El Tribunal regional ordenó el lunes anterior a Costa Rica suspender de forma inmediata la construcción de una carretera paralela al Río San Juan de Nicaragua por sus graves afectaciones al ecosistema de la zona.
El fallo reconoce que el país vecino actuó de forma apresurada, inconsulta, unilateral e inapropiada y violentó compromisos internacionales como el Protocolo de Tegucigalpa y el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, entre otros.
La Corte señaló la ausencia de un estudio de impacto ambiental y responsabilizó a Costa Rica por los daños en el ecosistema compartido con el río, el cual forma parte del Corredor Biológico Centroamericano, además condenó el impacto negativo sobre la flora y la fauna.
En respuesta, el gobierno costarricense amenazó con abandonar el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), poco después la presidenta Laura Chinchilla anunció que como protesta al fallo de la CCJ se abstendrá de asistir a las cumbres de presidentes en el actual semestre del año.
Nicaragua ostentará durante seis meses la presidencia pro tempore de ese organismo regional, por su parte las organizaciones ambientalistas nicaragüenses que ganaron el juicio contra Costa Rica solicitaron apoyo al presidente Daniel Ortega para certificar los daños con más especialistas.
Particularmente propusieron contratar un equipo de peritos internacionales, con experiencia comprobada en la valoración y el conteo de daños ambientales para demandar al Ejecutivo costarricense una indemnización por los perjuicios ocasionados con la construcción de la carretera junto al río San Juan.
También esta semana el Parlamento de Nicaragua aprobó el proyecto de ley sobre la creación de un canal interoceánico en el país por sus beneficios al comercio mundial, fundamentados por la Comisión de Infraestructura del Legislativo.
De acuerdo con la presidenta de esa Comisión, Jenny Martínez, la obra pretende ofrecer una vía de comunicación alternativa al mundo y proporcionar una fuente de desarrollo al pueblo nicaragüense, sostenible y perdurable, que le ayude a erradicar la pobreza.
El Legislativo sometió la iniciativa de la Presidencia de la República a un período de consultas a fin de que diversas instituciones y organismos ofrecieran sus comentarios y aportes.
La ley crea la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, institución que representará al Estado y deberá gestionar las inversiones necesarias para llevar a efecto la obra.
El proyecto, que cuenta con el visto bueno de la Autoridad del Canal de Panamá, brinda grandes esperanzas de desarrollo económico y social.
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