CLAE / Rebelión
El gobierno de
Estados Unidos canceló recientemente el programa migratorio denominado
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for
Childhood Arrivals DACA, por sus siglas en inglés) implementado durante
el gobierno de Barack Obama. Dicha iniciativa tenía como objetico
impedir que alrededor de 800 mil jóvenes, que ingresaron como menores de
edad, puedan ser expulsados.
La inmensa mayoría de migrantes que
el DACA protegía –denominados “dreamers” debido a su soñada búsqueda de
acceso a un trabajo digno y condiciones de vida mejores que las
ofrecidas en sus lugares de origen– son latinoamericanos y se verán en
el futuro ante el peligro cierto de ser desterrados, producto de la
derogación de la disposición que los protegía.
Desde hace varios
meses los gobiernos de Estados Unidos, en conjunto con Canadá y México,
se encuentran renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del
Noerte (conocido con la sigla de NAFTA en inglés y TLCAN en español) con
la clara intención por parte del gobierno de Trump de anular los
mecanismos que benefician a México, sobre todo en lo relativo a la
inversión directa en la llamada “maquila”, plantas instaladas por parte
de transnacionales, básicamente en territorio mexicano, que permiten la
utilización de fuerza de trabajo con salarios más bajos que lo que
debieran pagar en su metrópolis.
Esta Inversión Extranjera
Directa fue desarrollada en el marco de acuerdos económicos, motivados
por el doble objetivo de abaratar la mano de obra al interior de Estados
Unidos (mediante la generación de desempleo) y la obtención de
excedentes adicionales al contratar trabajadores mexicanos dispuestos a
trabajar por salarios más bajos, comparados con sus vecinos del norte.
El
NAFTA permitió una expansión trasnacional que –desde su origen—estuvo
motivada en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo estadounidense
que las políticas de Estado de Bienestar habían desarrollado desde la
década del ´30 del siglo pasado. La inicial apertura de la inmigración
de mexicanos y centroamericanos sumada a la “maquila” permitió a Estados
Unidos “mejorar” su productividad a costa del trabajo de sus vecinos y,
simultáneamente, disciplinar a su propia fuera de trabajo para impedir
que siga negociando salarios en mejores condiciones.
El fin de los buenos modales
La
ofensiva de Donald Trump contra los países de América Latina y el
Caribe se expresa además en la eliminación de las políticas del “Soft
Power”, terminología con que actores de las relaciones internacionales
definen las actividades de influencia basadas en la diplomacia y la
cooperación bilateral o multilateral, orientada a generar influencia y
condicionamientos políticos o económicos. El “Soft Power” ha sido el
dispositivo diseñado por el Departamento de Estado para promocionar los
intereses estadounidenses en la región, mediante la comunicación y el
desarrollo de formación de profesionales e intelectuales promotores y
difusores de sus intereses en la región. El “trumpismo” cuestiona ese
modelo de influencia y lo sustituye con el formato del “gran garrote”
que desprecia la diplomacia.
El Departamento de Estado no ha
designado ningún embajador en América Latina desde la asunción de Trump,
medida que se suele caracterizar como una forma de desprecio. De hecho,
el Departamento de Estado sólo ha designado embajadores en Naciones
Unidas, Beijing, Tel Aviv, Tokio, Ottawa, Roma y Londres. Desde que
asumió el líder de la “alt-right” (nombre con que se conoce a la nueva
derecha cercana al supremacismo) se recortaron un 31 por ciento los
fondos dispuestos para el gasto diplomático –a nivel internacional— y un
diez por ciento la totalidad de profesionales ligados al sector,
dejando espacio libre a la retórica belicista y chauvinista que no
comulga con la lógica diplomática.
Este modelo que fue inaugurado
con el slogan “América Primero” y que supone características
proteccionistas aún más estrictas que las que tradicionalmente sustentan
los países hegemónicos, incluye amenazas de intervención militar a
Venezuela y un desaforado intento de dividir cualquier formato de
integración de América Latina, como continuidad de las políticas de Bush
y Obama hacia la región, pero con el agregado de la amenaza
intervencionista dejada de lado desde las invasiones a Granada en 1983 y
a Panamá en 1989. El formato inmediatamente anterior a Trump privilegió
la injerencia económica y las intentonas divisionistas de la región –
el ALCA fue su institucionalidad frustrada— al tiempo que la “Alianza
del Pacífico” se convirtió en su versión más acotada, conformada por
Chile, Perú, Colombia y México.
