Guatemala
La equiparación de demandas sociales con
extorsión y chantaje de pandillas, realizada por el Ministro de
Gobernación López Bonilla (1) se enmarca en la restricción de
derechos y libertades promovida por el poder político. Esta restricción
(generalizada, sistemática y creciente) se manifiesta, entre otros hechos, en
la persecución permanente contra organizaciones y dirigentes; la
desvalorización de instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz (Secretaría
Presidencial de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena); la interferencia en
el poder judicial (caso Ríos Montt); las detenciones y capturas arbitrarias
(manoseo y politiqueo del sistema de justicia), como reconoció Naciones Unidas
al respecto del caso Barillas(2); el incumplimiento de
leyes y procedimientos (contrataciones por excepción); la intervención
–ocupación- de entidades como norma (IGSS, Aduanas,
SAT); la centralización en la toma de decisiones (o autoritarismo
presidencialista).
Las palabras del Ministro se fortalecen en la mentalidad/cultura autoritaria de las élites (no es casual la elección del escenario de la Cámara de Industria para pronunciarlas), y el rechazo/miedo a la organización social. No son, en este sentido, una reacción hepática ante la (evidente) pérdida de control de la seguridad (incremento de asesinatos) y control político (territorial) por parte del gobierno, ni deben interpretarse como una amenaza pasajera, focalizada y específica. La disque retractación de López Bonilla, el día después del día D, volvió a acusar: insistió en vincular demandas y luchas sociales con situaciones de ingobernabilidad.
Con sus declaraciones, el Ministro arremete (aunque no le gusta la expresión) contra un principio democrático y de convivencia fundamental: el respeto y la aceptación de ideas diferentes. Al contrario de lo que López Bonilla afirma y el gobierno piensa, la oposición, las propuestas diferentes, las críticas y las protestas, generan gobernabilidad inclusiva, ciudadanía activa y crítica, base de una democracia y una sociedad sanas y justas. Las políticas de gobierno y estado optan por el modelo contrario: la implantación (violenta) de un pensamiento único (individualista, legitimador de la violencia, autoritario, excluyente), en el marco de la deriva hacia una dictadura civil o democracia de mercado (o su ya, de hecho, instauración). La idea de gobernabilidad de López Bonilla (al parecer sin disenso, sin críticas, sin organizaciones populares) se asemeja a la paz de los cementerios y se aleja del ideal de una permanente ampliación de derechos y de la democracia (Boaventura de Sousa Santos).
La fuente del derecho: los grandes negocios privados
Una suerte de gobierno por decreto, solamente sujeto a la arbitrariedad, interpreta la ley de forma selectiva, limita/supedita el accionar de las instituciones y cuestiona el ejercicio de derechos políticos y sociales contenidos en la Constitución: entre otros, movilización, manifestación, reunión, participación, resistencia o el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (3).
En este marco, se convierte en norma lo que debería ser excepcionalidad (o nunca debería ocurrir): la militarización de la seguridad y la utilización del ejército en tareas de seguridad interna (denuncia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (4), tras la visita de su directora en marzo de 2012). Más allá de la seguridad, se militariza la función pública, el Estado y la acción política en general, con lógicas de confrontación y exclusión permanentes.
Los estados de excepción anunciados, y los deseados pero imposibles de aplicar por la respuesta social (más de cuarenta, anticipó el ministro amenaza López Bonilla en abril) se tornan escenario de gobierno ideal: desaparecen los derechos y sus organizaciones defensoras; se someten las protestas (comunidades, incluso alcaldías no alineadas); se limita la autonomía municipal y el poder comunitario (a partir de la declaración de proyectos empresariales como de utilidad pública e interés nacional) y local, en favor de autoridades no electas: gobernadores, encargados de zonas militares. Cuando los estados de excepción son políticamente inaplicables, se aplican estrategias de guerra en los territorios (Huehuetenango, fines de septiembre, a partir del despliegue militar del ejército, el bombardeo preventivo -disparo desde helicópteros- el terror provocado por el anuncio de capturas masivas).
Los derechos son definidos (y automáticamente limitados) por intereses privados, de empresas y corporaciones transnacionales. El gobierno actúa como gerente de estos intereses, en un marco de alianza estratégica Partido Patriota-comunidad internacional. Por pura mala suerte, le tocó a la Cooperación Española donar 300,000 euros al Ministerio de Gobernación, en presencia del Ministro, un día después de las desafortunadas declaraciones.
