El
problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción,
es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más
directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que
todavía insisten en hacer periodismo de investigación. Todos temblaron
el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de
sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza
de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las
autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud
de extradición.
Las acusaciones que hasta ahora se han
vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían
garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea
Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información,
una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible.
Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de
la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la
calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de
cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.
¿Por
qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos
políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son
celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y,
si llegan a ver la luz, se ignoran? De ahí la necesidad de conocer mejor
los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado
de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha
contra la transparencia.
Tal vez no sabríamos de las
perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre
el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban
para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los
medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la
saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre
esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca
retornó adecuadamente para Assange? ¿Por qué entonces los editoriales
del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad
de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la
democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su
prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de
Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y 10
meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina
e informalmente, violando el derecho internacional de asilo? ¿Será
porque, según el New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por
valor de unos 4.000 millones de dólares habría sido aprobado por EEUU a
condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque
WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de
corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su
hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se
depositaron comisiones ilegales?
En cuanto a la
selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre
los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde
dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto
democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que
el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para
neutralizar resistencias a su ejercicio. En el caso de WikiLeaks habrá
que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y
actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su
mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas. La suerte de
WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que
manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EEUU
para que Hilary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata
presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue
la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la
que el pueblo libio sigue sangrando. Se puede objetar que WikiLeaks se
ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de
dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es
verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo
cosechan muy poca atención de los medios dominantes.
La
selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema
político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien
protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías
no democráticas. El sistema jurídico-judiciario es hoy el instrumento
privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos
desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su
consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho
interno de los varios países involucrados. Empero, nadie ignora el hecho
de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia
política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de
Estados Unidos.
Pero sin duda el estudio de caso del abuso
del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es
la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es
el juez Sergio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de
justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del
líder del PT. Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y
la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que
nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso
no ha sido transitado en juzgado. De aquí a cincuenta años, si todavía
hubiera democracia, este caso será estudiado como ejemplo del modo en
que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del
sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra de la falta de
transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.
No
es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder
económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo
el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo
terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes
financieros en los que habría estado involucrado. Lo importante es
saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un
Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas
multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo
las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la
política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento
incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con
China.
Objetivamente, quien más se beneficia con estas
medidas son los Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses
norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones
generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base
para la investigación de la Operación Lava Jato resultaran de una
íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense. Pero
quizás sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo
puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks acaba de revelar que
Sergio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para
la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento
orientado al uso robusto y manipulativo de las instituciones jurídicas y
judiciarias existentes, así como para el recurso a innovaciones
procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener
condenas rápidas y drásticas. Fue esa formación que enseñó a los
juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como
adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las
garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos
supuestamente universales.
El concepto de enemigo interno,
originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó
precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado
de excepción, a pesar de ser ejercida en una supuesta normalidad
democrática y constitucional. Moro fue así escogido para ser el
malabarista
jurídico-político al servicio de causas que no
pueden ser avaladas democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro
es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como
víctimas, Moro en tanto verdugo útil y por eso descartable cuando haya
cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un
obstáculo para que la misión sea cumplida.
- Boaventura de Sousa Santos es académico portugués. Doctor
en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del
Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal).
Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de
diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los
científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el
área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores
del Foro Social Mundial.
Artículo enviado a Other News por el autor el 18.04.19 . Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
Abr 18 2019
https://www.alainet.org/es/articulo/199411
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