Ana María Aragonés
Era difícil pensar que Donald
Trump, a partir de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador,
cambiaría su estrategia contra los migrantes, en la medida en que se
trata del arma que moviliza a sus seguidores para ganar adeptos en su
tan anhelada relección. El nuevo ataque contra los migrantes pasa ahora
por la firma de un memorándum para que el censo no incorpore a más de 10
millones de migrantes indocumentados. Resulta una enorme injusticia por
parte del inestable presidente de Estados Unidos intentar borrar del
mapa demográfico a esos millones de personas, quienes por diversos
motivos ejercieron su derecho de buscar nuevos caminos. Una vida sin
duda marcada por enormes dificultades ante la imposibilidad de enfrentar
el limbo jurídico en el que el gobierno estadunidense los ha mantenido
por muchísimo tiempo, podemos hablar de hasta 20 o 25 años, una
estrategia que ha permitido ejercer una inescrupulosa explotación por
parte de muchos patrones.
Vale la pena recordar que se trata de trabajadores que pagan sus
impuestos, tienen hijos nacidos en Estados Unidos y por tanto son
ciudadanos estadunidenses, y otros muchos que llegaron indocumentados
siendo pequeños, los famosos y muy calificados dreamers, sobre
los que también penden injustas decisiones que podrían arruinarles la
vida. Afortunadamente han mostrado su fuerza y entereza para enfrentar
esa espada de Damocles que pende sobre sus cabezas con relativo éxito,
hasta ver qué tiene Trump entre manos. Estos jóvenes que son la cara
destacada de las familias que buscaron cambiar el rumbo de sus vidas y
ofrecer a sus hijos la posibilidad de mejores horizontes que ellos
enfrentaban al quedarse en sus países, 5 millones de los cuales son
connacionales.
Pero lo que debe resaltarse de este hecho histórico que marcó a esos
millones de mexicanos es que, si bien la figura del indocumentado no es
nueva en la historia migratoria, lo novedoso fue su masividad a partir
de la última década del siglo pasado. Esta situación se vincula a la
puesta en marcha del TLCAN en1994. No se puede olvidar que, según el
gobierno mexicano en la administración de Carlos Salinas de Gortari,
señalaba con énfasis que gracias al tratado México transitaría al primer
mundo y una de sus principales consecuencias sería que
en lugar de exportar trabajadores se exportarían jitomates. Cosa que no sólo no sucedió, por el contrario, se incrementó el fenómeno migratorio como nunca antes, no sólo documentado a través de visas, sino fundamentalmente el trabajador indocumentado.
En momentos de la firma del TLCAN, Estados Unidos estaba en un
periodo de enorme expansión económica, diversos sectores crecían en
forma extraordinaria, y uno de ellos era la industria agroalimentaria.
Los empresarios trasladaron esas industrias de regiones urbanas hacia
las rurales, decisión que buscaba abaratar costos –al estar cerca de la
materia prima, animales y cultivos–, sino además reducir los salarios
que eran de 12 dólares la hora. Contrataron nuevos trabajadores, la
mayoría de los cuáles eran indocumentados, mexicanos y centroamericanos a
los que se les pagó entre cuatro y cinco dólares la hora. Gracias a
ellos las industrias polleras, de pavo, cerdo, despulpadoras de
cangrejos, empacadoras, etc,, el sector pudo mantener bajos costos y su
dominio agroexportador en los mercados internacionales. Los
afroestadunidenses escalaron un peldaño laboral y muchos de ellos se
convirtieron en capataces manteniendo de esta forma una estratificación
étnica favorable a los dueños de las industrias. Gracias a esa enorme
cantidad de indocumentados dedicados a trabajos esenciales los
estadunidenses tenían en sus mesas comida barata.
En plena pandemia y en un marco de enorme crisis sanitaria y de
empleos en Estados Unidos, la sorpresa de México fue que las remesas
enviadas alcanzaran números totalmente imprevistos. Situación que desde
mi punto de vista puede explicarse, en primer lugar, porque esos
migrantes han mostrado siempre una enorme solidaridad y compromiso con
sus familiares y comunidades enviando parte de sus ingresos, lo cual los
obliga a una enorme austeridad. Pero también es necesario recalcar que
la mayoría de esas personas no pararon en la medida en que sus trabajos
continúan siendo considerados esenciales y, a pesar de la falta de
condiciones para su protección, no dejaron de laborar. Gracias a ellos
la comida siguió llegando a las mesas de los estadunidenses.
Es increíble que, a pesar de lo señalado sigan viviendo bajo enorme
inseguridad por la falta de documentos, pagando impuestos, pero sin las
compensaciones sociales que se le reconocen a cualquier trabajador que
aporta al fisco.
Y ahora Trump busca torcer la Constitución al firmar un memorándum
para excluir del censo a migrantes sin documentos, todo ¡para evitar que
en el conteo se asignen escaños y presupuesto que podrían afectarlo
electoralmente! Una canallada más contra esos trabajadores.
México debe buscar por los medios a su alcance que se haga justicia a
esos mexicanos y se les otorguen los documentos que los saque de ese
limbo jurídico, abogar por ellos en el Congreso de Estados Unidos,
buscar aliados, mover los hilos necesarios para evitar se cometa esa
injusticia, éste debe ser un punto principal de las relaciones
México-Estados Unidos. Y que nunca más un trabajador tenga que exilarse
por falta de condiciones de vida.
La migración es un derecho, pero debe ser una opción y no una necesidad.
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