El proteccionismo agresivo y
racista anunciado por el trumpismo incluyó recientemente una declaración
del presidente de los Estados Unidos en el que hace referencia a “los
empleos arrancados de las comunidades EEUU”, y “las naciones extranjeras
que se hicieron ricas a costa de los estadounidenses”, sin aclarar que
fue el modelo neoliberal impuesto por el propio gobierno de Washington
para reducir el valor de la fuerza de trabajo abonado por sus empresas
trasnacionales.
En el primer discurso de campaña de Donald Trump,
el 16 de junio de 2015, afirmó: “Créanme, México no es nuestro amigo”. A
continuación, añadió: “Están trayendo drogas. Traen delincuencia. Son
violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”. Cuando se le
requirió información sobre la fuente sobre la que basaba dichas
afirmaciones, el entonces candidato republicano señaló que sus
afirmaciones se basaban en información que obtuvo de la Guardia
Fronteriza. Por último, subrayó que “EE.UU. se ha convertido en el
basurero de los problemas de todos los demás”.
Dichas
afirmaciones claramente xenófobas fueron actualizadas la última semana
de agosto de 2017 cuando el primer mandatario otorgó el indulto a Joe
Arpaio, un alguacil que fue condenado por desacato luego de negarse a
obedecer órdenes federales que le exigían concluir con sus prácticas de
“redadas” de inmigrantes en el condado de Maricopa, estado de Arizona.
Arpaio
fue acusado, entre otros delitos, de emplazar un campo de concentración
al aire libre en pleno desierto de Arizona, con temperaturas de 40 y 50
grados (conocida como “Tent City”) en la cual confinaba a inmigrantes
mexicanos y centroamericanos, obligándolos a vestirse únicamente con
ropa interior de color rosa. El mismo alguacil recientemente perdonado
fue alzado a la fama entre los sectores supremacistas cuando motorizó
una investigación sobre el certificado de nacimiento del expresidente
Barack Obama a quien le negaba el derecho a asumir la primera
magistratura. Trump fundamentó su perdón afirmando que “El alguacil Joe
es un patriota.
El alguacil ama a nuestro país, el alguacil Joe
protege nuestras fronteras y el alguacil Joe fue tratado de manera
injusta por la administración Obama”. La exigencia del millonario
neoyorkino referida al emplazamiento de un muro a ser edificado entre
EEUU y México, y la demanda acerca de que dicha muralla sea financiada
totalmente por parte de este último país, ha sido descripto como la
actualización del “apartheid sudafricano” con la cual se segregó a los
afrodescendientes desde el siglo XVII al siglo XX. El “muro”, actualiza
–según muchos analistas internacionales– el humillante emplazamiento de
la bandera estadounidense en 1847, en el “Zócalo”, centro histórico de
la capital de México.
Construir al enemigo
El
empoderamiento racista y discriminatorio que impera en los Estados
Unidos desde la asunción de Trump no solo ha tenido a los mexicanos como
víctimas. La “Muslim ban” firmada por Trump, que fue suspendida por
apelaciones judiciales, tenía como objeto impedir el ingreso de
ciudadanos provenientes de cinco países de mayoría musulmana. En el
marco de estos pronunciamientos segregacionistas, no parece como muy
original la irrupción de grupos supremacistas –como los que desfilaron
en Charlottesville a mediados de agosto–, entre los que se encuentran
nuevas organizaciones como Vanguard America, Identity Evropa,
Traditionalist Workers Party y True Cascadia, que han crecido
sistemáticamente desde la llegada de Trump a la presidencia.
Uno
de los corolarios de la marcha supremacista fue el atentado terrorista
de uno de sus integrantes (James Fields) quien embistió con un auto
contra los manifestantes antiracistas, atropellando a una veintena de
personas y asesinado a Heather Heyer de 32 años, quien se desempeñaba
como asistente legal orientada a defender a familias que sufrían
desahucios de sus hogares.
En este marco claramente
discriminatorio contra los latinoamericanos, los afrodescendientes y los
musulmanes, aparados en un relato supremacista, se desarrolló la
reciente gira del vicepresidente Mike Pence por Panamá, Argentina, Chile
y Colombia la primera semana de agosto de 2017.
El eje central de
sus visitas consistió en difundir la exigencia de aislar al gobierno
chavista y apoyar a la oposición venezolana congregada en laMesa de
Unidad Democrática (MUD), en una clara iniciativa injerencista, que el
analista Alexander Main, del Centro de Investigación en Economía y
Política (CEPR) describió como un “intento más por dividir la región
(..) al ofrecer un apoyo más profundo a los gobiernos de derecha del
continente”. Un capítulo clave de ese objetivo fue la aprobación, por
iniciativa de Washington, de la “Declaración de Lima” en la que 11
países de América Latina firmaron un documento orientado a aislar al
gobierno de Caracas.
