Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
* Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina
Entre 1929 y 1933 los Estados Unidos
vivieron la más grave crisis económica, que arrastró a otras naciones
capitalistas. Las fórmulas liberales y tradicionales no sirvieron para
solucionarla. Hasta que llegó a la presidencia el demócrata Franklin D.
Roosevelt (FDR-1933-1945) quien, contando con la asesoría de académicos
de la Columbia University, inauguró el “New Deal”, un conjunto de
políticas económicas cuya prioridad fue la atención a millones de
desocupados, y a gente en la miseria, sobre la base de generar empleo.
Los bancos fueron intervenidos para garantizar a los depositantes;
las empresas industriales, vigiladas por el gobierno, debieron
establecer códigos de competencia, precios, horas de negocio; fueron
perseguidos los comerciantes inescrupulosos; los agricultores (previo
subsidio) fueron obligados a reducir la producción.
Al mismo tiempo, se mantuvo la inflación sobre precios de ciertos
productos; se suspendió el patrón oro; y, además, se inició un vasto
plan de inversiones estatales, despertando el trabajo en obras públicas,
caminos, limpieza de parques, playas, plantación de árboles, reparar,
pintar, construir casas, edificios públicos, piscinas, hospitales,
aeropuertos, escuelas, proyectos de riego, electrificación, empleo de
jóvenes en bibliotecas, oficinas, universidades, fomento del empleo
temporal, etc.
En forma inédita, se sancionó despidos de trabajadores; se introdujo
la seguridad social, así como pensiones por desempleo, salud y
jubilación; fueron elevados los impuestos (taxes) como el de la renta,
argumentando la injusta distribución de la riqueza como parte de la
crisis; pero también se dictaron leyes para garantizar salarios mínimos,
elevarlos, proteger sindicatos, contratos colectivos y otros derechos
laborales. En los primeros cien días, la crisis fue controlada.
Varias de las políticas del New Deal,
instrumentadas por Franklin D. Roosevelt (1933-1945) para paliar la
crisis económica que atravesaba su país, le valieron el calificativo de
comunista.
El “segundo New Deal” se inició en enero de 1935, con el propósito de
profundizar las reformas: el Acta sobre Seguridad Social estableció
beneficios para los trabajadores retirados, seguro para los
desempleados, un programa de salud general, el de bienestar para niños y
el de asistencia para ancianos, que debía ser cubierto con aportes de
los empresarios y los trabajadores con empleo; el fondo para el seguro
de desempleo fue financiado a través de un impuesto especial cobrado
compulsivamente a los patronos.
La Administración para el Progreso de los Trabajadores (WPA) también
se ocupó del trabajo para los artistas: con apoyo del Teatro Federal se
organizaron exhibiciones y, por primera vez, corredores y salas de los
edificios públicos fueron adornados con grandes murales pintados por
artistas. A fines de 1935 cerca de 20 millones de norteamericanos
contaban con alguna forma de asistencia pública.
En la mentalidad norteamericana de la época, semejantes políticas
significaban una ruptura con la visión liberal y, en consecuencia, el
New Deal y el propio presidente Roosevelt fueron acusados de
“comunistas”. Resultaba algo insólito que un presidente denunciara
abiertamente “la injusta concentración del bienestar y el poder
económico” en manos de una pequeña fracción de la población
norteamericana.
Pero FDR logró del Congreso la aprobación de un elevado impuesto
sobre las rentas de los individuos y las corporaciones; y para evitar su
evasión, incrementó el impuesto a las donaciones. Con razón los
opositores escandalizaron en contra de lo que llamaban un “desplume a
los ricos”. Sin embargo, fueron las medidas descritas las que
permitieron salir de la crisis y mejorar las condiciones de vida y
trabajo de los norteamericanos que, con razón, reeligieron a Roosevelt
por tres ocasiones sucesivas.
Varias de las políticas del New Deal coincidieron con lo que en
América Latina intentaron los gobiernos y políticos “populistas” y
reformistas de aquellos años. En Ecuador, la Revolución Juliana
(1925-1931) inauguró el intervencionismo económico estatal y las
políticas sociales y laborales, algo que en Chile ejecutaron por partes y
entre incidentes institucionales, tanto el gobierno de Arturo
Alessandri, como las juntas militares de la joven oficialidad, en un
período que va de 1920 a 1925.
En Brasil, los jóvenes militares iniciaron, en 1922, las
intermitentes movilizaciones del tenentismo, que desembocaron en la
revolución de 1930 y los continuados gobiernos de Getulio Vargas
(1930-1934), la dictadura del Gobierno Provisional (1934-1937), el
Gobierno Constitucional (1939-1945), el Estado Novo y más tarde, entre
1950-1954 como gobierno electo. Fueron momentos de un proceso que
transformó al país con la modernización económica y la reforma social.
En América Latina procesos similares
abrieron paso a una época caracterizada por la lucha contra los
regímenes oligárquicos y el impulso a la redistribución de la riqueza.
Procesos parecidos desde la década de 1920 hubo en Costa Rica,
Colombia, Bolivia, El Salvador, Perú -donde apareció el APRA fundado por
Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Comunista fundado por José
Carlos Mariátegui-; en Argentina, con la Unión Cívica Radical, se
desembocó finalmente en el ascenso de Juan Domingo Perón (1946-1955); y
en México, fue decisivo el papel nacionalista del gobierno de Lázaro
Cárdenas (1934-1940).
Se trató de una época histórica que se caracterizó por la lucha
contra los regímenes oligárquicos, a fin de modernizar a las sociedades,
pero, ante todo, promocionar a las masas y al creciente movimiento
obrero, lo cual explica las políticas sociales y el impulso a la
redistribución de la riqueza mediante el sistema tributario directo.
Todos los gobiernos reformistas y populistas fueron tildados de
“comunistas”, en un intento por detener el avance social y las políticas
de Estado.
Los gobiernos progresistas en América Latina, que abrieron un nuevo
ciclo histórico en la región al iniciarse el siglo XXI, han sido, en
mucho, continuadores, bajo nuevas circunstancias, de aquellas visiones
económicas y de las políticas sociales y laborales de ese pasado
reformista y populista que caracterizó a la región, con distintos
ritmos, desde 1920.
Volviendo a los EE.UU. de la actualidad, hay dos figuras políticas
que toman inesperada relevancia interna y externa: Bernie Sanders y
Alexandria Ocasio-Cortez (AOC).
Sanders (78 años), actual senador, ya fue candidato a las primarias
del Partido Demócrata en 2016 y su campaña despertó una inédita atención
nacional por sus posiciones: crítica radical a la diplomacia exterior
de los EE.UU., abogar por un socialismo democrático que resalta a los
países europeos nórdicos, plantear la seguridad social universal y un
sistema de medicina gratuita, el reparto de la riqueza, más impuestos a
los ricos y amplias políticas sociales y laborales. Sanders está en
campaña para lograr la presidencia de los EE.UU. en 2020.
De otra parte, la joven AOC (30 años), que podría ser otra candidata
presidencial por el Partido Demócrata, es miembro de la organización
Socialistas Democráticos de América, propone un “Green New Deal” (si
bien cuestiona los límites que tuvo el programa original de FDR),
cuestiona el capitalismo y defiende la sanidad universal, la
universidad pública gratuita, el control de armas de fuego y amplias
medidas sociales y ambientales.
En campaña por la presidencia, Sanders
aboga por un socialismo democrático, mientras el Consejo de Asesores
Económicos de Donald Trump, trata de descalificar cualquier propuesta de
esa índole.
Estas dos figuras han vuelto sobre el camino histórico marcado por
FDR, para tratar de impulsar en el país otra conducción económica y
social que, de triunfar, alteraría el que luce hasta hoy como un
capitalismo imperialista clásico e invencible. Y como las ideas
socialistas, de la mano de Sanders y de AOC, pero también por una
creciente cultura de izquierda entre los jóvenes de las nuevas
generaciones, parecen cada vez más influyentes, las inquietudes
políticas y oficialistas se han disparado a tal punto que el documento The Opportunity Costs of Socialism (https://bit.ly/2ySJwkA,
octubre, 2018), preparado por el Consejo de Asesores Económicos (CEA)
para el presidente Donald Trump, trata de desmontar y descalificar
cualquier propuesta de “socialismo” para los EE.UU.
Pero, si se observan con cuidado tanto las propuestas del antiguo New
Deal de FDR, como las de Sanders y de AOC, se podrá concluir que en
América Latina las derechas políticas y económicas tampoco están
dispuestas a consentir un camino “socialista” como el que se plantea en
los EE.UU. Neoliberales y derechistas son incapaces de comprender las
experiencias históricas del New Deal, de modo que resulta inútil
pedirles medidas alternativas a las consignas aperturistas y a los
intereses privados de las elites empresariales.
Y aquí, en la región, el ciclo conservador y reaccionario que se
vive, no tiene la más mínima intención por imponer las regulaciones del
Estado sobre el capital, los fuertes impuestos redistributivos de la
riqueza y tampoco leyes que garanticen y amplíen los derechos sociales y
laborales. La admiración, y hasta la subordinación de las burguesías
latinoamericanas a los EE.UU., les impide apreciar tanto al viejo New
Deal como al avance de las ideas del nuevo “socialismo” norteamericano.
ag/jpm
*Historiador y analista ecuatoriano.
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