Grupos pro-derechos civiles en California protestaron ante el gobierno central en Washington por el polémico programa federal conocido como Comunidades Seguras, causante de la deportación de 72 mil individuos.
Creado en 2007 durante la administración del presidente George W. Bush, el plan Secure Communities propugna una interacción proactiva entre patrulleros municipales y agentes de inmigración, donde los primeros suministran huellas digitales de presuntos emigrantes ilegales.
Dos docenas de organizaciones no gubernamentales junto al Asian Law Caucus y la Conferencia Católica de California (CCC) han denunciado que a la sombra de esta reglamentación muchos funcionarios policiales aplican un perfil racista a la hora de detener transeúntes.
Las agrupaciones subrayaron que de los 72 mil individuos deportados de California desde 2010, la gran mayoría eran latinos y el 69% de ellos fue repatriado sin que hubiera cometido algún delito grave y en algunos casos una felonía menor.
El informe de la CCC recordó el caso de una madre soltera residente en Los Ángeles y procedente de un país latinoamericano que fue expulsada de Estados Unidos luego de demorarse en pagar una multa por vender helado en la calle sin licencia.
Un estudio de la Universidad de Berkeley evidenció en octubre de 2011 que el programa Comunidades Seguras condujo además al error de que tres mil 600 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados.
Igualmente se comprobó que el 93 por ciento de los sujetos detenidos y a quienes se les digitalizaron las huellas dactilares con eventuales propósitos penales eran latinos o personas de ascendencia hispana.
El Congreso de Estados Unidos presentó en junio un intento de reforma migratoria que solo beneficiaría a extranjeros que funden empresas o posean altos conocimientos tecnológicos.
La enmienda ha sido criticada por autoridades y expertos en el sentido de que representa una típica táctica de robo de cerebros y al mismo tiempo se presume que desestimule el apoyo a científicos norteamericanos.
Después de tres años en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama nunca cumplió su promesa de dictar una adecuada ley sobre inmigración y en cambio sí rompió el récord de deportaciones.
En el último año la administración Obama repatrió a cerca de 400 mil extranjeros indocumentados -la gran mayoría latinos-, con el argumento de que más de la mitad de ellos tuvieron problemas con la justicia.
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