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sábado, 7 de mayo de 2011

Gobierno argentino demanda cadena perpetua para 17 represores de la última dictadura

Alfredo Ignacio Astiz
El gobierno argentino solicitó este viernes cadena perpetua para 17 integrantes del grupo de tareas acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura argentina (1976-1983).
“Solicito condenar a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de reclusión perpetua por considerarlo coautor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad en 12 oportunidades, coautor del delito de tormentos agravados y por homicidios agravados en cinco oportunidades”, dijo el abogado representante del Estado argentino, Martín Rico.
Ante el proceso judicial, que se lleva a cabo en el El Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires (capital), el secretario de Derechos Humanos de ese país suramericano, Eduardo Luis Duhalde, ya había solicitado este jueves una “alta condena” para todos los represores enjuiciados, entre los que se encuentra el ex marino Alfredo Astiz.
Todos los criminales están acusados de al menos 86 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la principal cárcel clandestina de la dictadura militar de Argentina (1976-1983).
Las audiencias de los alegatos se iniciaron después de que el pasado abril un tribunal de Argentina condenara a prisión perpetua al ex dictador Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 10 víctimas del último régimen militar.
En el alegato de este viernes, Rico se refirió en específico a los asesinatos de la monja francesa Leonie Duquet y de cuatro madres de desaparecidos, todas ellas secuestradas en diciembre de 1977 en la Iglesia de Santa Cruz de Buenos Aires y llevadas a la ESMA, el mayor centro de exterminio de la última dictadura.
Otra religiosa francesa, Leonie Duquet, y compañera de Domon, fueron secuestradas en otro operativo de la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar, hasta que sus restos, aparecidos en una playa al sur de Buenos Aires, pudieron ser identificados en 2005.
“Todos los acusados conocían que actuaban en un campo de concentración para el exterminio de los detenidos, señalaban a sus víctimas y, en este caso, fueron marcados por uno de ellos”, dijo Rico en referencia al represor militar Alfredo Ignacio Astiz.
Entre los acusados destaca el ex capitán de fragata, a quien se le conocía como el Angel rubio de la muerte o Cuervo, por su papel como espía de grupos defendores de los DD.HH., entre ellos un grupo de madres de desaparecidos, para lo cual fingió tener un hermano en esa condición, pero en realidad formaba parte de un equipo de tareas de la ESMA.
También resaltan entre los 17 represores acusados el canciller de la dictadura Oscar Montes y el ex oficial de inteligencia Antonio Pernías, quien es tristemente recordado por afirmar que en su grupo se torturaba “lo más humanamente posible”.
Sobre las críticas al retardo procesal, Luis Duhalde dijo que si bien “Se perdieron veinte años con las leyes de impunidad (y) muchos represores murieron, pero también muchos testigos y familiares de víctimas. Y ese tiempo perdido no se recupera (…) lógicamente, las víctimas desearían que los juicios fuesen más rápidos (…) pero es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna”.
Telam

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