Diputados nacionales del FpV sostuvieron que hay
“acoso judicial” sobre la exmandataria Cristina Fernández después de
conocerse la decisión del fiscal federal de imputarla por presunto
lavado de activos.
Ante esta decisión, el kirchnerismo denunció el
sábado “una persecución” contra Fernández y advirtió que “miedo
deberían tener los que intentan detenerla”, a la vez que redobló la
convocatoria para el próximo miércoles cuando asita a declarar a los
tribunales por presuntas irregularidades en la compra/venta de dólar
futuro.El presidente del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, sobre la posibilidad de que sea pedida su detención dijo: "Hay imputaciones fáciles con pruebas que no existen". Por su parte, el senador nacional del PJ-FPV, Juan Manuel Abal Medina, cuestionó la relación entre la Justicia y la política y destacó que "los políticos tenemos que dejar actuar a la Justicia".
Hay imputaciones fáciles con pruebas que no existen", declaró el presidente del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde.Asimismo, el diputado del Parlasur y exministro de Defensa, Agustín Rossi, señaló en diálogo con una radio local, que “quieren tapar la mugre de Macri persiguiendo a Cristina (...), el presidente, su familia, y sus funcionarios tienen cuentas offshore. Todos evaden”. Además el exjefe de bloque de diputados kirchneristas puso en duda el contenido de la declaración testimonial de Leonardo Fariña a partir de la cual Marijuán imputó a Fernández de Kirchner.
Advirtió que en esta coyuntura, “vamos a quedar en manos de tránsfugas que pueden decir cualquier cosa para bajar su propia pena e imputar a cualquiera” y más aún “si ese cualquiera le cae en gracia al Poder Judicial. Esta ley es para meter preso a los inocentes”, sostuvo.
La solicitud del fiscal argentino, Guillermo Marijuán, de imputar a la exjefa de Estado, se produjo tras la declaración expresada el viernes por el financista Leonardo Fariña, quien prestó testimonio bajo la figura de “arrepentido” frente al juez Sebastián Casanello, por la causa que investiga al empresario Lázaro Báez, acusado del presunto lavado de dinero, indican las fuentes.
La decisión del fiscal tiene lugar en momentos en que el actual presidente Mauricio Macri, sacudido por aparecer en una firma 'offshore' en los papeles de Panamá, enfrenta un descontento por las fuertes medidas de ajuste que ha impuesto nada más asumir el poder en diciembre, entre ellas, una devaluación de casi un 40 %, el aumento de tarifas hasta ahora subsidiadas y el despido a más de 108 mil empleados públicos.
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