Olga Pellicer
MÉXICO, D.F., 23 de julio.- La ley de Arizona SB 1070 se ha convertido en un tema espinoso para la política interna de los Estados Unidos. La demanda en su contra presentada por el Departamento de
Justicia ante la Corte Federal de Phoenix, alegando su inconstitucionalidad al ir contra la facultad exclusiva del gobierno federal para regular los temas de inmigración, ha sido recibida con aprensión por miembros del Partido Demócrata. Los gobernadores y senadores en busca de su relevo o reelección en las elecciones intermedias del mes de noviembre han expresado temor de que dicha demanda opere en su contra entre los electores. A su vez, algunos republicanos que eventualmente apoyarían la reforma migratoria en el Congreso han expresado malestar por la acción ante la Corte y ya no parecen dispuestos a colaborar. La demanda, destinada a evitar que la ley entre en vigor, es plenamente comprensible. Se trata de una ley de corte racista que alienta el hostigamiento por parte de la policía a quienes por el color de su piel o modo de vestir pueden considerarse “sospechosos” de encontrarse ilegalmente en los Estados Unidos. Tal acción va en contra de los sentimientos que han dado el tono a la política interna en ese país desde que se iniciaron los movimientos a favor de los derechos civiles a mediados de los años cincuenta. Movimientos sin los cuales no sería comprensible la llegada al poder del primer presidente afroamericano en los Estados Unidos.
Sin embargo, al igual que en muchos otros temas, la sociedad estadunidense se encuentra hoy profundamente dividida. A pesar de sus consecuencias discriminatorias, las encuestas indican que la ley de Arizona es vista con simpatía por 60% de los estadunidenses. Los motivos de lo anterior son varios, algunos de ellos comprensibles aunque no por eso justificables.
En primer lugar, se encuentra la situación económica. Uno de los problemas centrales de los Estados Unidos en este momento es la dificultad para recuperar los niveles de empleo existentes antes de la crisis. Se ha iniciado la recuperación económica pero el desempleo sigue siendo alto. Como ha ocurrido tradicionalmente, el chivo expiatorio son los migrantes, independientemente de lo cierto o no de ser una causa del desempleo. El reclamo por dicho desempleo es un arma utilizada contra la administración demócrata. Mal momento, opinan por lo tanto senadores y gobernadores de ese partido, para defender a trabajadores migrantes.
El segundo motivo es el vínculo que se ha establecido entre seguridad y trabajadores mexicanos indocumentados. La violencia que ocurre del lado mexicano y la posibilidad de que ésta se derrame al otro lado de la frontera afecta la percepción que se tiene de los trabajadores migrantes. No puede pasar sin consecuencias la información tan negativa sobre la violencia en México que se transmite continuamente por la televisión o la prensa. Por ello, lo que se solicita al pensar en la frontera son un mayor número de medidas para mantenerla bajo control.
Finalmente, la parálisis del poder legislativo en materia de reforma migratoria deja un vacío que las autoridades estatales están ansiosas de llenar. La falta de acción para dicha reforma, empantanada desde hace años en el Congreso, irrita a diversas fuerzas en los estados, las cuales alegan que entonces ellas deben tomar las cosas en sus manos.
Ante tales circunstancias, es comprensible la exclamación de un gobernador republicano según el cual “apuesto a que casi todos los estados de la Unión tendrán para el próximo enero una ley similar a la aprobada en Arizona” (New York Times /julio 11 /2010).
Cabe entonces preguntar cuáles fueron los motivos del presidente Obama para propiciar la demanda ante la Corte de Arizona. Al parecer, se ha dado prioridad a dos hechos: de una parte, hay una cuestión de principios a la que nos hemos referido anteriormente: Obama no puede ser indiferente a una acción que abra la puerta a la discriminación racial. De la otra, es necesario recordar la importancia del voto hispánico en la elección presidencial de 2008. Sin ese voto hubiese sido imposible obtener la mayoría requerida en estados que fueron clave para la decisión del Colegio Electoral. Se trata de mantener ese apoyo, no sólo en las elecciones intermedias sino en el momento crucial de la deseada reelección presidencial en 2012.
Para algunos, esa preferencia por cortejar el voto hispano es interesante en términos electorales, pero poco funcional si se piensa en la posibilidad de una reforma migratoria el próximo año. La demanda, sobre todo si se gana, va a producir sentimientos muy negativos en los círculos republicanos, necesarios para lograr la aprobación en el Congreso.
