Debemos decir que de nuestras gargantas también sale el grito colectivo y nacional que va más allá de un no a una aberrante destitución del alcalde capitalino, señaló la insurgencia a su llegada a la sede de las pláticas para el inicio de otra ronda de diálogos.
La Procuraduría General colombiana destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 15 años a Petro el pasado 9 de diciembre.
En el comunicado leído por el guerrillero Marcos León Calarcá, las FARC criticaron la actitud autoritaria del rocurador general, Alejandro Ordóñez, frente a la suerte del alcalde. Este ha pretendido dinamitar anticipadamente el espíritu y los alcances del punto de la Participación Política, acordado en principio, y de manera parcial, agregó Calarcá.
En opinión del grupo armado, la aparente complacencia con tal decisión del presidente Juan Manuel Santos manda señales equívocas de un doble discurso, en momentos en que se inicia un proceso electoral.
Causa malestar el zigzagueo de Santos frente a los más significativos e importantes temas que se discuten en La Habana, cuando de lo que se trata es de alcanzar una paz buscando soluciones a los problemas e injusticias que han hecho de Colombia un campo de batalla, dijo el guerrillero.
Ambas partes buscan en la mesa una solución al problema de las drogas ilícitas, tercer punto de seis que conforma la agenda de los diálogos.
Ya se logró consenso en el tema agrario y sobre la futura participación política de las FARC tras el fin del conflicto.
La delegación del mayor agrupo armado de esa nación expresó que varios voceros del gobierno se refirieron de manera superficial a la temática de los cultivos declarados de uso ilícito, al consumo de drogas y al narcotráfico.
Estas iniciativas que propagandiza y pone en práctica el ejecutivo -añadió Calarcá- simplemente impulsan el propósito y los mecanismos de la erradicación y consolidación militar en zonas de las que, según esta visión, habría que expulsar comunidades enteras.
En su opinión esta posición nunca ha presentado prospecto alguno de verdadera solución a los problemas sociales que subyacen en el fenómeno de los cultivos declarados ilícitos.
Para el gobierno el asunto se ha limitado a desyerbar, envenenar y barrer unas zonas empobrecidas y abandonadas, aludiendo a falaces planes "alternativos" para las comunidades rurales, denunció la insurgencia.
Asímismo, las FARC-EP reiteraron su posición sobre estos temas: la solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, debe entenderse como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar.
Ello requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes, concluyó.
mgt/urb
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