Movimiento M4
27 organizaciones y
redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue
entregada hoy a instancias del Gobierno guatemalteco y la embajada de
los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de
US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes,
Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por
ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades
afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en
Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Miembros
de la resistencia pacífica "La Puya" presentaron la carta a
representantes del Gobierno durante una cita en el Congreso, incluyendo
representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y
Recursos Naturales, y de Economía, además del Procurador de los Derechos
Humanos, entre otros.
Las organizaciones firmantes constatan que
la demanda “representa un nuevo ataque al sistema judicial de
Guatemala”. Señalando un aumento de presión sobre la Corte
Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones
judiciales tomadas en torno a proyectos mineros, además de su intención
de frenar investigaciones sobre corrupción en los altos niveles del
Gobierno.
“Nos preocupa que con esta demanda, KCA intenta
presionar a las autoridades en Guatemala para lograr un arreglo y
desestimar los múltiples problemas judiciales y la oposición social que
le han prevenido operar su mina de oro Progreso VII Derivada. Esto sería
otro claro ejemplo del ‘efecto escalofriante’ de las políticas
regulatorias que tratados como el DR-CAFTA conllevan”, dijo Manuel
Pérez-Rocha del Institute for Policy Studies de Washington D.C.
La
suspensión de la mina de KCA fue ordenada por la Corte Suprema de
Justicia en Guatemala en el 2016 por falta de consulta previa con las
comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José
del Golfo, al norte de la ciudad de Guatemala. Dicha suspensión sigue
vigente, mientras que la decisión final de la Corte Constitucional está
pendiente.
Sin embargo, aún y cuando la Suprema Corte ordenó la
suspensión, la empresa siguió operando la mina. A consecuencia de ello,
el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía
también se encuentran bajo investigación penal en Guatemala por el
delito de explotación ilegal de recursos naturales. Además, la empresa
fue condenada por haber operado sin licencia de construcción.
“El
proyecto de KCA está plagado de ilegalidades y aún así los dueños se
sienten libres para entablar un arbitraje en contra de Guatemala. Este
tipo de chantaje, el cual busca socavar las decisiones de la Corte, así
como la resistencia pacífica y los derechos de las comunidades no se
debería permitir. Desgraciadamente, ya hemos visto antes que se utilice
este tipo de arbitraje por las mismas razones”, dijo Carla García
Zendejas del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus
siglas en inglés).
En marzo de este año, la resistencia pacífica
"La Puya" celebró siete años de mantener un plantón las 24 horas al día,
los 7 días de la semana afuera de la entrada de la mina. La oposición
se ha centrado en los posibles impactos de la mina en el agua y el
ecosistema de esta zona seca, la cual pone en perjuicio la salud pública
y el ambiente. Por su lucha persistente, miembros de la resistencia han
sufrido intimidaciones, amenazas y criminalización, además del intento
de asesinato de un miembro del grupo en junio de 2012. Desde que KCA
presentó su demanda surgieron preocupaciones por la militarización de la
zona, además de nuevas amenazas y actos de intimidación en contra de
miembros de la resistencia. El Gobierno guatemalteco ha fichado a la
resistencia pacífica ‘La Puya’ por estar en contra del desarrollo,
acusando a las comunidades de ser las responsables de la demanda
multimillonaria.
“La demanda de KCA es un ejemplo actual de
colonialismo empresarial. Un miembro del elite de interés extranjero
espera beneficiarse a costa del pueblo y del planeta empleando la
violencia junto con maniobras legales y políticas”, comentó Laura
Martin, Directora Ejecutiva de la Alianza de Liderazgo Progresista de
Nevada (PLAN por sus siglas en inglés).
Los representantes de
PLAN también entregaron la carta a la empresa en sus oficinas en la
ciudad de Reno en el estado de Nevada este miércoles.
En
solidaridad con "La Puya" y los residentes de San Pedro Ayampuc y San
José del Golfo, las 227 organizaciones hacen un llamado a KCA y al
Gobierno guatemalteco para que se abstenga de intimidar a los jueces de
la Corte Constitucional, y se permita no solo la independencia del
proceso judicial, sino la toma de decisiones conforme a derecho. Al
respecto, exigen que la empresa KCA desista de su demanda.
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