Obrero Socialista / Socialist Worker
| La reciente y evitable muerte de dos infantes en custodia de ICE ha provocado la indignación de incluso sectores aliados a Donald Trump. Sin embargo, las condiciones que llevaron a estas horribles muertes son congénitas al sistema privado de detenciones y a las políticas de inmigración promovidas por ambos partidos. Este fragmento del artículo “ICE: The Making of the American Gestapo”, escrito por el autor y activista Justin Akers-Chacón meses antes de estas muertes, describe las enfermas prioridades de un sistema diseñado para el provecho económico de los barones de la industria del encarcelamiento. |
El abismal récord de la
detención de inmigrantes ilustra con aterradora claridad la profundidad
de la corrupción que ha penetrado a ICE en su núcleo.
En 2018, ICE
gastó más de $3.6 mil millones, aproximadamente la mitad de su
presupuesto, en la detención de inmigrantes a través de la contratación
de cárceles y prisiones privadas, con y “sin” fines de lucro. Esto es un
aumento de mil millones de dólares en comparación con 2017, lo que
refleja el auge especulativo en el encarcelamiento de inmigrantes.
En la guerra contra los inmigrantes, la industria de la detención ha
surgido en un rol parásito, cebada por generosos contratos con ICE, con
acuerdos de ingresos garantizados y protegida por la desregulación.
En la actualidad, ICE opera u otorga licencias a aproximadamente 51.000
camas de detención repartidas en una vasta y subterránea red de unos
700 de centros de detención, casi tres cuartas partes de los cuales son
subcontratados por compañías privadas.
Las detenciones de ICE
son una fuente de ingresos para la industria privada de la detención,
que se beneficia de la superexplotación del trabajo de los detenidos.
Kevin Landy, un ex funcionario de ICE en la administración Obama, dijo a
NPR el año pasado que “los contratistas ahorran mucho dinero al usar
mano de obra detenida porque están realizando un trabajo que de lo
contrario sería realizados por empleados pagados”. Ese trabajo puede
incluir cocinar y limpiar por tan sólo un dólar al día, o menos.
El Grupo GEO, el contratista de centros de detención para inmigrantes
más grande de la nación, obtuvo más de $2.26 mil millones en ingresos en
2017 por albergar a más de 600.000 detenidos. La compañía proclama con
orgullo en su informe financiero que el 64 por ciento de los ingresos
provino de las operaciones de detención y correccionales, y el 22 por
ciento de proporcionar servicios de salud y educación privatizados a los
detenidos dentro de sus instalaciones. ICE es su mayor cliente.
Anticipándose a una gran recompensa, el Grupo GEO donó $475,000 a un
súper-PAC que apoya a Trump a principios de 2018. CoreCivic, el otro
importante contratista de prisiones privadas en Estados Unidos, dio
$250,000 para apoyar la campaña e inauguración de Trump. Desde su
elección, el precio de las acciones del Grupo GEO ha aumentado un 63 por
ciento, y el de CoreCivic un 81 por ciento.
El desmantelamiento
de las regulaciones gubernamentales y las relaciones incestuosas entre
los funcionarios de alto rango de ICE y los inversionistas corporativos
que supuestamente deben regular han creado una industria llena de
corrupción.
Los acuerdos de GEO con ICE, por ejemplo, han
crecido constantemente desde 2012, cuando GEO contrató a David
Venturella, ex jefe de operaciones de deportación y detención de ICE
bajo el gobierno de Obama. En julio de 2017, la compañía contrató a
Daniel Ragsdale, director ejecutivo de operaciones de ICE.
Southwest Key Programs , una “organización sin fines de lucro” de Texas
contratada por ICE, opera una serie de instalaciones que albergan hasta
11.900 niños migrantes detenidos. Uno de sus centros de detención, que
se ha convertido en el foco de atención nacional, fue una tienda
Walmart.
La compañía ha ganado casi mil millones de dólares en
contratos gubernamentales desde 2016, y el CEO de esta “organización sin
fines de lucro” ha visto aumentar su salario anual a $1.5 millones.
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El rápido crecimiento de las operaciones de ICE ha sido acompañado por
una disminución de la supervisión. El aumento en la contratación de
agentes y personal ha provocado una afluencia de elementos abusivos y
corruptos, mientras que un régimen de inspección ineficiente ha
contribuido a la degradación de las condiciones. Según el New York
Times:
En la última década, decenas de agentes de Inmigración y
Control de Aduanas y guardias contractuales responsables de la detención
y expulsión de inmigrantes indocumentados han sido arrestados y
acusados de golpear a personas, de traficar con drogas a centros de
detención, de tener relaciones sexuales con detenidos y de aceptar
sobornos para retrasar o detener deportaciones, como documentos de la
agencia y registros judiciales muestran.
