Le Monde Diplomatique
Durante su reciente visita oficial a Francia, el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, se reunió en París con un grupo de intelectuales para
exponerles una de las preocupaciones de su país: el conflicto que opone
varias comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana a la empresa
petrolera estadounidense Chevron, acusada de destrucción medioambiental
y de daños a la salud de miles de personas. A escala internacional,
este conflicto ecológico ha adquirido un carácter muy emblemático.
Ecuador
–primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los
inalienables derechos de la naturaleza, convirtiendo a esta en sujeto
de derecho–, se enfrenta a una multinacional petrolera, la Chevron
Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la
sexta del mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación
medioambiental en diversos lugares del planeta.
“Todo empezó en
1964 –nos explica Rafael Correa–, cuando la empresa estadounidense
Texaco [adquirida en 2001 por Chevron] inició su explotación petrolera
en una amplia zona de la Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta
1992. Al año siguiente, 1993, las comunidades amazónicas de la
provincia de Sucumbíos presentaron, en Estados Unidos, una demanda
contra la petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado
a la salud de los habitantes. O sea, debe quedar claro que no es el
Estado ecuatoriano quien lleva a los tribunales a Texaco-Chevron, sino
un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen medioambiental. Chevron
heredó esa demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Poco
después, a petición de la propia empresa, el caso –que los tribunales
de Estados Unidos se negaron a juzgar– fue trasladado a una corte de
Ecuador.”
“Hay que añadir –precisa el canciller ecuatoriano,
Ricardo Patiño, presente también en esa reunión parisina junto al
presidente Correa– que Texaco, antes de retirarse definitivamente de
Ecuador en 1992, dijo haber ‘limpiado’ los dos millones de hectáreas de
selva virgen en los que operó. Lo cual no solo es inverosímil sino
falso. Porque todos esos terrenos, como cualquier testigo puede
comprobar, se hallan totalmente degradados, con decenas de abominables
vertederos de alquitrán que han contaminado ríos y acuíferos. El agua,
en toda esa región, es ahora no apta para el consumo. Y se ha
multiplicado el número de cánceres entre la población. En toda esa
selva, la excepcional biodiversidad ha sido sencillamente asesinada.”
“Y
lo peor –añade Rafael Correa– es que el Gobierno ecuatoriano de la
época le firmó a Texaco, en 1998, un ‘acto de finiquito’ en el que
reconocía que la empresa estadounidense lo había dejado ‘todo limpio’,
y la exoneraba de cualquier responsabilidad sobre consecuencias futuras
de sus desmanes petroleros. Esto es muy importante. Ese ‘acto de
finiquito’ le da un argumento enorme a Texaco-Chevron. En caso de
demanda contra ella, la empresa puede decir –¡y con todo cinismo, lo
dice!–: ‘Yo lo entregué todo limpio. Así me lo reconoció oficialmente
el Estado ecuatoriano. En consecuencia: cualquier condena contra mí
debe ser asumida por el Estado de Ecuador porque él es responsable de
lo que ocurrió en esos terrenos después de mi partida...’
Hay
que saber –sigue exponiendo el presidente Correa– que la Corte
Provincial de Sucumbíos, en enero de 2012, condenó a Chevron a pagar
una indemnización de 9.500 millones de dólares por haber causado uno de
los ‘mayores desastres medioambientales del mundo’ entre 1964 y 1990.
Una suma que se duplicaría –¡y alcanzaría los 19.000 millones de
dólares!– en caso de que la empresa no presentase excusas a los
damnificados en las semanas siguientes a la sentencia. Pero Chevron,
para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad,
alegó que, en ese juicio, los abogados de los demandantes habían
falsificado los datos y presionado a los peritos científicos para
encontrar contaminación donde no la había. Y presentó un recurso de
casación ante la Corte Nacional de Justicia (1).”
“Ante esa
situación –prosigue ahora el canciller Ricardo Patiño– Chevron decidió
ampararse en el Tratado de protección recíproca de inversiones firmado
entre Ecuador y Estados Unidos, y que entró en vigor en 1997. Pero este
tratado, en nuestra opinión, no concierne a este caso, pues la demanda
de las comunidades indígenas contra Chevron es de 1992, y el tratado,
establecido en fecha posterior, 1997, no contempla aplicación
retroactiva.”
