La Justicia de Jujuy condenó a Milagro Sala a trece años de prisión en la causa Pibes Villeros
Página/12
Pese a que la fiscalía y las querellas impulsadas por la gobernación de Morales no pudieron aportar pruebas fehacientes, la dirigente de la Tupac Amaru fue condenada por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado. La defensa apelará en todas las instancias. |
Tras haber pospuesto
el comienzo de la audiencia durante más de diez horas, el Tribunal Oral
en lo Criminal número 3 de Jujuy condenó a la dirigente social jujeña
Milagro Sala a 13 años de prisión. La halló culpable de los delitos de
asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado a pesar de que
las querellas, impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, y la
Fiscalía no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la
responsabilidad de la referente de la Tupac Amaru en esos hechos. “Hoy
ustedes, señoras juezas, como mujeres y trabajadoras, pasarán a la
historia por lo que ustedes decidan, sea para bien o para mal”, advirtió
Sala cuando le dieron la palabra antes de oír el fallo condenatorio. Al
igual que el resto de los 30 acusados en el juicio por la causa que se
conoce como Pibes Villeros, Sala había declarado su inocencia: “Todos
mis compañeros y yo somos inocentes. No robamos nada y no es casualidad
que nuestras obras sean reconocidas internacionalmente”, sostuvo. Fue el
cuatro juicio que afrontó desde su detención, hace casi tres años. La
condena es la primera que, de quedar firme, la mantendría encerrada.
La
sentencia llegó luego de seis meses de juicio por la causa –que en
realidad está conformada por tres expedietnes– conocida como Pibes
villeros, que investiga el desvío de fondos destinados originalmente a
la construcción de viviendas por parte de cooperativas de la Tupac y de
otras organizaciones sociales jujeñas.
Las juezas María Alejandra
Tolaba –la presidenta, designada a dedo en ese puesto luego de haber
reprobado concursos en dos oportunidades–, Claudia Sadir y Ana Carolina
Pérez Rojas hallaron a Sala responsable de los delitos por los que llegó
al juicio acusada, a pesar de que su defensa, a cargo de Luis Paz,
Matías Duarte y Paula Álvarez Contreras, insistió en la “orfandad” de
elementos para incriminarla. Sala enfrentaba condenas de más de 20 años
de prisión.
En su alegato y en diálogo con este diario, Duarte
había remarcado que ni durante la instrucción ni a lo largo del juicio
oral la Fiscalía logró acreditar los testimonios que inculpan a Sala por
los delitos por los que fue juzgada y condenada y señaló
“irregularidades graves” de la instrucción que “la Fiscalía no pudo
solucionar” a lo largo del debate. Entre ella irregularidades, mencionó
que la Fiscalía no logró señalar un marco temporal a los delitos de
asociación ilícita ni de extorsión supuestamente cometidos por Sala. “No
se puede saber, y menos ella puede defenderse, de hechos que no fueron
precisados, algo que fue reconocido por el Ministerio Público en el
debate y que constituye un conflicto procedimental”, explicó Duarte el
pasado fin de semana.
También indicó que entre las pruebas
documentales en las que la Fiscalía se basó para acusar a Sala de
defraudación al Estado no hay más que fotocopias, “sin siquiera
certificar cheques presuntamente cobrados por cooperativistas y copias
de expedientes administrativos incompletos”. Por último, durante los
alegatos denunció que el Ministerio Público de la Acusación jujeño
“inventó” hechos para acusar a Sala que no figuraron en la elevación a
juicio.
El miércoles Sala cumple tres años de encierro bajo el
régimen de prisión preventiva sin que pese sobre su persona condena
firme alguna. El equipo jurídico que la representa solicitará, a pesar
de esta sentencia condenatoria, que sea puesta en libertad.
Sala
no fue la única condenada en el juicio, que tuvo a 30 cooperativistas,
integrantes de organizaciones sociales jujeñas y ex funcionarios
provinciales en el banquillo de los acusados. De hecho, casi todos
recibieron condenas. Al compañero de Sala, Raúl Noro, que adolece de una
enfermedad terminal, le impusieron una pena de tres años en suspenso.
Audiencia pospuesta
Se
esperaba que la audiencia final comenzara a las 8.30, pero el tribunal
debió suspenderla luego de que supiera que uno de los acusados fue
detenido el fin de semana por tráfico de drogas en Formosa. Se trata de
Raúl Ezequiel Aguilera, uno de los hijos de la diputada provincial Mabel
Balconte, acusado en el juicio junto a su madre y Sala y que, según
registros oficiales, trabaja para la Gobernación de Jujuy. Según
indicaron fuentes de la investigación a medios locales, Aguilera fue
detenido por poseer cerca de un kilo y medio de cocaína con fines,
presuntamente, de comercialización.
Aguilera fue, por otro lado,
el único acusado para quien el Ministerio Público de la Acusación jujeño
solicitó la absolución durante su alegato. La declaración indagatoria
de él y su hermano, integrantes de una de las cooperativas de vivienda
involucradas en la causa, durante el debate oral fueron puntas de lanza
en la estrategia de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo de Jujuy para
incriminar a Sala en la causa. Entre llantos, declararon ante el
tribunal haber sido “obligados” a cobrar cheques de fondos destinados a
la construcción de viviendas.
Balconte había completado la
estrategia. Diputada electa por el espacio político de la Tupac Amaru,
fue involucrada en la causa poco tiempo después que Sala.
Sorpresivamente cambió su versión de los hechos y “confesó” haber
acompañado a Sala una vez a Buenos Aires, en uno de los supuestos viajes
que la dirigente social jujeña realizaba, según los dichos de la
diputada, para entregar dinero al diputado Máximo Kirchner en la Quinta
de Olivos.
Balconte recibió una condena de 8 años de prisión y el
pedido a la Legislatura provincial para que le sean quitados los
fueros. Sus hijos, en cambio, fueron absueltos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario