Perú
Tras el suicidio del
expresidente Alan García, acusado esta vez por corrupción, las elites
peruanas y sus repetidoras de los medios de comunicación intentan que se
imponga un discurso de impunidad y se eliminen de la memoria nacional y
colectiva los distintos crímenes patrimoniales y contra la vida en los
que ha estado inmerso en su calidad de dos veces jefe de Estado.
Intentan convertir al corrupto y asesino en mártir.
Durante meses
daba la impresión de que García podía torear con destreza las distintas
imputaciones que se obtenían en su contra mediante las investigaciones
del equipo fiscal especializado–por sus capacidades políticas, mediante
entrevistas condescendientes, a través de su cuenta en Twitter, y por su
facilidad de palabra.
El suicidio de García tiene que ver con
los avances en las investigaciones por lavado de activos en casos de
sobornos en la adjudicación y construcción del Metro de Lima durante su
segundo mandato (2006-2011) y cobros de coimas de la trasnacional
brasileña Odebrecht. Se estima que los montos de sobornos alrededor de
este caso oscilan alrededor de los 45 millones de dólares. Es
sintomático que todos los presidentes de la república elegidos en
democracia estén siendo investigados por este caso.
García, el
exsocialdemócrata devenido en feroz anticomunista, ya sumaba un
historial de evitar las sanciones del sistema de justicia por diversos
escándalos patrimoniales y de violación de derechos humanos perpetrados
en su primer mandato presidencial .
Al inicio de la
investigación Alan García apelaba a viajar con regularidad a Europa
donde tiene departamentos y a distintas maneras de eludir la
investigación judicial, hasta que pidió asilo político en Uruguay, el
que le fue denegado. La justicia le impidió de inmediato la salida del
país por 18 meses, mientras adelantaba las investigaciones por
corrupción.
Sumaba a ello el bloqueo desde el Parlamento por
parte de la bancada aprista (junto a la fujimorista) para entorpecer las
investigaciones y la red de contactos a nivel de Poder Judicial que
también fueron parte de otro escándalo en el aparato judicial en el
primer semestre del 2018 y que fue denominado “Lava Jueces”.
Pero el peso de las pruebas ya habían mandado a prisión al expresidente
Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori, hija del dictador y genocida
Alberto Fujimori, Otro exmandatario, Ollanta Humala, y su cónyuge Nadine
Heredia afrontaron nueve meses de prisión preventiva y el expresidente
Alejandro Toledo sigue prófugo en Estados Unidos.
Entre las
personas con orden de detención preliminar y allanamiento en la misma
causa que García están dos personajes clave: Luis Nava Guibert
(exsecretario general de la Presidencia durante su segundo gobierno y
persona de confianza) y Miguel Atala Rivera (expresidente de PetroPerú
durante el mismo mandato).
Mediante ellos se efectuaron pagos irregulares de parte de Odebrecht mediante transferencia de dinero a cuentas de la offshore panameña
Ammarin Investment Inc. en la Banca Privada de Andorra (un 1.300.000
dólares) y pagos directos desde la famosa Caja 2 del Departamento del
Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht administrada por su
representante en el Perú, Jorge Barata (cuatro millones de dólares
referidos a los Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur). El
camino del dinero se iba concentrando en un receptor: Luis Nava, el
hombre de confianza de Alan García.
¿El tiro del final lo hace inocente?
Héte aquí que con la mera presentación del acta de defunción se
archivan de inmediato todos los procesos en contra de García. En
términos jurídicos muere como inocente. Este archivamiento no significa
que los procesos contra los demás imputados se detengan, aunque desde
los medios hegemónicos de comunicación se insista en victimizar a García
y trasladar la atención a una supuesta y vergonzosa acusación de abuso
de autoridad de parte del equipo de fiscales especializados en el caso
Odebrecht.
Desde hace varios años se vienen generando disputas
entre distintos grupos al interior del partido aprista, originariamente
antiimperialista y luego defensor del modelo neoliberal, que de ser el
principal grupo político del Perú pareciera estar en proceso de
defunción, en especial entre los congresistas Jorge del Castillo y
Claude Maurice Mulder. El futuro del Apra y del aprismo no está nada
claro.
No se debe olvidar que García y el Apra
privilegiaron la acumulación del capital por parte de empresas
transnacionales minando los derechos de trabajadores y trabajadoras,
criminalizando la protesta social como en la masacre de Bagua en el
2009, violando derechos humanos como la matanza de Los Molinos hace 30
años y socavando el medio ambiente y la naturaleza a favor de las
industrias extractivas.
Durante la llamada guerra popular de
Sendero Luminoso, a García se le acusa de ordenar la muerte de más de
300 militantes, muchos de ellos ya detenidos, y se lo recuerda por ser
responsable de una de las mayores hiperinflaciones del país. Al final de
su primer Gobierno apoyó la candidatura de Alberto Fujimori. Alan
García retornó al poder en 2006, llamando a la unidad de las derechas,
aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional, en alianza con
los grandes empresarios, pero apenas logró el cinco por ciento de los
votos. Sus partidarios en el Congreso se aliaron a los fujimoristas.
La corrupción y el lawfare
La corrupción no es meramente un fenómeno moral y/o cultural, sino un
problema sistémico directamente relacionado con el modelo de acumulación
de capital por despojo que se da en Perú desde hace 200 años. El poder
fáctico quiere que las investigaciones se circunscriban al ámbito de los
políticos tradicionales (mientras intentan promocionar una generación
de recambio), sin que se profundicen en los grupos dominantes, sean
éstos empresarios, políticos, magistrados o medios de comunicación,
cómplices en toda la trama de corrupción.
Y por eso, como en Brasil, Argentina y otro países, apela al lawfare,
o sea la judicialización de la política, una forma de dominación
elitesca que tiende a la proscipción o muerte política de líderes
populares (Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael
Correa).
Pero en Perú ni Alan García ni Keiko Fujimori, siempre
aliados a los grupos de poder nacionales y trasnacionales, tienen el
respaldo popular de aquéllos, su desaprobación a fines de 2008 era de 93
y 86 por ciento, respectivamente.
Las elites peruanas intentan
ahora que se imponga un discurso de impunidad y se eliminen de la
memoria los distintos crímenes patrimoniales y contra la vida en los que
ha estado inmerso Alan García. La respuesta popular parece estar, por
ahora, en la calle, donde se verifica la necesidad de abandonar la
colonialidad de la no interpelación al poder y terminar con la impunidad
de asesinos, genocidas y ladrones y avanzar para logar un Perú de
todos.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e
investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE,www.estrategia.la)
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