Por: Stella Calloni
Norberto Bianco. Foto tomada de Infojus Noticias
El ex mayor médico del ejército Norberto Bianco, quien
atendía los partos de las detenidas en Campo de Mayo durante la pasada
dictadura y condenado a 14 años por el robo sistemáticos de bebés
nacidos en cautiverio fue puesto en libertad este viernes, por el fallo
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
que ayer decidió aplicar la Ley del 2×1 (derogada en 2001) para reducir
la penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, mientras otros
magistrados decidieron enfrentar a la Corte.
El Tribunal Oral número cinco (TOF) que rechazó el beneficio del 2×1
para reducir su condena en el recurso presentado por el coronel retirado
Héctor Salvador Girbone, condenado por entregar a una familia a un niño
nacido en cautiverio y robado a sus padres desaparecidos durante la
pasada dictadura.
Había presentado su recurso sólo 48 horas después del fallo de la CSJ
que posibilitó la excarcelación de numerosos responsables de delitos de
lesa humanidad.
Giribone entregó al niño-ahora el nieto 101, Pablo Javier Gaona Miranda, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.
Ante el pedido de otro represor que solicitó el beneficio, el
apropiador de niños Víctor Gallo, condenado a 15 años de prisión en
2012, la fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a
los Derechos Humanos, Ángeles Ramos, solicitó ante el TOF 6 la
declaración de “inconstitucionalidad” del fallo de la CSJ que resolvió
extender los beneficios de la Ley del 2×1 ( derogada en 2001) a los
condenados por delitos de lesa humanidad.
Organismos de derechos humanos y sectores políticos atribuyen
esto a una acción del gobierno del presidente Mauricio Macri, quien ya
había señales de que propiciaría este fallo, al contar con dos jueces
nuevos en la Corte, a quienes nombró por decreto casi de inmediato de
asumir el poder en diciembre de 2015.
Ramos advirtió que “el Estado terrorista avasalló los derechos
fundamentales suprimiendo, para ello, las normas básicas de convivencia
democrática”, y que el Ministerio Público rechazara los pedidos de
excarcelación de los genocidas, considerando que si Gallo no cumpliera
su condena íntegra estaría comprometida “la responsabilidad
internacional del Estado argentino”.
En Mendoza, el TOF 2 rechazó un pedido similar realizado por el ex
comisario Norberto Mercado, detenido con prisión preventiva desde 2012
por la desaparición de 14 personas.
“No puede obviarse que la pretensión de la defensa está desprovista
de un mínimo de razones sobre la pertinencia del instituto que reclama”,
dijeron los jueces.
De hecho la CSJ tomó su decisión con base en el caso del represor
Luis Muiña, quien actuó en secuestros, torturas y desapariciones como
miembro del grupo de tareas Swat, en el hospital Posadas, que fue tomado
por los militares, y que convirtieron la casa donde vivía el director
en un centro de torturas.
El testimonio de una de sus víctimas, la enfermera Gladys Cuervo en
televisión y otros medios produjo una verdadera conmoción aquí, al
relatar las torturas a que fue sometida.
“El fallo de la Corte Suprema me dejó anonada”, dijo Gladys, y
sostuvo se trata de un indulto encubierto y “un golpe terrible para la
democracia y la humanidad, pero además abre la puerta para que 752
represores pidan lo mismo que Muiña.
“Yo no quiero encontrarme con el Tigre Acosta, (Alfredo) Astiz, con
(Jorge) Radice. Sería horrible”, sostuvo en referencia a que ese Grupo
de tareas, el más brutal que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Lo mismo que Ricardo Miguel Cavallo, quien fue miembro del Grupo de
Tareas 33.2 de la ESMA como los anteriormente mencionados quien
trabajaba con total impunidad como director del Registro Nacional de
Vehículos (Renave) en México, donde fue descubierto y detenido en 2000,
por solicitud del entonces juez Baltasar Garzón en España, adonde fue
extraditado ya con los juicios abiertos en Argentina, a donde fue
enviado en 2005.
El 26 de octubre de 2011, Cavallo fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta, condena que se confirmó en 2014.
El sólo hecho de que todos pudieran salir en libertad resulta
“desesperante”, abrumador y “peligroso” para sus víctimas,
“revictimizadas” por este fallo, como denuncian los organismos de
derechos humanos.
“Algunos compañeros se preguntan cómo resistirán este golpe las
Madres, las Abuelas, los militantes de los Derechos Humanos, después de
tantos años. Aguantarán como lo hicieron cuando se consagró la impunidad
y no dejaron de luchar un solo día para revertirla”, dice un comunicado
de Memoria, Verdad y Justicia.
El próximo 18 de mayo los organismos llamaron a una manifestación contra este fallo y contra la impunidad.
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