Esta alianza parte de (fuertes) connivencias: la comunidad internacional necesita a Guatemala y necesita el saqueo para responder a la crisis de acumulación capitalista. El gobierno de Guatemala, violento pero débil en cuanto a su capacidad de garantizar consensos (ni siquiera entre las élites económicas) se apoya en empresas y gobiernos extranjeros, con mucha fuerza el español, para detener o aplazar el descalabro político.
Así, el común (la comunidad, lo comunitario) se desvanece ante el empuje de intereses particulares y la mercantilización de la vida. Se normaliza una cultura política de dependencia de agendas y decisiones de las empresas, que influyen en la persecución a dirigentes sociales y orientan las acciones de gobierno.
El establecimiento de una legalidad e institucionalidad de facto, sujeta a intereses sectoriales y corporativos, anula consensos democráticos y sociales mínimos (de por sí precarios y continuamente transgredidos): los Acuerdos de Paz de 1996 (consenso del Estado fuerte orientado a la inclusión social y la participación democrática), y la Constitución de 1985 (consenso de la primacía del poder civil sobre el poder militar y los poderes particulares). En la práctica, las medidas gubernamentales definen una regresión autoritaria o, aplicando la categoría hondureña, dictadura cívico-militar. La llegada al gobierno del Partido Patriota agudiza esta concepción que, no obstante, es política y decisión de Estado. Frente a ella, se debe expandir la lucha por legitimar los derechos ya existentes, y ampliar y profundizar los demás, ampliar la democracia incluyendo a sectores hoy indiferentes, pero igualmente víctimas.
Este es el marco estructural en el que se inscribe la afirmación de López Bonilla. El rechazo de la misma debe ser igualmente estructural: no es a las organizaciones y sus líderes, como hace poco más de un mes no fue a los extranjeros, a quienes señala (exclusivamente) el ministro de gobernación del poder corporativo. Son los derechos y la democracia los perseguidos, los amenazados con ser expulsados: fuera de la concepción, de las agendas públicas, de los imaginarios sociales, de las instituciones y de las leyes. Derechos cada vez más extraños, como una utopía o un recuerdo.
Aclaración
Este artículo se publicó originalmente el 17 de octubre de 2013, tras las amenazas de expulsión a extranjeros realizadas por el mencionado Ministro. Se tituló "No son los extranjeros, sino los derechos", bajo el argumento de que los ataques permanentes a organizaciones y acompañantes aceleran la implantación de una dictadura civil. Con leves modificaciones, el artículo se republica tras los recientes ataques del Ministro a organizaciones sociales.
Notas
1) El 26 de noviembre, López Bonilla afirma, en reunión de empresarios, que las demandas de organizaciones equivalen a el chantaje y la extorsión efectuadas por pandilleros (entre otras, alude a la sesión realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Dos días después, el Ministro ratifica sus declaraciones, vinculando demandas sociales con ingobernabilidad. http://www.prensalibre.com/
2)"Santa Cruz Barillas: detenciones ilegales y estado de sitio injustificado y desproporcionado. Como sus predecesores, el Gobierno actual recurrió a medidas excepcionales y declaró un estado de sitio en Santa Cruz Barillas (Huehuetenango). Esto ocurrió tras el homicidio del campesino Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo, presuntamente cometido por un guardia de seguridad privada. En respuesta, integrantes de la comunidad dañaron un hotel y otros edificios, presuntamente detuvieron a un operador judicial y entraron a la fuerza en un destacamento militar. El decreto por el que se decretaba el estado de sitio carecía de una justificación clara y un análisis de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad. El Gobierno retiró la medida después de 18 días. El 2 de mayo, durante el estado de sitio, se realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron acusados de haber participado en los disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez competente hasta dos semanas después de su detención. Fueron liberados en enero, a la vista de lo injusto de su encarcelamiento”. http://es.scribd.com/doc/
3)Según relación de comunidades de Santa Cruz Barillas, derechos sociales y políticos reconocidos por la Constitución Política de la República y atacados hoy, son: artículo 5. Libertad de acción; articulo 28. Derecho de petición; artículo 33. Derecho de reunión y manifestación; artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento; artículo 45. Legitimidad de resistencia.