Entre enero de 2010 y
julio de 2016 (es decir, durante los años de Obama), la Oficina de
Derechos y Libertades Civiles, una agencia de supervisión dentro del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés),
recibió más de 33.000 denuncias de agresión sexual o abuso físico contra
niños, mujeres, hombres y personas LGBTQ en detención por agentes del
DHS, en su mayoría de ICE. El Inspector General, la oficina a cargo de
investigar las quejas, investigó menos del 1 por ciento de estos casos.
La protesta pública contra este descuido en curso llevó al actual
Inspector General a reconocer el problema con la publicación este año de
un informe interno que describe las continuas fallas de ICE para
proporcionar una supervisión básica.
Existen múltiples ejemplos
de cómo la matriz de represión y rentabilidad crea las condiciones para
que la violencia, la corrupción y el abuso prosperen.
En 2014,
el Inspector General del DHS, Charles K. Edwards, se vio obligado a
renunciar después de que se revelara que cambió o retrasó varios
informes, incluidas auditorías centradas en la conducta indebida dentro
de ICE, como numerosos casos de abuso dentro del programa “Comunidades
Seguras”.
Una revisión, por grupos en favor de los inmigrantes,
de cinco años de inspecciones de los centros de detención de ICE, entre
2007 y 2012, encontró que ICE no inspeccionó adecuadamente las
instalaciones bajo su jurisdicción y mantuvo sus métodos operativos en
secreto.
El costo humano de esta corrupción e impunidad es
enorme. Al menos 172 detenidos murieron bajo custodia de ICE entre 2003 y
2017. Más recientemente, Efrain De La Rosa se suicidó en un centro
privado de detención de ICE en Lumpkin, Georgia.
En julio de
2017, ICE solicitó autorización para comenzar a destruir los registros
de sus operaciones, incluidos los de los detenidos bajo su custodia.
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Parece no haber fin a las historias de corrupción y abuso, y la corrupción para encubrir el abuso, dentro de ICE.
Un exagente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de DHS
fue condenado a prisión en 2014 por conspirar con otros tres agentes
para falsificar documentos y alterar las investigaciones criminales de
corrupción por parte de la Patrulla Fronteriza y el personal de ICE.
En 2015, una prisión con fines de lucro en la “ciudad de carpas” en el
condado de Willacy, Texas, se vio obligada a cerrar después de que los
reclusos organizaron una huelga laboral y un levantamiento contra las
condiciones abusivas, incluida la falta de acceso a servicios básicos de
salud. La compañía que dirigía la prisión, Management & Training
Corp., con sede en Utah, recientemente ganó un contrato con ICE para
reabrir las instalaciones como un centro de detención para inmigrantes.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en
inglés), que trabaja con ICE, actualmente alberga a 11.000 niños. Como
resultado de los números crecientes creados por la política de
“tolerancia cero” de Trump, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de
Texas ha permitido que 15 de las instituciones con fines de lucro que
tienen contratos con ORR abarroten más niños de los que permiten sus
licencias de cuidado infantil.
Los centros de detención “sin
fines de lucro” también son culpables. Los reguladores de Texas
encontraron más de 150 violaciones en más de una docena de refugios
administrados por Southwest Key en los últimos dos años.
La
agencia recientemente estuvo bajo la atención nacional cuando el senador
de Oregón, Jeff Merkley, no fue permitido a ingresar a las
instalaciones de Brownsville, otra ex tienda de Walmart convertida en
centro de detención, que alberga a casi 1.500 niños inmigrantes entre
las edades de 10 y 17 años.
El bloqueo de la supervisión pública
refleja forma en que los funcionarios de ICE interpretan la orden
ejecutiva de Trump de 2017 que ordena a ICE “tomar todas las medidas
apropiadas para garantizar la detención de los extranjeros detenidos por
violaciones de la ley de inmigración en espera del resultado del
proceso legal o de su expulsión del país, en la medida permitida por la
ley”.
Además, existe el temor de que muchos centros de detención en
operación no sean reconocidos públicamente o que no tengan supervisión
pública en absoluto. En marzo pasado, más de 400 organizaciones y
defensores de los derechos de los inmigrantes emitieron una declaración
pidiendo a ICE proporcionar acceso público a todas sus instalaciones.
Obrero Socialista: http://socialistworker.org/
Traducción de Orlando Sepúlveda
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