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[1] https://translations.state.gov/2019/01/26/declaraciones-secretario-del-departamento-de-estado-michael-r-pompeo-antes-del-voto-sobre-cuestiones-de-procedimiento-en-la-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-acerca-de-venezuela/
[7] https://www.celag.org/venezuela-en-la-mira-elecciones-cerco-internacional
[8] https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/409662/eeuu-relaciones-diplomaticos-maduro-trump
[9] https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/01/288609.htm
[10] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/017.asp
A
solicitud de Estados Unidos (EE. UU.) Venezuela fue incluida de manera
extraordinaria en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU
que tuvo lugar el pasado sábado 26 de enero en Nueva York. Bajo el
argumento de una supuesta “crisis humanitaria” en Venezuela, que “impide
al pueblo venezolano acceder a agua y alimentos”, el secretario de
Estado estadounidense, Mike Pompeo, respaldó la inclusión del tema en el
artículo 54 de la Organización de Estados Americanos (OEA),
justificándola en la desestabilización regional que suponía esta
situación.[1] El
argumento fue refutado, de entrada, por el representante ruso, Vassily
Nebenzia, quien consideró que Venezuela “no es amenaza para la paz y la
seguridad. Sí las acciones de EE. UU., que son una amenaza para
Venezuela”.
Nebenzia denunció que la inclusión de
este punto vulneraba el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas,
relativo a la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad
territorial o independencia pública de cualquier Estado. Los miembros
permanentes[2] y no permanentes[3]
del Consejo de Seguridad votaron la inclusión de Venezuela en el orden
del día. El resultado fue 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones,
lo que dio pie al debate sobre la situación del país.
Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU
Por primera vez en la historia,
Venezuela fue protagonista del Consejo de Seguridad. En la sesión
participaron 30 países, los 15 miembros permanentes y no permanentes y
15 estados que solicitaron participar, entre ellos la República
Bolivariana de Venezuela (RBV). Aunque no hubo votación final, pues no
se presentaba ninguna resolución, las posturas quedaron divididas entre
una mayoría de países, 19, a favor del diálogo y la negociación,[4] (20 si incluimos a la RBV); y 17 países favorables a la injerencia.[5]
Las posturas a favor de la injerencia
apelaron al “éxodo” de venezolanos, su desestabilización regional, la
falta de legitimidad del Gobierno de Maduro por el desconocimiento del
proceso electoral de mayo de 2018, la supuesta represión de dicho
Gobierno a la oposición política y al pueblo, así como la apuesta por
una “transición democrática”. Destacaron por su agresividad los
representantes de Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Chile habló
de “abrir un canal humanitario” y Perú pidió la actuación de la ONU
amparándose en el artículo 34 de la Carta. Los países de la Unión
Europea (UE) miembros del Consejo de Seguridad, Reino Unido y Francia,
sostuvieron, junto a Alemania, Bélgica y Polonia, el ultimátum pactado
por varios países de la UE de dar 8 días al Gobierno de Nicolás Maduro
para convocar elecciones “libres”.
Los países que se mantuvieron del lado
del respeto al Derecho Internacional alegaron el peligroso precedente
que implica reconocer a cualquiera que se autodeclare presidente de un
país por parte de la comunidad internacional, remarcando la necesaria
salida dialogada al conflicto y la búsqueda de un acuerdo pacífico. En
el caso de Rusia, que se destacó por hacer una de las defensas más
claras de la legalidad venezolana, junto a Cuba y Bolivia, se denunció
además la desestabilización que implica para América Latina y el Caribe
la injerencia de EE. UU. en Venezuela. Las declaraciones del asesor de
Seguridad Nacional, John Bolton, sobre la entrega de los bienes del
Gobierno venezolano al gobierno paralelo de Juan Guaidó fueron tildadas
por Nebenzia, irónicamente, de “declaración bolchevique”, al suponer la
expropiación de los bienes de Venezuela. También denunció el uso de la
“diplomacia preventiva” que retrotrae a justificaciones (defensa
preventiva) usadas por EE. UU. con anterioridad para invadir Afganistán.
La intervención del representante boliviano, Sacha Llorenti, apuntó a
los tres ejes detrás de la desestabilización venezolana por parte de EE.
UU.: el interés por el petróleo, el control geopolítico y el
escarmiento a los países que no se alinean con sus políticas.
El cerco sobre Venezuela se estrecha
El sector público-privado estadounidense
viene aplicando diversas tácticas para acabar con el chavismo desde
hace años. Tras el fallido intento de golpe de Estado contra el
presidente Hugo Chávez en abril de 2002, en los últimos tiempos ha
apostado por la implosión del chavismo por la vía del estrangulamiento
económico a través de sanciones y un bloqueo financiero de facto[6]
que, unido al despliegue de una guerra económica, explica en buena
medida los problemas que enfrenta actualmente Venezuela. Es una
estrategia multifactorial en la que participan distintos actores,[7]
que pasa por el descrédito del Gobierno venezolano en los medios de
comunicación mundiales y el desconocimiento creciente de la legalidad
venezolana, ante la imposibilidad de que sus aliados en el terreno, una
oposición dividida y desprestigiada entre la propia población
venezolana, derroten al chavismo por la vía electoral.
