Si bien 2018 fue un año electoral que trajo consigo la reafirmación del coloradismo en Paraguay, a través de la elección de Mario Abdo en las elecciones del 22 de abril, el pasado año también fue un momento de eclosión de la movilización ciudadana, con escasos precedentes en el pasado de la historia democrática de la República.
La persistencia de los paraguayos y paraguayas en las calles para sacar de los organismos de representación pública a los políticos “impresentables” reflejó, una vez más, la efectividad de la unidad ciudadana para limpiar las instituciones y devolverlas a la vía de la legalidad y la decencia en la función pública. Y, aunque la lucha fue de los ciudadanos, el recién estrenado Gobierno la redituó como parte de su compromiso anticorrupción, llevando a cabo una política de no intervención para proteger a los políticos manchados por sendos casos de corrupción de su propia filiación partidaria.
Así, sin apenas mover fichas, con una agenda “de estabilidad” y orientada a posicionar al país en el exterior, el Gobierno de Abdo tiene a su favor organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial[i] que parecen valorar su administración obediente y de pocos sobresaltos en su política económica. Algo también evaluado positivamente por las tres calificadoras de riesgo crediticio más importantes de Nueva York (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s)[ii], a pesar de que para 2019 el Banco Central de Paraguay prevé una desaceleración económica que reduciría el crecimiento al 4%[iii].
En este sentido, no es casual que el presidente Abdo haya adoptado la Declaración Ministerial del Grupo de Lima en la cual se determinó el no reconocimiento del nuevo mandato de Nicolás Maduro, el pasado 10 de enero, fecha en la que el mandatario venezolano tomó posesión. El Gobierno de Abdo resolvió suspender, a partir de la fecha, “la aplicación del Acuerdo para Supresión de Visas de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio”. La decisión del Gobierno ha incrementado la tensión entre los dos países que, a día de hoy, mantienen un litigio por una deuda de la entidad petrolera Petropar con PDVSA, la cual supera los 300 millones de dólares[iv].
La obediencia de Abdo también tiene implicaciones en la próxima reforma tributaria, que comienza con una propuesta por parte de la cartera de Hacienda para modificar el régimen actual del Impuesto a la Renta Personal (IRP). El Ministerio propone bajar el piso del IRP a dos salarios mínimos al mes, con la creación del gravamen Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Éste sería aplicado sobre quienes alcanzaran ingresos anuales de 24 salarios mínimos, o sea, aquellos que tengan ingresos mensuales de G. 4.200.000. El proyecto, que está en discusión en la Comisión Técnica Tributaria, también prevé eliminar algunas exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)[v].
Las primeras propuestas que surgen en torno a la reforma tributaria, que el Gobierno espera tener consolidada en marzo de 2019, tienen implicaciones directas en las clases medias y clases medias bajas, que serían sobre quienes recaería este gravamen, que es producto del “terror” que tiene el Gobierno a incrementar los impuestos a las grandes fortunas, tal y como denunció el senador Hugo Richer del Frente Guasu[vi].
Aunque en los próximos días se definirán los elementos de esta reforma, la propuesta no ha sido bien recibida por la opinión pública, que va acumulando tensión por las recientes decisiones del Gobierno colorado. La última tuvo que ver con el Servicio Militar Obligatorio (que defiende Abdo), cuando a finales de año se hizo pública la intención de multar a quienes no hubieran hecho el servicio militar obligatorio o, en su defecto, declarado la objeción de conciencia y obviado también el servicio comunitario. La decisión fue vista como una forma de incrementar el recaudo, nuevamente, en los sectores más vulnerables.
Por lo pronto, las iniciativas lideradas por la oposición se centran en promover proyectos de ley que fueron parte de su programa político electoral. A fin de año se unieron nuevamente el Frente Guasu y el Partido Liberal Radical Auténtico para presentar el proyecto que establece un programa con recursos de las binacionales Yacyretá e Itaipú, cuya finalidad es reducir la tarifa de energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Este fue el primer paso del reencuentro de la Alianza GANAR tras las elecciones del 22 de abril, que, si persiste, puede significar un frente de trabajo unificado, orientado a la defensa de los sectores medios y aquellos más vulnerables al ajuste que prepara el Gobierno.
Con la llegada de 2019 se acabaron los días de sobrevolar la política paraguaya para Mario Abdo. La reforma fiscal será el primer reto que tendrá que superar y, probablemente, el primer cimbronazo a su liderazgo (fragmentado a la interna de su formación política por la disputa con Horacio Cartes). Hasta ahora, su limitado accionar había estado allanado por una oposición casi ausente, por ello el verdadero inicio del Gobierno, ahora en 2019, se convierte también en una oportunidad para que la unidad de las formaciones alternativas –otrora agrupadas en la Alianza GANAR– sea capaz de encauzar las demandas de una ciudadanía dispuesta y preparada para la movilización, construyendo de esta forma una alternativa realista al coloradismo hacia el futuro.

[i] https://www.desarrollando-ideas.com/2019/01/paraguay-en-camino-hacia-el-grado-de-inversion/
[ii] https://datosmacro.expansion.com/ratings/paraguay
[iii] https://www.ultimahora.com/bcp-reduce-4-su-proyeccion-crecimiento-economico-2018-n2783524.html
[iv] http://www.abc.com.py/nacionales/rompe-relacion-con-venezuela-1776598.html
[v] https://www.ultimahora.com/hacienda-plantea-bajar-piso-del-irp-dos-salarios-minimos-mes-n2790384.html
[vi] http://www.nanduti.com.py/2019/01/09/irp-hacienda-va-a-cargar-la-base-impositiva-a-la-clase-media-baja/