“Una acción deliberada de esta naturaleza no puede ser pergeñada de modo aislado. Por el modus operandi nos parece que es una estrategia que merece una investigación del Poder Judicial”, ha apuntado el jefe del Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, en alusión a las protestas de policías por mejoras salariales.
A este respecto, ha destacado la necesidad de esforzarse por “hacer caer con todo el rigor de la ley” a los autores materiales e intelectuales de los saqueos.
De igual manera, ha resaltado la necesidad de mantener un debate profundo sobre la reforma policial, y ha recordado que el país no debe “estar a expensas de grupos que se apropian de bienes ajenos o generan procesos de extorsión por reivindicaciones salariales”.
El pasado 3 de diciembre, la ciudad de Córdoba, a unos 700 kilómetros al oeste de Buenos Aires, testificó el inicio de protestas policiales; la ausencia de policías, a su vez, ocasionó el robo y saqueo de comercios por decenas de personas. En los días siguientes esos episodios vandálicos se llegaron a una veintena de provincias.
Esta oleada de saqueos ha resultado en la muerte de un número de personas, además de dejar heridas a otras 200; también, un centenar de personas han sido detenidas durante esos disturbios.
En este sentido y debido a la cercanía del aniversario de la crisis de diciembre de 2001 (conocida como Corralito), el Gobierno de Buenos Aires busca prevenir nuevos saqueos en la periferia de la ciudad capitalina.
El día 20 de diciembre de 2001, Argentina vivió una grave crisis social y económica generada debido a la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, los cuales resultaron en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y una consiguiente situación de acefalía presidencial.
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