemala, 12 de mayo de 2011



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