Dicho documento fue divulgado días
después de que el titular del Departamento de Estado Rex Tillerson, el 3
de agosto último, se expidiera sobre la necesidad de que Nicolás Maduro
abandone el poder.
El sintomático dato que acompaña esa demanda
de los EEUU es que Tillerson es el ex CEO de Exxon, una de las
petroleras más grandes del mundo, históricamente interesada en las
reservas del país caribeño, que son consideradas de las más importantes
del planeta. El 13 de agosto, Pence declaró en Bogotá que Washington
tiene “muchas opciones para Venezuela”, y Trump “ha dejado muy claro que
no nos quedaremos tranquilos mientras Venezuela se desmorona en una
dictadura. Un estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y
prosperidad de todo nuestro hemisferio y el pueblo de Estados Unidos”.
Las amenazas de acciones militares sobre Venezuela, avaladas por las
derechas neoliberales del continente, son vistas por diferentes
analistas como un regreso a la política del “gran garrote”, una
continuidad de la doctrina Monroe, que desde 1828 produjo cuatro decenas
de intervenciones militares y paramilitares de distinto cuño en América
Latina. (http://bit.ly/1d2Gsyn)
Narcotráfico y paraísos fiscales
Uno
de los informes recientes de la UNDOC señala el preocupante aumento en
los cultivos ilícitos cuyos réditos mayoritarios quedan en las arcas de
narcotraficantes con sede en paraísos fiscales y blanqueo en empresas
lícitas mayoritariamente estadounidenses. La paradoja de este aumento es
que el 90 por ciento de las ganancias, producto del tráfico de cocaína
se “lavan” en paraísos fiscales administrados por Estados Unidos y el
Reino Unido y en inversiones directas en EEUU. Según la UNDOC “La
estimación de los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de
drogas y otros crímenes organizados trasnacionales” y el consumo de
cocaína registró una leve caída al interior de EEUU y el aumento del
valor de venta permitió elevar las ganancias de las mafias que “lavan”
sus ganancias en el mercado financiero internacional.
Según este
mismo documento de UNDOC se “lava” aproximadamente el 62 por ciento de
las ganancias totales, pero la tercera parte de ese monto se inserta en
la economía estadounidense. El informe advierte que “los carteles
prefieren ´lavar´en economías estables, donde las instituciones
gubernamentales tienen la suficiente capacidad de reservas para rescatar
instituciones financieras en el caso de quiebras generalizadas”.
Un
ejemplo de esa “externalidad financiera no abordada por Pence en si
visita a Bogotá es el caso del banco Wachovia, parte del gigante Wells
Fargo & Co (compañía diversificada de servicios financieros con
operaciones en todo el mundo), que entre 2004 y 2007 “lavó” 378 mil
millones de dólares para el cártel de Sinaloa, por medio de la razón
social Casa de Cambio Puebla, recursos que fueron absorbidos por la
reserva federal de EEUU, como un aporte de América Latina al desarrollo
de la economía norteamericana. La visita de Pence dejó como corolario de
buena voluntad hacia la Argentina –luego de visitar Buenos Aires—la
decisión de frenar la compra de biodiesel por parte del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos con la excusa de que esa exportación está
subsidiada.
La decisión de Washington supone la pérdida de
exportaciones de un mercado de mil doscientos millones de dólares.
Algunos analistas recordaron que el propio Mike Pence, muy alabado por
el derechista gobierno de Macri, recibió la demanda del biodiesel y
luego de regresar a Estados Unidos respondió como referente de quienes
producen ese combustible en el Estado de Indiana, del que fue
gobernador: clausura de la importación argentina y solicitud de ingreso
de carne de cerdo norteamericano –en un mercado que se autosustenta en
un 90 por ciento– generando un futuro impacto negativo en el sector
argentino por mil millones de dólares.
Desde la asunción de Trump
se debate en los círculos académicos internacionalesla caracterización
del modelo impulsado por el millonario devenido en político. Si el
fascismo y el partido nazi fue la respuesta belicista y genocida que
asumió el capitalismo para enfrentar la creciente demanda de los
sectores populares y especialmente los de la clase obrera, el
neoliberalismo –y su versión extrema, el trumpismo supremacista– aparece
como la máscara que asume el capitalismo actual para enfrentar al
multiculturalismo, las migraciones y las recurrentes rebelión de los
marginados del sistema. Tiempos de violencia se avecinan.
Jorge Elbaum: Periodista y sociólogo argentino. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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