México y EE. UU. mantienen una estrecha y tormentosa relación. Mientras México tiene comprometido más del 80% de su economía con EE. UU., el país del Norte obtiene grandes ventajas de ese intercambio a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o USMCA. Además de los conflictos históricos, en los últimos años se han producido desencuentros entre las distintas administraciones mexicanas y estadounidenses por puntos clave de la agenda bilateral. El principal tema de disputa es el migratorio. La diferencia de criterios no ha sido obstáculo, sin embargo, para que ambos países colaboren estrechamente en ciertos ámbitos. México es el país con el que EE. UU. tiene un mayor número de acuerdos económicos y de seguridad. El resultado es una dependencia asimétrica de México hacia EE. UU. que se profundizó durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La asunción de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de México abre un horizonte nuevo en las relaciones bilaterales, deterioradas con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE. UU., quien colocó en el centro de su campaña electoral la ampliación del muro en la frontera con México, y la deportación de mexicanos indocumentados. Esto llevó a tensar las relaciones al punto que Peña Nieto no visitó a Trump en EE. UU. ni lo recibió en México, algo inaudito en las relaciones bilaterales.[1]
AMLO envió una carta pública al presidente Trump diez días después de ganar las elecciones, expresando su voluntad de cooperación en varias áreas clave: comercio, migración, desarrollo y seguridad.[2] Desde los círculos de poder estadounidense se recibió tanto con expectativa como con preocupación, siendo AMLO un presidente que, desde sus primeras semanas, está demostrando voluntad política para gobernar de manera distinta a sus predecesores.[3]
Desde julio de 2018, el responsable de las relaciones diplomáticas con México es John S. Creamer,[4] pues la exembajadora Roberta Jacobson renunció en mayo de 2017 por diferencias con el Gobierno de Trump.[5] Con la Presidencia de AMLO, Martha Bárcena será la embajadora de México en EE. UU.[6] En sus manos estarán varios temas clave en la relación bilateral y que inclinarán la balanza hacia el entendimiento o la confrontación:

Migración

Como se ha mencionado, éste ha sido tradicionalmente uno de los temas más conflictivos de la agenda bilateral. Hay casi 12 millones de mexicanos registrados viviendo en el exterior, el 97,21% de los cuales reside en EE. UU.[7] A ellos hay que sumar los estadounidenses de origen mexicano y a los mexicanos que trabajan en EE. UU. sin papeles, que en 2016 se calculaban en 5.4 millones.[8] Tomando como referencia esos migrantes registrados, se calcula que un 25% de los inmigrantes en EE. UU. son mexicanos.[9] Estas cifras explican la importancia del tema para ambos países.
Además, México es lugar de paso obligado por el que miles de centroamericanos cruzan para llegar a EE. UU. Un trayecto que se convierte en una pesadilla para la mayoría de ellos, pues desde la implementación de la Iniciativa Mérida y la creación de la Frontera del siglo XXI, aumentaron las detenciones de migrantes centroamericanos,[10] al punto que hoy México deporta más centroamericanos que EE. UU. Las últimas caravanas de migrantes centroamericanos, a su paso por México, han visibilizado la ausencia de políticas sociales y económicas en Honduras, El Salvador y Guatemala que ofrezcan a sus ciudadanos condiciones de vida digna.[11] El Estado mexicano, por su parte, se vio rebasado mostrando la falta de políticas de protección a migrantes. A la presencia de mafias burocráticas se suma la existencia de grupos del narcotráfico que han entrado al negocio del tráfico de personas, modificando las rutas de migración, secuestrando, explotando, violando, asesinando o desapareciendo a migrantes. Ante este panorama, la propuesta del Gobierno de Trump ha sido la ampliación del muro fronterizo –decisión que carece de apoyo en el Congreso-, la separación de familias y la implementación de centros de detención de migrantes. La propuesta de AMLO es, en cambio, un Plan de Desarrollo que involucre a los países centroamericanos, un enfoque que busca atajar las causas de la migración, ofreciendo incluso oportunidades laborales a los centroamericanos en México.