El último capítulo de este libreto ha
sido avalar a un gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó,
presidente de la Asamblea Nacional en desacato. Pero seguramente no será
el último. Ante la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro redoblan
la presión, incluyendo la posibilidad de demandar al presidente
venezolano ante la Corte Penal Internacional planteada en septiembre de
2018 por varios países, y tuercen el Derecho Internacional para que
encaje con la imposición de una institucionalidad paralela sin sustento
legal. A pesar de sus reiteradas menciones al artículo 233 de la
Constitución de la RBV para justificar la asunción de Guaidó, esconden
que el “abandono de poder” del presidente Maduro -que la Asamblea
Nacional en desacato declaró en 2017- no se sostiene en los hechos. El
anuncio del traslado de los activos del Gobierno venezolano al gobierno
paralelo de Guaidó, es otro paso más en la escalada. Otro es la
negociación de EE. UU con el Gobierno de Maduro para establecer un
encargado de negocios, después de la salida de los diplomáticos
estadounidenses del país,[8] a la vez que reconoce a un Encargado de Negocios paralelo.[9]
La tensión va in crescendo
En este contexto de extrema tensión, en
el que ambas partes se juegan el “todo o nada” en cada paso, habrá que
estar pendientes del uso que se pueda hacer de la doctrina de la
Responsabilidad de Proteger (R2P), adoptada en 2005 y usada por el
Consejo de Seguridad de la ONU como cobertura legal para intervenir en
Libia en marzo de 2011 a través de la resolución 1973. EE. UU. y sus
aliados apuestan por la apertura de un “corredor humanitario” que sirva
de entrada a los militares para labores supuestamente humanitarias que
tendrían como fin último el control del país y, singularmente, de sus
recursos petroleros, que serían repartidos entre las compañías
estadounidenses que ahora se encuentran fuera del negocio, como
ExxonMobil. En el reparto participarían sus socios europeos y toda una
pléyade de empresas contratistas de distinto rango. Algo similar a lo
que sucedió con Irak. Las declaraciones de John Bolton, Marco Rubio y
otros funcionarios estadounidenses al respecto, y el anuncio del
congelamiento de los pagos y los activos de PDVSA, muestran el interés
central por el crudo venezolano.
Otro punto importante son las
provocaciones que pueden detonar la chispa en las calles que la
oposición todavía no logra prender. Estas provocaciones pueden incluir
algún tipo de atentado contra la figura de Guaidó que sea funcional a
los intereses de quienes manejan sus hilos, que no tendrán inconveniente
en sacrificar a su marioneta para el logro de objetivos mayores
valorados en miles de millones de dólares. En este sentido, es
sintomático que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
haya otorgado rápidamente medidas cautelares para la protección de
Guaidó y su familia[10]
cuando en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002 se
negó a otorgarle dichas medidas al presidente legítimo del país.
El papel del Consejo de Seguridad
Venezuela es la expresión de la pugna
geopolítica de hoy, pero no será la última. La reunión extraordinaria
sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad ha demostrado, no obstante,
que si EE. UU. quiere emprender mayores acciones bélicas contra
Venezuela deberá hacerlo con la oposición de una mayoría de la comunidad
internacional. El sábado en la ONU se escenificó la decadencia de un
mundo occidental, representado por EE. UU. y los países de la UE, que ya
no respeta siquiera las propias reglas que creó después de la Segunda
Guerra Mundial para evitar futuras conflagraciones. También se hizo
evidente la emergencia de una nueva hegemonía liderada por la Federación
de Rusia, China y otros países no alineados a los intereses de EE. UU.,
que apuestan por un nuevo orden mundial que sea más representativo que
el actual. De momento, ese polo alternativo va ganando la batalla en las
instituciones multilaterales y dificulta que EE. UU. pueda aprobar
cualquier tipo de resolución en el marco de la ONU, sea en el Consejo de
Seguridad (donde dos socios comerciales y aliados de Venezuela tienen
derecho a veto, China y Rusia) o en la Asamblea, que avale el uso de la
fuerza contra Venezuela. Veremos cuánto tarda EE. UU. en desconocerlas a
fin de imponer su libreto prediseñado para llevar la “democracia y la
libertad” a Venezuela.
[1] https://translations.state.gov/2019/01/26/declaraciones-secretario-del-departamento-de-estado-michael-r-pompeo-antes-del-voto-sobre-cuestiones-de-procedimiento-en-la-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-acerca-de-venezuela/
[2] China, Estados Unidos, Francia, Federación de Rusia y Reino Unido.
[3] Alemania, Bélgica, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana y Suráfrica.
[4]
Suráfrica, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Federación de Rusia, China,
Indonesia, Costa de Marfil, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, San
Vicente y las Granadinas, Bolivia, Surinam, México, Barbados, Uruguay,
Dominica, El Salvador, Antigua y Barbuda.
[5]
EE. UU. Reino Unido. Perú, Francia, Alemania, Polonia, Bélgica,
Colombia, Canadá, Paraguay, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Costa
Rica, Honduras y Panamá.
[6] https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf[7] https://www.celag.org/venezuela-en-la-mira-elecciones-cerco-internacional
[8] https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/409662/eeuu-relaciones-diplomaticos-maduro-trump
[9] https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/01/288609.htm
[10] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/017.asp
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