4) La Alta Comisionada Nava Pillay afirmó entonces que la militarización está justificada únicamente si es temporal, cuenta con protocolos y subordina el Ejército a la Policía Nacional Civil. En el caso de Guatemala, la militarización es permanente, estratégica y constituye al Ejército como autoridad máxima.
Blog del autor: http://memorialguatemala.
Las palabras del Ministro se fortalecen en la mentalidad/cultura autoritaria de las élites (no es casual la elección del escenario de la Cámara de Industria para pronunciarlas), y el rechazo/miedo a la organización social. No son, en este sentido, una reacción hepática ante la (evidente) pérdida de control de la seguridad (incremento de asesinatos) y control político (territorial) por parte del gobierno, ni deben interpretarse como una amenaza pasajera, focalizada y específica. La disque retractación de López Bonilla, el día después del día D, volvió a acusar: insistió en vincular demandas y luchas sociales con situaciones de ingobernabilidad.
Con sus declaraciones, el Ministro arremete (aunque no le gusta la expresión) contra un principio democrático y de convivencia fundamental: el respeto y la aceptación de ideas diferentes. Al contrario de lo que López Bonilla afirma y el gobierno piensa, la oposición, las propuestas diferentes, las críticas y las protestas, generan gobernabilidad inclusiva, ciudadanía activa y crítica, base de una democracia y una sociedad sanas y justas. Las políticas de gobierno y estado optan por el modelo contrario: la implantación (violenta) de un pensamiento único (individualista, legitimador de la violencia, autoritario, excluyente), en el marco de la deriva hacia una dictadura civil o democracia de mercado (o su ya, de hecho, instauración). La idea de gobernabilidad de López Bonilla (al parecer sin disenso, sin críticas, sin organizaciones populares) se asemeja a la paz de los cementerios y se aleja del ideal de una permanente ampliación de derechos y de la democracia (Boaventura de Sousa Santos).
La fuente del derecho: los grandes negocios privados
Una suerte de gobierno por decreto, solamente sujeto a la arbitrariedad, interpreta la ley de forma selectiva, limita/supedita el accionar de las instituciones y cuestiona el ejercicio de derechos políticos y sociales contenidos en la Constitución: entre otros, movilización, manifestación, reunión, participación, resistencia o el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (3).
En este marco, se convierte en norma lo que debería ser excepcionalidad (o nunca debería ocurrir): la militarización de la seguridad y la utilización del ejército en tareas de seguridad interna (denuncia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (4), tras la visita de su directora en marzo de 2012). Más allá de la seguridad, se militariza la función pública, el Estado y la acción política en general, con lógicas de confrontación y exclusión permanentes.
Los estados de excepción anunciados, y los deseados pero imposibles de aplicar por la respuesta social (más de cuarenta, anticipó el ministro amenaza López Bonilla en abril) se tornan escenario de gobierno ideal: desaparecen los derechos y sus organizaciones defensoras; se someten las protestas (comunidades, incluso alcaldías no alineadas); se limita la autonomía municipal y el poder comunitario (a partir de la declaración de proyectos empresariales como de utilidad pública e interés nacional) y local, en favor de autoridades no electas: gobernadores, encargados de zonas militares. Cuando los estados de excepción son políticamente inaplicables, se aplican estrategias de guerra en los territorios (Huehuetenango, fines de septiembre, a partir del despliegue militar del ejército, el bombardeo preventivo -disparo desde helicópteros- el terror provocado por el anuncio de capturas masivas).
Los derechos son definidos (y automáticamente limitados) por intereses privados, de empresas y corporaciones transnacionales. El gobierno actúa como gerente de estos intereses, en un marco de alianza estratégica Partido Patriota-comunidad internacional. Por pura mala suerte, le tocó a la Cooperación Española donar 300,000 euros al Ministerio de Gobernación, en presencia del Ministro, un día después de las desafortunadas declaraciones.
Esta alianza parte de (fuertes) connivencias: la comunidad internacional necesita a Guatemala y necesita el saqueo para responder a la crisis de acumulación capitalista. El gobierno de Guatemala, violento pero débil en cuanto a su capacidad de garantizar consensos (ni siquiera entre las élites económicas) se apoya en empresas y gobiernos extranjeros, con mucha fuerza el español, para detener o aplazar el descalabro político.
