Juan José Dalton (*)SAN SALVADOR – Desde hace días, y pese a los intentos de algunos funcionarios y medios de comunicación local de esconder la verdad, el revuelo político pasó de ser -en pocas horas- el resultado electoral para caer a la cada vez menos presunta negociación entre el gobierno y las violentas pandillas-"maras".
En un anterior trabajo de ContraPunto dijimos que después de que el periódico El Faro revelara las negociaciones en cuestión, habíamos hecho nuestras propias investigaciones y llegamos a saber que era eran ciertas y que el capellán del ejército había sido el mediador.
De tal manera que las autoridades no han negado el traslado de líderes de las pandillas a penales en los que no están aislados como en el de máxima seguridad; así como tampoco de ha dejado de divulgar la baja de los homicidios.
No obstante, a todo ello se le ha tratado de recubrir con un manto para que no salte "lo sucio del proceso" y que salga a flote solo lo "rescatable".
Entendemos que lo sucio es la negociación entre un gobierno legítimo con grupos delincuenciales; lo rescatable es el descenso de los homicidios. La baja ha sido de entre 14 y 12 como promedios diarios a entre 9 y 6, aproximadamente.
El proceso es difícil, pero el Estado tiene la responsabilidad de enfrentarlo. ¿Enfrentar qué? Pues, la matanza que vive El Salvador desde hace más de una década; la matanza heredada de los gobierno anteriores y la incapacidad actual para ponerle freno.
Otra cosa: ¿son realmente las "maras" las únicas que cometen delitos? ¿O son éstas las que cometen realmente el 90 por ciento de los homicidios? ¿Qué realmente podemos esperar de este proceso que ha nacido mal y frágil?
El gobierno, o más bien, las autoridades de Seguridad Pública se han molestado con algunos medios que han sacado a flote lo que está sucediendo y las críticas que se han suscitado a consecuencia de su pésimo manejo comunicacional.
Una cosa es revelar secretos que pongan en peligro la seguridad del Estado y otra, ser transparentes y dar respuesta de los actos de un gobierno y de un Estado democrático. No hay comparación. El gobierno debe tener un norte de transparencia, ética y moral y ello quiere decir, que debe ceñirse a las leyes vigentes.
¿Es lícito o no que el Estado dialogue con delincuentes?... La verdad es que en el marco del cumplimiento de las leyes esa es una posibilidad con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y de frenar la ola delincuencial. ¿Por qué entonces se trata de ocultar lo que todo el mundo tiene como un hecho evidente?
Si un secuestrador comete una acción contra una escuela llena de menores de edad, la policía ocupa la mediación y tiene a especialistas para ello. En ocasiones esos procesos fallan o salen exitosos, pero el Estado debe estar listo para enfrentar cualquier eventualidad.
Lo que no se vale es estar diciendo mentiritas para tratar de convencer a una sociedad que no se chupa el dedo.
Los estrategas de seguridad y los de comunicaciones no parecen haberse integrado. Menos estos últimos que en vez de explicar el asunto han escondido su cabeza en la arena. ¡Pésima estrategia! Me pregunto cómo diseñaron esta acción porque no creo en las improvisaciones, las casualidades y menos en los milagros.
La sociedad salvadoreña tiene años de vivir martirizada y soportando dictaduras, guerras y violencia delincuencial sin límite; hay temor social, pero no nos queda más remedio que continuar desarrollándonos en el terreno en que hemos nacidos y del cual no nos queremos mudar o no podemos.
Por lo tanto, necesitamos respuestas a todas estas interrogantes y dudas que se tienen sobre el manejo de la Seguridad Pública, porque hasta el momento lo que tenemos es un altísimo nivel de inseguridad, incertidumbre y frustración sobre la acción gubernamental en esta área.
(*) Director de ContraPunto
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