La crisis del gobierno
de Jimmy Morales era previsible, ya que es resultado de una elección
amañada y una salida a la crisis de 2015 que no resolvió las causas
fundamentales que la generaron. También era previsible por el círculo de
poder del presidente, integrado por grupos vinculados con violaciones
de derechos humanos y hechos ilícitos, así como por las incapacidades y
ejecuciones erróneas de aquel.
No es extraño, pues, que el detonante
de esta crisis sea el muy probable involucramiento delictivo del
presidente en el financiamiento ilícito de su campaña cuando era
secretario general del partido FCN-Nación. Este hecho tiene como
antecedente las inconsistencias contables en 2014 y 2015, que provocaron
la sanción del Tribunal Supremo Electoral a dicho partido en 2016. A
esto se suman los intentos fallidos del Ejecutivo de lograr la
sustitución del comisionado de la Cicig y su posterior expulsión del
país luego de declararlo no grato. Esto hizo que el Gobierno quedara aún
más en entredicho, principalmente porque el presidente es parte
investigada en un contexto en el cual la Cicig y el MP cuentan con
opinión pública favorable gracias a sus resultados.
Lo anterior
constituyó un factor grave que ahondó el proceso de desgaste y de
pérdida de legitimidad del gobierno de Morales, sobre el cual pesan
ahora señalamientos por su acción oficiosa a favor de sectores oscuros
que intentan mantenerse impunes. No obstante el revés al antejuicio
vivido el 11 de septiembre, el riesgo de su relevo continúa. En este
marco, es posible una sustitución presidencial al estilo de 2015, de la
cual no está exento tampoco el vicepresidente Jafeth Cabrera, dados los
indicios de que también él pudo haber aceptado financiamiento ilícito.
Quienes controlan los hilos de poder podrían proceder —ciertamente
presionados— de la manera como lo hicieron con Pérez Molina y Baldetti,
es decir, operando las instituciones para sacrificar figuras políticas
prescindibles. De hecho, cuentan con los recursos y las capacidades de
poder para decidirlo. Esto podría suceder, dado que las posibilidades de
maniobra del gobernante pueden debilitarse fácilmente. Los apoyos
públicos y tras bambalinas, incluso el de más de algún grupo corporativo
empresarial, parecieran ser insuficientes para evitar un desenlace
desfavorable para el gobierno. Además, crece la movilización ciudadana y
la opinión de que el presidente sea investigado y procesado, posición
que aparentemente es la misma de la Embajada de Estados Unidos. Por su
parte, el Cacif, pese a que ha manifestado su acuerdo con la Cicig,
presenta un ejercicio de poder dudoso y más pareciera apoyar a Morales
por las implicaciones que el caso podría tener para varios empresarios
grandes.
Ya que el Congreso improbó el antejuicio contra el
presidente —a pesar de las evidencias irrefutables—, la crisis se amplía
y profundiza. Con el desgaste que pesa sobre este organismo, es
susceptible de convertirse en un objetivo de depuración por la
ciudadanía y por poderes como la Embajada de Estados Unidos. Si la
presión interna y externa se incrementa y se suman otros casos de
relevancia investigados por la Cicig, como Odebrecht, la demanda de
relevo presidencial y la depuración del Congreso podrían imponerse como
una salida en un momento determinado.
Así las cosas, estamos
ante un gobierno que presenta una fuerte ilegitimidad por desconfianza,
descontento y desaprobación; que tiene dificultades para lograr
resultados; que enfrenta renuncias en su equipo de gobierno que podrían
ser iniciales; que experimenta el retiro del apoyo de actores de primer
orden en los ámbitos nacional e internacional, y que motiva el
surgimiento de nuevas voces pidiendo su renuncia, como Articulación por
la Vida, contra la Corrupción y contra la Impunidad. Como resultado,
estamos ante una crisis de gobierno. Pero no estamos ante una crisis de
Estado, y menos ante una crisis del régimen. El modelo de acumulación
dominante como razón de Estado tampoco está en riesgo.
En este
contexto, una salida a la crisis podría resultar poco favorable a la
articulación del Gobierno y al presidente Morales, pero manejable por
quienes tienen el poder real en Guatemala y factible para estos. De
hecho, la salida podría representar a) que se concrete un pacto entre
élites de poder, se resuelva la crisis y todo siga igual, o b)
que se profundice la depuración institucional, con las investigaciones
de la Cicig en marcha y la presión ciudadana en aumento.
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