En el caso de México y otros países centroamericanos con fuerte migración a los Estados Unidos las noticias no son buenas. Es muy probable que el flujo de trabajadores hacia el norte se mantenga, es probable que la ley de Arizona no entre en vigor, pero no es probable que disminuya el sentimiento antiinmigrante que crece en la sociedad estadunidense. Para los millones de nuestros connacionales que se encuentran allá, esos sentimientos serán crecientemente incómodos; la posibilidad de una reforma migratoria que permita su legalización y la ida en condiciones más predecibles y ordenadas de quienes buscan ir para un trabajo temporal es cada vez más lejana.
Sin embargo, al igual que en muchos otros temas, la sociedad estadunidense se encuentra hoy profundamente dividida. A pesar de sus consecuencias discriminatorias, las encuestas indican que la ley de Arizona es vista con simpatía por 60% de los estadunidenses. Los motivos de lo anterior son varios, algunos de ellos comprensibles aunque no por eso justificables.
En primer lugar, se encuentra la situación económica. Uno de los problemas centrales de los Estados Unidos en este momento es la dificultad para recuperar los niveles de empleo existentes antes de la crisis. Se ha iniciado la recuperación económica pero el desempleo sigue siendo alto. Como ha ocurrido tradicionalmente, el chivo expiatorio son los migrantes, independientemente de lo cierto o no de ser una causa del desempleo. El reclamo por dicho desempleo es un arma utilizada contra la administración demócrata. Mal momento, opinan por lo tanto senadores y gobernadores de ese partido, para defender a trabajadores migrantes.
El segundo motivo es el vínculo que se ha establecido entre seguridad y trabajadores mexicanos indocumentados. La violencia que ocurre del lado mexicano y la posibilidad de que ésta se derrame al otro lado de la frontera afecta la percepción que se tiene de los trabajadores migrantes. No puede pasar sin consecuencias la información tan negativa sobre la violencia en México que se transmite continuamente por la televisión o la prensa. Por ello, lo que se solicita al pensar en la frontera son un mayor número de medidas para mantenerla bajo control.
Finalmente, la parálisis del poder legislativo en materia de reforma migratoria deja un vacío que las autoridades estatales están ansiosas de llenar. La falta de acción para dicha reforma, empantanada desde hace años en el Congreso, irrita a diversas fuerzas en los estados, las cuales alegan que entonces ellas deben tomar las cosas en sus manos.
Ante tales circunstancias, es comprensible la exclamación de un gobernador republicano según el cual “apuesto a que casi todos los estados de la Unión tendrán para el próximo enero una ley similar a la aprobada en Arizona” (New York Times /julio 11 /2010).
Cabe entonces preguntar cuáles fueron los motivos del presidente Obama para propiciar la demanda ante la Corte de Arizona. Al parecer, se ha dado prioridad a dos hechos: de una parte, hay una cuestión de principios a la que nos hemos referido anteriormente: Obama no puede ser indiferente a una acción que abra la puerta a la discriminación racial. De la otra, es necesario recordar la importancia del voto hispánico en la elección presidencial de 2008. Sin ese voto hubiese sido imposible obtener la mayoría requerida en estados que fueron clave para la decisión del Colegio Electoral. Se trata de mantener ese apoyo, no sólo en las elecciones intermedias sino en el momento crucial de la deseada reelección presidencial en 2012.
Para algunos, esa preferencia por cortejar el voto hispano es interesante en términos electorales, pero poco funcional si se piensa en la posibilidad de una reforma migratoria el próximo año. La demanda, sobre todo si se gana, va a producir sentimientos muy negativos en los círculos republicanos, necesarios para lograr la aprobación en el Congreso.
En el caso de México y otros países centroamericanos con fuerte migración a los Estados Unidos las noticias no son buenas. Es muy probable que el flujo de trabajadores hacia el norte se mantenga, es probable que la ley de Arizona no entre en vigor, pero no es probable que disminuya el sentimiento antiinmigrante que crece en la sociedad estadunidense. Para los millones de nuestros connacionales que se encuentran allá, esos sentimientos serán crecientemente incómodos; la posibilidad de una reforma migratoria que permita su legalización y la ida en condiciones más predecibles y ordenadas de quienes buscan ir para un trabajo temporal es cada vez más lejana.
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