Perú
La crisis del régimen
impuesto por la élite corrupta que ha tenido el poder desde el golpe de
Estado de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, parece no tener
marcha atrás, en un Perú donde la lucha anticorrupción sintetiza el
conjunto de demandas populares, revelando en toda su podredumbre del
sistema y la injusticia reinante.
Pareciera que para el presidente
Martín Vizcarra, quien accediera el poder ante la rnuncia del corrupto
neoliberal Pedro pablo Kuczinsky, limpiar la casa (en este caso con la
salida del sospechado fiscal general), se convierte en el punto clave
para poder luego enfrentar los graves problemas nacionales.
Las
iniciativas tomadas por Vizcarra, avizoran el surgimiento de un frente
democrático anticorrupción cuyo primer resultado se vio en el referéndum
del 9 de diciembre donde sus propuestas tuvieron más de 80% de apoyo.
De lo que parece que no ha llegado aún la hora en esta lucha democrática
es la de plantear una agenda alternativa, en especial por la falta de
unidad de movimientos y partidos izquierdistas-progresistas.
Pero Vizcarra no es un hombre progresista y está acompañado por
neoliberales que quieren seguir con un modelo exitoso en cifras
macroeconómicas pero devastador para las grandes mayorías, y que, ahora,
montados sobre la credibilidad del presidente, siguen exigiendo la
disminución de los ya precarios derechos laborales de los trabajadores,
con el argumento por demás falaz de que son costos que hay que eliminar
para que la economía recobre su competitividad.
La historia de
las últimas tres décadas del Perú muestra que la transición liderada por
Valentín Paniagua se frustró por no cambiar la constitución impuesta
por la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos y la “Gran
Transformación” de Ollanta Humala primero la diluyeron y luego
abandonaron totalmente. La esperanza de cambios en el modelo neoliberal,
no solo fueron impedidos o frustrados, sino que dejaron consecuencias
que hoy se padecen.
De crisis en crisis, habla la calle
Hace un año, con el indulto del entonces presidente Kuczinsky a Alberto
Fujimori, se inició una crisis de régimen político que se ha agudizado
gravemente con los intentos de remover a los fiscales de los casos de
corrupción por cuestionado fiscal general Pedro Chávarry, dejando en
claro para los peruanos, que la mafia fujiaprista se resiste a ser
investigada por la justicia y está dispuesta a usar todo su poder para
impedirlo.
Ni 48 horas le duró la jugada a Chávarry y tras
contundentes marchas populares en Lima y otras regiones del país y ante
la decisión de sus flamantes reemplazantes de declinar formar parte del
equipo anticorrupción (Lava Jato), tuvo que dejar sin efecto la
resolución que sacaba de sus puestos a Rafael Vela y José Domingo Pérez,
y luego renunciar a su cargo ante la Junta de Fiscales Supremos.
La flamante fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, declaró en emergencia a
la institución y explicó que será titular del Ministerio Público hasta
que se instale la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano que
reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.
Vela,
coordinador del equipo especial Lava Jato, dijo que se han propuesto
denunciar y llevar a juicio a Keiko Fujimori, hija del exdictador y
genocida Alberto, junto a otros implicados en el presunto delito de
lavado de activos, antes de que termine el 2019.
Chávarry estaba
involucrado en el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” y acusado de
encubrimiento a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Su decisión de dimitir sirve como llamado de atención para quienes
consideran que la movilización ciudadana no sirve de nada, y señalan por
los medios hegemónicos que las marchas son solo realizadas por un grupo
de violentistas que quiere ver arder todo.
Los peruanos han
aprendido que en la calle se pelea por derechos y por una verdadera
democracia. La sociedad movilizada, la acción ciudadana parece haber
arrinconado a los poderosos de antaño y estos podrían estar viviendo las
vísperas de su liquidación política, aventura el analista Nicolás
Lynch.
Mientras, la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, señaló que la
decisión de Chávarry contribuirá a garantizar la independencia de las
investigaciones y dijo que “ahora lo que sigue es ver en el Congreso
todas las acciones orientadas a mejorar la situación de la Fiscalía”
para que los fiscales trabajen con libertad e independencia frente a
todos los casos de corrupción. El Congreso debe analizar el proyecto de
ley presentando por el Ejecutivo para reformar el Ministerio Público.
El
presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, dijo que
la renuncia de Chávarry no debe detener las investigaciones contra el
citado magistrado, contra quien hay cinco denuncias en la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales en el Congreso, las que se deben resolver.
El
fujimorismo está de regreso y más fuerte que nunca, encabezado ahora
por el presidente Martín Vizcarra, señaló Fernando Rospiglosi,
exministro del Interior de Alejandro Toledo. “ El descarado intento de
tomar el control del MP se parece como una gota de agua a lo que hizo
Alberto Fujimori luego del golpe del 5 de abril”. (…) un amplio respaldo
popular, que es lo que logró Fujimori atacando primero al Congreso y al
sistema judicial y luego interviniéndolos”, señaló.
Rospligosi
indicó que Vizcarra tiene ahora un apoyo similar al de Fujimori y lo ha
obtenido igualmente agrediendo a las mismas desprestigiadas
instituciones. (…) la coalición (…) antikeikista se ha convertido en la
más entusiasta defensora del neofujimorismo y están endiosando a niveles
ridículos y patéticos al presidente Vizcarra (…) “además de los
ingenuos que creen que están luchando contra la corrupción y haciendo
historia, hay gente muy corrupta que hasta ahora está saliendo bien
librada del Caso Lava Jato”.
Es el modelo
Este modelo
neoliberal fue impuesto por un golpe de Estado, y solo su derrocamiento
con cambios estructurales, con una nueva Constitución que no solo sea
la herramienta para cambiar no sólo el modelo económico y el
enquistaminto mafioso en el poder del Estado, “sino también el control
de las mentes y los cuerpos afianzado en las últimas décadas”, dice
Lynch.
Para ello es imprescindible terminar con el contubernio
mafioso y corrupto fujimorista-aprista, no para poner orden en el modelo
de dominio neoliberal y expoliación de los recursos naturales del país,
sino para terminar con las enormes desigualdades.
Los
tecnócratas –que se dicen dueños del conocimiento- quieren cambiar algo
para que nada cambie, los demócratas, sueñan con imponer una democracia
participativa, a través de una profunda reforma política que barra con
las barreras de acceso para los partidos y los movimientos sociales,
haciendo trizas la legislación de criminalización de la protesta que aún
rige en el Perú.
La crisis de régimen no parece hoy tener
vuelta atrás, pero la reforma del mismo es una larga marcha que no
llevará de inmediato al objetivo de una Nueva Constitución. A menos que
la calle la imponga.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga,
docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,www.estrategia.la)
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