Entretanto, organizaciones del sector de otras regiones realizaron bloqueos de carreteras, con un saldo de varios heridos, contra una serie de decretos y una campaña gubernamental de proscripción de la minería ilegal.
El acuerdo entre la citada federación y un equipo de funcionarios de alto nivel otorga un plazo de un año para la formalización de los mineros irregulares, indicó el presidente de la organización, Luis Otsuka, quien dijo que está abierta la posibilidad de ampliar el plazo.
Confirmó que el pacto solo abarca a mineros de Madre de Dios, donde el pasado miércoles murieron en disturbios tres manifestantes baleados por la policía, que operan en zonas en que la actividad laboral está permitida, no a los establecidos en áreas en la cual está ilegalizada.
Por otra parte, el Gobierno estableció conversaciones con organizaciones de mineros informales de otras regiones, mientras importantes carreteras fueron bloqueadas por grupos de descontentos con la campaña oficial.
El cierre vial más importante se registró en la localidad de Casma, a 370 kilómetros al norte de aquí, donde centenares de policías intentaron romper el bloqueo con el apoyo de choferes y pasajeros bloqueados, sin conseguirlo y hubo varios heridos por balas de goma.
También hubo cierres viales en la localidad de Huarmey, a 270 kilómetros al norte de Lima, así como en las regiones sureñas de Ica y Arequipa y la centroandina de Ayacucho.
Según el Gobierno, no dará marcha atrás en su ofensiva contra la minería ilegal, porque esta evade el pago de impuestos, destruye el medio ambiente con el uso de sustancias tóxicas y explota extremadamente a los trabajadores que emplea.
Críticos de la medida alegan a su vez que la campaña apunta a desalojar a mineros informales para dejar el campo libre a grandes empresas locales y transnacionales.
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