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lunes, 16 de mayo de 2011

Investigan a funcionarios mexicanos de Migración por corrupción

México, 16 may (PL) Unos 40 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) son investigados por asociación con el crimen organizado, tráfico de personas y violaciones de los derechos humanos de los emigrantes, informan hoy medios de prensa.

El titular de la entidad, Salvador Beltrán del Río, indicó que los funcionarios tendrán que someterse a pruebas psicológicas, controles de consumo de drogas y al detector de mentiras, en aras de combatir la corrupción que invade los diferentes niveles del INM.

Anunció que entre las medidas preventivas sobresale la rotación de los funcionarios en las regiones clave, por donde suelen atravesar los inmigrantes en su viaje hacia Estados Unidos, así como el establecimiento de un límite de estancia en el cargo para los delegados regionales, entre otros puestos.

Sobre este particular, descartó que esté previsto el relevo de agentes para asegurar la frontera sur y otras rutas de alto riesgo para los emigrantes por las Fuerzas Armadas, como parte de su proceso de depuración del personal.

En declaraciones a la prensa, Beltrán aclaró que las operaciones realizadas por el INM se mantendrán con el acompañamiento de autoridades militares, solo para evitar el ataque de delincuentes contra el personal del organismo o de los propios emigrantes.

Según el sitio digital Informador, a estas acciones se suman otras como la evaluación de cerca de mil 500 funcionarios del INM en los 20 meses sucesivos, cuyos resultados se cruzarán con sus niveles de vida y sueldo.

Los exámenes iniciarán la próxima semana en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Chiapas; en tanto, las evaluaciones incluyen pruebas médico-toxicológicas, psicológicas, de polígrafo e investigación de antecedentes y situación socioeconómica, agrega la fuente.

Beltrán del Río precisó que de agosto de 2010 a abril de este año fueron evaluados mil 152 agentes del Instituto, de los cuales 200 fueron cesados de su puesto por incurrir en diversas anomalías, mientras 40 se encuentran sujetos a proceso penal.

De acuerdo con el Informador, las medidas fueron adoptadas después del despido el jueves pasado de siete altos funcionarios de inmigración, acusados de entregar a inmigrantes centroamericanos a los grupos del crimen organizado que operan en el estado fronterizo de Tamaulipas.

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