Tegucigalpa, 18 mar (PL) Amenazas de muerte, persecución, atentados, agresiones policiales y asesinatos caracterizan hoy los dos años de gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, en materia de libertad de expresión.
De esa manera lo confirmó un informe enviado al Congreso de este país centroamericano por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadech).
El titular de esa institución, Ramón Custodio, manifestó que en 2011 la violencia contra periodistas y medios de comunicación continuó siendo una amenaza muy grave para el ejercicio de los derechos a las libertades de pensamiento e información.
Los actos de represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra miembros de dicho gremio dejaron a reporteros golpeados, heridos, desmayados (por gases lacrimógenos) y hasta detenidos ilegalmente, subrayó.
En esta ola de violencia, los más afectados, según Custodio, son periodistas que cubren y denuncian problemas como el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, violaciones de los derechos humanos o critican a las autoridades gubernamentales.
Cifras del Conadeh precisan que el año anterior se registraron seis reporteros muertos de forma violenta, tres casos de amenazas del fin de la existencia, tres de persecución, una de extorsión y un secuestro.
Decenas de periodistas protestaron hace dos días en esta capital frente a la sede de la Fiscalía para demandar el esclarecimiento de los asesinatos de 18 comunicadores en los últimos dos años.
Exigimos el esclarecimiento de sus muertes, castigo a los responsables de los crímenes y garantías de seguridad para el ejercicio de esta profesión, afirmaron los manifestantes en un comunicado.
Tanto las autoridades del Ministerio Público como de los demás entes de seguridad del Estado son responsables de los hechos, enfatizaron en el documento.
El último periodista ultimado fue Fausto Evelio Hernández, de 54 años de edad y víctima de machetazos hace una semana en Sabá, departamento de Colón.
Según el Conadech, en 2011 ocurrieron en Honduras 86,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi 10 veces superior al índice normal (hasta 8,8 muertes) establecido por la Organización Mundial de la Salud.
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