“Con ese argumento –nos explica el presidente
Rafael Correa– Chevron acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La
Haya, la cual nombró, como es habitual en estos casos, un Tribunal
específico para este asunto. Este Tribunal está compuesto por tres
jueces, designados (y pagados) por las partes en litigio; uno por la
empresa, otro por el país y el tercero por estos dos jueces anteriores.
Aquí también el poder judicial ecuatoriano cometió un error, porque
designó a uno de los jueces, con lo cual implícitamente dio la
impresión de que Ecuador aceptaba ese Tribunal de arbitraje. Cuando, en
realidad, nuestro Gobierno rechaza ese Tribunal, no lo considera
competente.”
“El caso es que ese Tribunal –agrega el canciller
Ricardo Patiño– concluyó, en 2012, que Ecuador ‘incumple leyes
internacionales al no tratar de impedir’ la ejecución de un fallo
contra Chevron que obliga a esta empresa a pagar miles de millones de
dólares a varias comunidades indígenas por la contaminación de la
Amazonia. El Tribunal insiste en que ambas partes –el Estado de Ecuador
y Chevron– habían alcanzado previamente un acuerdo, mediante un ‘acto
de finiquito’, que exoneraba a Texaco-Chevron de responsabilidades
medioambientales futuras.
El Tribunal de arbitraje también alega
que Ecuador ha violado el Tratado bilateral de inversiones entre Quito
y Washington, según el cual Ecuador debe ‘tomar todas las medidas a su
alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el
reconocimiento dentro o fuera de Ecuador de cualquier sentencia contra
una firma estadounidense’.
En resoluciones anteriores, ese
Tribunal ya había advertido, además, de que ‘cualquier pérdida surgida
de la ejecución de la sentencia de la Corte de Sucumbíos sería una
pérdida por la que el Estado ecuatoriano sería responsable ante
Chevron, bajo el derecho internacional’.”
El presidente Rafael
Correa retoma entonces la palabra para explicar que “las decisiones del
Tribunal de arbitraje de La Haya han sido rechazadas por nuestro
Gobierno. Primero, porque Ecuador, como Estado, no está implicado,
repito, en esta querella. Defendemos los derechos de las comunidades
indígenas afectadas por la contaminación y víctimas de los desmanes de
una multinacional petrolera. Pero no somos parte en el pleito. Y por
respeto al principio democrático de la separación de poderes, no
queremos inmiscuirnos en asuntos de la rama judicial.
Sin
embargo, por otra parte, observamos que, en el marco actual del despojo
de la soberanía de los Estados, los tribunales de arbitraje tienen cada
día más poder. Cada vez más, los tribunales de arbitraje están fallando
a favor de las corporaciones multinacionales. Y si no acatamos el fallo
del Tribunal de arbitraje (que aún no es definitivo), Ecuador podría
quedar aislado comercial y políticamente.
Todo esto es
triplemente escandaloso, porque si la decisión del Tribunal de
arbitraje se aplicase, Ecuador estaría violando su propia Constitución
pues significaría que nuestro Gobierno estaría interfiriendo con el
Poder Judicial. Chevron no solo quedaría exonerada de pagar por la
limpieza de la selva y la reparación a las comunidades afectadas, sino
que podría demandar pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal del
litigio...
Nosotros consideramos que este caso no es jurídico,
sino político: contra nuestro gobierno –concluye el presidente Rafael
Correa–. Por eso apelamos a la solidaridad internacional. En todas
partes se están constituyendo Comités de apoyo a nuestra Revolución
Ciudadana. E invitamos a todos nuestros amigos y amigas, de Europa y
del mundo, a expresar igualmente su rechazo a la prepotencia de
aquellas empresas multinacionales que destrozan el medio ambiente y
quieren luego lavarse las manos. La ‘mano sucia’ de Chevron no debe
quedar impune.”
Nota:
(1) El pasado 12
de noviembre, esa Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió un fallo
en el que confirmó la condena de la petrolera estadounidense Chevron a
pagar 9.500 millones de dólares “por contaminación ambiental en la
Amazonia ecuatoriana”.
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