Así, el común (la comunidad, lo comunitario) se desvanece ante el empuje de intereses particulares y la mercantilización de la vida. Se normaliza una cultura política de dependencia de agendas y decisiones de las empresas, que influyen en la persecución a dirigentes sociales y orientan las acciones de gobierno.
El establecimiento de una legalidad e institucionalidad de facto, sujeta a intereses sectoriales y corporativos, anula consensos democráticos y sociales mínimos (de por sí precarios y continuamente transgredidos): los Acuerdos de Paz de 1996 (consenso del Estado fuerte orientado a la inclusión social y la participación democrática), y la Constitución de 1985 (consenso de la primacía del poder civil sobre el poder militar y los poderes particulares). En la práctica, las medidas gubernamentales definen una regresión autoritaria o, aplicando la categoría hondureña, dictadura cívico-militar. La llegada al gobierno del Partido Patriota agudiza esta concepción que, no obstante, es política y decisión de Estado. Frente a ella, se debe expandir la lucha por legitimar los derechos ya existentes, y ampliar y profundizar los demás, ampliar la democracia incluyendo a sectores hoy indiferentes, pero igualmente víctimas.
Este es el marco estructural en el que se inscribe la afirmación de López Bonilla. El rechazo de la misma debe ser igualmente estructural: no es a las organizaciones y sus líderes, como hace poco más de un mes no fue a los extranjeros, a quienes señala (exclusivamente) el ministro de gobernación del poder corporativo. Son los derechos y la democracia los perseguidos, los amenazados con ser expulsados: fuera de la concepción, de las agendas públicas, de los imaginarios sociales, de las instituciones y de las leyes. Derechos cada vez más extraños, como una utopía o un recuerdo.
Aclaración
Este artículo se publicó originalmente el 17 de octubre de 2013, tras las amenazas de expulsión a extranjeros realizadas por el mencionado Ministro. Se tituló "No son los extranjeros, sino los derechos", bajo el argumento de que los ataques permanentes a organizaciones y acompañantes aceleran la implantación de una dictadura civil. Con leves modificaciones, el artículo se republica tras los recientes ataques del Ministro a organizaciones sociales.
Notas
1) El 26 de noviembre, López Bonilla afirma, en reunión de empresarios, que las demandas de organizaciones equivalen a el chantaje y la extorsión efectuadas por pandilleros (entre otras, alude a la sesión realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Dos días después, el Ministro ratifica sus declaraciones, vinculando demandas sociales con ingobernabilidad. http://www.prensalibre.com/
2)"Santa Cruz Barillas: detenciones ilegales y estado de sitio injustificado y desproporcionado. Como sus predecesores, el Gobierno actual recurrió a medidas excepcionales y declaró un estado de sitio en Santa Cruz Barillas (Huehuetenango). Esto ocurrió tras el homicidio del campesino Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo, presuntamente cometido por un guardia de seguridad privada. En respuesta, integrantes de la comunidad dañaron un hotel y otros edificios, presuntamente detuvieron a un operador judicial y entraron a la fuerza en un destacamento militar. El decreto por el que se decretaba el estado de sitio carecía de una justificación clara y un análisis de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad. El Gobierno retiró la medida después de 18 días. El 2 de mayo, durante el estado de sitio, se realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron acusados de haber participado en los disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez competente hasta dos semanas después de su detención. Fueron liberados en enero, a la vista de lo injusto de su encarcelamiento”. http://es.scribd.com/doc/
3)Según relación de comunidades de Santa Cruz Barillas, derechos sociales y políticos reconocidos por la Constitución Política de la República y atacados hoy, son: artículo 5. Libertad de acción; articulo 28. Derecho de petición; artículo 33. Derecho de reunión y manifestación; artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento; artículo 45. Legitimidad de resistencia.
4) La Alta Comisionada Nava Pillay afirmó entonces que la militarización está justificada únicamente si es temporal, cuenta con protocolos y subordina el Ejército a la Policía Nacional Civil. En el caso de Guatemala, la militarización es permanente, estratégica y constituye al Ejército como autoridad máxima.
Blog del autor: http://memorialguatemala.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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