CAROLINA ESCOBAR SARTI
La Asociación de Inves-tigación y Estudios Sociales (ASIES) acaba de sacar del horno un Estudio Costo - Beneficio de la Mina Marlin en San Marcos, operada por Montana Exploradora de Guatemala, S.A. Serio, metodológicamente bien armado, revelador para algunos, una confirmación para otros que hemos seguido de cerca el tema de la explotación minera de oro a cielo abierto.
Para comenzar, creo que haber elegido como variable de análisis el costo-beneficio de dicha actividad explotadora, fue una decisión afortunada, porque en nuestro país convence más el lenguaje de las cifras, que el de la desnutrición y las masacres.
El período del estudio abarca desde finales del 2005 hasta el junio de 2009, con un breve análisis de mediano y largo plazos (2014-2019). Señala, en primer lugar, que nuestra Constitución manda considerar a los minerales como bienes del Estado, y que su explotación técnica y racional estará destinada a la utilidad y la necesidad públicas. Primer hallazgo: la mina opera en un clima de ilegalidad, porque los beneficios deberían devolverse a la población guatemalteca, no a las transnacionales que han ido devastando geografías y poblaciones en el mundo entero, para su propio beneficio.
El segundo hallazgo apunta a que el desarrollo de actividades extractivas requiere de consenso social, porque la Tierra, como objeto de explotación, tiene un estrecho vínculo con las tradiciones, costumbres, valores, identidad y derechos propios de las poblaciones indígenas y campesinas. Ello está signado por el Estado guatemalteco en convenios como el 169 de la OIT, compromiso que ha de ser respetado. Recordemos cuando la Corte de Constitucionalidad invalidó las consultas populares.
Un tercer hallazgo: la relación riqueza producida – riqueza distribuida es muy desigual para el país. Los beneficios para Guatemala deben ser balanceados con los costos e impactos generados por las operaciones mineras, y solo si los beneficios son superiores a los costos se justificaría la realización de una actividad económica. En el período analizado, la mina Marlin ha producido y exportado 755.63 miles de onzas troy de oro y nueve mil 114.12 miles de onzas troy de plata. La producción acumulada ha generado un ingreso bruto de US$693.84 millones (Q5 mil 368.90 millones), con igual valor para las exportaciones del país (lo que se produce se exporta.)
El valor de las exportaciones de oro y plata representa sólo el 2.30% del valor total de la exportaciones nacionales, y durante el período analizado, la actividad minera en promedio ha contribuido apenas con 1.48% a la conformación del PIB. Por otra parte, el total de trabajadores contratados por la mina equivale al 0.03% de la PEA total del país, poco significativo en términos de las necesidades de empleo y de los altísimos costos ambientales y sociales que implica este tipo de explotación.
Un cuarto hallazgo: de acuerdo a los cálculos de ASIES con las cifras publicadas por la misma compañía, el consumo total de agua es de 103 L/s (litros por segundo), equivalentes a 370 mil 800 L/hora. La perforación de pozos en la mina afecta la disponibilidad de agua para las comunidades cercanas (además del cianuro que se mezcla con ella) y, según opiniones técnicas, la represa de colas se encuentra próxima a alcanzar su nivel máximo. Ya hay 120 casas dañadas en las cercanías de la mina por las vibraciones, y el costo ambiental por la deforestación del área de explotación (2.5 km. cuadrados) se estima en Q4.85 millones, tomando como base el costo de inversión en reforestación por hectárea del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
Una de las grandes conclusiones del estudio es que la amenaza sentida por la destrucción y contaminación de los recursos naturales, especialmente la tierra y el agua, así como sobre los daños a la salud y la vida de las personas, unido al incumplimiento de los instrumentos jurídicos citados, han sido el detonante de la conflictividad y hostilidad social en que se desarrolla esta actividad. Algo que, de persistir, tendrá un alto costo social. ¿Habría que agregar algo más?
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