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sábado, 14 de mayo de 2011

Justicia por crímenes de paramilitares en Colombia se encuentra estancada

El proceso que prometió verdad y reparación por los abusos de los paramilitares, responsables de miles de muertes en Colombia, se encuentra estancado, con sólo una condena en firme, tres años después de la extradición a Estados Unidos de sus principales jefes, opinaron expertos.

El proceso, llamado de Justicia y Paz, permitió la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) a cambio de beneficios procesales.

Este proceso "ha seguido incumpliendo las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", afirmó Amnistía Internacional en su informe de 2010, divulgado este viernes.

Las causas de esos incumplimientos residen en parte en el mal diseño de la ley y en la desorganización de la justicia en Colombia, según los expertos.

"Se gastaron cinco años para que las diferentes instancias implicadas validen los procedimientos", explicó a la AFP la politóloga Claudia López.

Pero también se cuestiona la extradición a Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, de 14 de los principales jefes paramilitares, acusados de narcotráfico en aquel país.

Según un estudio del Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT), esas extradiciones, ordenadas por el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), estancaron el proceso.

Los jefes paramilitares eran fundamentales para conocer "sobre el origen y funcionamiento de los grupos armados" y por "su responsabilidad en la comisión sistemática de crímenes graves", afirmó CITJ.

Además, poseían información "sobre los financiadores y los colaboradores políticos y militares (...) Es decir, todos aquellos que se benefician del silencio", agregó.

Estos jefes debían brindar testimonio desde Estados Unidos mediante videoconferencias, pero la logística ha sido difícil.

"En un año y cinco meses en Colombia se dieron 59% de las versiones libres, mientras que los tres años en Estados Unidos representaron solo 41%", dijo a la AFP Michael Reed, director del CITJ.

"Si el gobierno de Estados Unidos está comprometido con los derechos humanos, debería hacer todos los esfuerzos" para que pueden testificar, añadió.

Rafael Berrios, abogado defensor de víctimas de las AUC, sostuvo que con las extradiciones "se buscó acallar la verdad, porque podía implicar a personas en el poder".

En 2005, el gobierno de Uribe acordó con las milicias de las AUC un marco legal para la desmovilización de sus cerca de 32.000 miembros, con penas máximas de ocho años de cárcel para unos 4.000 combatientes de rango alto y medio, que se acogieron al proceso y aceptaron confesar sus crímenes.

En contraposición, la ley ofreció brindar reparación a las víctimas de estas milicias, creadas con la intención de combatir a las guerrillas izquierdistas y que terminaron asesinando a miles de civiles.

A través de los testimonios de los paramilitares se conocieron trágicos episodios ocurridos en los últimos 30 años de la historia de Colombia.

Así, han sido confesados 46.154 homicidios, 1.614 masacres, 4.389 desapariciones forzadas, y al menos 562 actos de tortura, según un informe de la Fiscalía de 2010.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia y Paz ha emitido una sola condena en firme, confirmada el 27 de abril pasado por la Corte Suprema, sobre la masacre de 13 campesinos de Mampuján (departamento de Bolívar, noroeste).

Pero esa sentencia "sólo habla de dos días en la vida de las víctimas", deploró Reed.

Ademas, la información dada por los jefes paramilitares, que hasta ahora implicaría en posibles delitos al menos a 395 miembros de la fuerza pública, 429 políticos y 155 servidores públicos, entre otros, "no ha sido verificada, ni judicializada", denunció Kimberly Stanton de la ONG internacional Consejería en Proyectos (PCS), que atiende a poblaciones en conflicto.

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