La movilización cumplirá este martes su segunda etapa, después de comenzar la víspera con una ceremonia maya en Cobán, cabecera departamental del norteño Alta Verapaz, para el próximo día 27 llegar a esta urbe.
Aquí sus integrantes esperan tener listas las respuestas a sus demandas por parte del Gobierno, al cual exigen atender seriamente la problemática del acceso a las tierras pues la reconcentración de esas está dejando sin posibilidad de producir a miles de familias.
De acuerdo con el pliego de reclamos, una de las principales razones del hambre y desnutrición en esta nación es la gran injusticia en la forma como está distribuida la tierra, agrupada en manos de pocos en detrimento de millones.
Incluye el cese de los desalojos de los indígenas de sus territorios y de la persecución y criminalización de sus líderes, cancelar las licencias de exploración y explotación minera y de los permisos otorgados a las compañías petroleras.
Entre sus peticiones igualmente están aprobar la ley de desarrollo rural, largamente esperada, y condonar total y definitivamente la deuda agraria.
Los dirigentes de los manifestantes alertaron que de no encontrar la atención adecuada y directa de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tomarán otras medidas.
Mencionaron una acampada en la principal plaza del país, la capitalina de la Constitución, lo cual significará la permanencia de miles de protestantes y la extensión de esa acción de fuerza incluso durante la semana santa, a partir del 1 de abril.
Si el presidente Otto Pérez Molina no atiende la demanda y no pone atención al movimiento va a tener problemas serios en la capital, advirtió el dirigente del Comité de Unidad Campesina Daniel Pascual.
Añadió que las comunidades participantes pueden decidir quedarse en la ciudad, lo cual será responsabilidad única del mandatario por menospreciar la marcha y deslegitimarla.
Pascual reiteró que además de armar un campamento en la Plaza de la Constitución pueden comenzar bloqueos de carreteras.
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