Historia de un saqueo
Editorial Virginia Bolten
América Latina siempre
fue un importante atractivo a la codicia extranjera, sobre todo de los
países del Norte. Durante el proceso de extracción de riquezas naturales
en suelo latinoamericano, se destaca Potosí y el simbólico Cerro Rico.
La avaricia por el oro y la plata transformaron la minería en un
importante instrumento de saqueo. Junto a estos desalojaron los pueblos
originarios, se estableció un régimen de esclavitud. Más de 1 millón de
personas murieron como resultado de las condiciones precarias y
exhaustivas de trabajo las cuales eran sometidos los pueblos convertidos
en esclavos por los saqueadores a quienes la historia insiste en
nombrar conquistadores.
Pasados más de 500 años, cambiaron las formas,
pero no los objetivos. En la Argentina, la minería sigue siendo una de
las principales fuentes de interés por parte de las empresas
extranjeras. Los intereses y los métodos no han cambiado
sustancialmente. La invasión de ayer dio lugar a la negociación por vía
institucional de hoy. Lo que fue genocidio, hoy es validado por el
Estado por medio de mecanismos de represión y regulación de movimientos
sociales. Luchar por los derechos está previsto en la constitución, pero
mientras no moleste a los neoinvasores con dólares en sus bolsillos y
promesas de inversión. Hace 500 años los saqueos llegaban vía marítima,
hoy llegan a través de rondas de negociación que son una subasta de
recursos. Hoy, Argentina cuenta con 55 Tratados Bilaterales de Inversión
(TBIs), todos ellos de extracción de recursos naturales.
Las
evidencias de que el Estado y las corporaciones trabajan juntas para
contener la resistencia en los territorios y así garantizar los negocios
de los cuales sólo las empresas ganan son nítidas. El Grupo Benetton,
uno de los motivos del enfrentamiento entre el gobierno de la provincia
del Chubut y la comunidad Mapuche culminó en la desaparición del
militante Santiago Maldonado. El grupo Benetton posee concesiones
mineras en las provincias de Chubut, Santa Cruz, San Juan y Río
Negro.[1]
La ley antiterrorista es una forma jurídica de
deslegitimar la protesta social y proteger a los inversores,
terratenientes –muchos de ellos invasores de tierras indígenas con el
aval del Estado- y al propio gobierno en detrimento de la voluntad del
pueblo y de la legítima propiedad de tierras de los pocos indígenas que
quedaron después de su casi exterminio.
La Ley antiterrorista fue
aprobada en junio de 2007. La Argentina como miembro de La Financia
lAction Task Force on Money Laundering (FATF) fue presionada para la
promulgación de esta ley. El FATF había adelantado que en caso que no se
promulgue una Ley antiterrorista con sus recomendaciones, consideraría a
Argentina como “pais no confiable para las inversiones”.
La FATF,
es grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero, también
conocida por su nombre en francés como Grouped’actionfinancière sur le
blanchiment de capitaux (GAFI). Es una institución intergubernamental
creada en el año 1989 por el G7. El propósito público de la FATF es
desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo.
Por esta presión se aprobó la Ley
26.268. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo.
Modificación de la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos
de origen delictivo. La aprobación de esta ley en la Cámara de
Senadores, solo tuvo la oposición de Ruben Giustiniani. La Ley, expresa
como punto fundamental el agregado del artículo 213 en el Código penal.
Este artículo da lugar a la interpretación de una Jueza/Juez respecto
que es un acto terrorista.
El texto agregado es el siguiente:
Artículo 213 ter.- Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE
(20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito
sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes
características: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación
del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en redes
operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos,
agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para
poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de
personas. En función de las críticas recibidas por diversas
organizaciones de DD.HH. se promulgó la Ley 26.734, en diciembre de 2011
que modifica la Ley 26.268. La Ley 26.734 modifica el artículo 41
quinquies, incorporando la figura de los DD.HH. y/o sociales, Las
agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los
hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho
constitucional. Asimismo modifica el fuero de la ley, siendo la misma el
fuero federal, según el artículo 7, Sustitúyese el inciso e) del
apartado 1) del artículo 33 del código Procesal Penal de la Nación, por
el siguiente, e)Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies,
142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y
(5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal.
Las votaciones para su
promulgación han sido, 134 votos afirmativos y 90 negativos en la cámara
de diputados, y 39 votos a favor y 22 en contra en la cámara del
senado. Los votos negativos han sido de la UCR, PRO y Coalición Cívica
entre otros, siendo que la ley previa, Ley 26.268 la han votado en forma
afirmativa.[2]
En el año 2014, la oposición al kirchnerismo
intentó derogar la ley antiterrorista a partir de su aplicación contra
la imprenta Donnelley. Esta empresa fue adquirida por uno de los
principales tenedores de bonos de Argentina y en forma posterior cerró
dejando sin empleo a 400 personas en forma directa. Esta derogación no
ha sido efectiva en función de la mayoría del FPV (Frente para la
Victoria) y aliados en ambas cámaras.
Sobre la derogación de la
ley antiterrorista Mauricio Macri expresó en el 2014 “no está bueno que
inventen permanentemente instrumentos que lo único que hacen es generar
desconfianza” y acusó al Ejecutivo de utilizar “la Ley Antiterrorista
para casos desopilantes”[3]. Para Mauricio Macri, actual presidente,
reprimir las protestas del pueblo Mapuche y la desaparición de Santiago
Maldonado, no es desopilante.
Los partidos de mayor representación
en las elecciones de los últimos años en Argentina -FPV, CC, PRO, UCR-
votaron y sostienen la ley que permite en términos legales la represión
de los movimientos populares con las fuerzas represivas del estado.
Santiago
Maldonado y la comunidad mapuche son emblemas de la que es hoy la
democracia. La garantía delos privilegios de las corporaciones. No se
lucha por nada distinto de lo que fue hace 500 años. La diferencia es
que hoy son llamados terroristas, una confusión de roles difícil de
entender cuando pensamos que Santiago fue desaparecido por el Estado y
en democracia por aquellos que deberían tratar de proteger y cuidar de
la integridad física de ciudadanos y ciudadanas. La pregunta que nos
hacemos en Virginia Bolten es: ¿Qué hacemos con el terrorismo del
Estado?
Notas:
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