Energía

Ligado a la firma del nuevo tratado de libre comercio, se añadió el capítulo energético en el USMCA. Este es uno de los temas más complicados actualmente para las relaciones bilaterales y que más inquietud despierta en los análisis del establishment estadounidense. La declaración del Gobierno de AMLO de respetar la reforma energética “calmó” a las principales empresas petroleras extranjeras en el país, así como al Gobierno estadounidense, que tiene intereses históricos en el sector. Un punto de encuentro entre ambos países es el objetivo de aumentar la producción de hidrocarburos en México, aspecto en el cual EE. UU. ha insistido desde hace, por lo menos, una década.[12]
Sin embargo, puede haber tensiones en torno a las siguientes cuestiones: la creación de tres nuevas refinerías y la reactivación de las ya existentes. En los últimos dos sexenios, el incremento de la gasolina obedece a intereses empresariales y los precios se fijan con los del mercado internacional. En el último informe que entregó el Congressional Research Service sobre México, se cuestiona la pertinencia del nuevo director de PEMEX y se apunta a que deberá ponerse atención a las decisiones de la paraestatal, pero también hacer lobby para influir en decisiones que afecten la seguridad energética de EE. UU. Esta decisión de enfocarse en la producción propia (recordemos que México, a pesar de exportar petróleo a EE. UU., no producía la suficiente gasolina y la compraba al país vecino) y de atajar a las mafias existentes en el sector de los hidrocarburos, que operaban robando gasolina de ductos y revendiéndola a gasolineras, práctica conocida como “huachicoleo”,[13] tiene por objetivo recuperar la soberanía energética perdida por los gobiernos anteriores.
Algunos think tanks del establishment estadounidense ven como principales problemas en esta área (i) la falta de independencia de los órganos reguladores, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, (ii) la presencia de funcionarios en desacuerdo con la reforma energética en los principales puestos, como PEMEX, CFE o la Secretaría de Energía, y (iii) las decisiones en torno a PEMEX y la reactivación de la empresa. Las principales calificadoras y expertos en energía apuntan que probablemente PEMEX no cuente con los recursos necesarios y la reactivación sea vía deuda, que ya es bastante abultada.[14] En el último informe realizado por el Wilson Center sobre un balance de la reforma energética de 2013 a 2018, se desliza la incertidumbre que causa el nuevo Gobierno de AMLO respecto a la política energética.[15] Pero lo que genera mayor suspicacia en EE. UU es que el nuevo Gobierno mexicano ha llegado con la intención de poner límites a una política entreguista de los recursos nacionales que tenía en PEMEX su caso más emblemático.

USMCA (acuerdo comercial)

Todavía está pendiente la ratificación del nuevo acuerdo en los respectivos congresos de los tres Estados miembro. El principal escenario es la ratificación del nuevo acuerdo por el Senado mexicano, con el costo político que eso implica para MORENA al interior del país. Pero al exterior deja al nuevo Gobierno como “pragmático”, obteniendo más aprobación del sector financiero internacional y nacional, parte del cual expresa su preocupación por un posible cambio de rumbo de la política mexicana en este tema.[16] Con un Congreso estadounidense dividido, estará por verse si el USMCA se modifica por la nueva correlación de fuerzas.

Seguridad y Narcotráfico

El Plan para la Pacificación del país que ha lanzado el Gobierno de AMLO ha recibido críticas provenientes de sectores de izquierda y de organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero la seguridad es el principal problema en la relación México-EE. UU. De las evaluaciones que EE. UU. hace de la seguridad pública en México depende la aprobación de presupuesto para la lucha contra el narcotráfico, para la Iniciativa Mérida o para otros programas de “fortalecimiento de la democracia”. Si bien Trump y AMLO han expresado continuar la cooperación en este rubro, el Gobierno mexicano busca nuevas vías para atajar este problema basándose en tres ejes: (i) un plan de desarrollo nacional que combine políticas públicas de salud y legalización de la marihuana, (ii) políticas de crecimiento económico a mediano plazo, y (iii) un Plan de Desarrollo e Infraestructura con Centroamérica. Este último aspecto coincide con los planes generales de EE. UU. Sin embargo, la principal diferencia radica en que el nuevo Gobierno propuso la desmilitarización de las políticas de seguridad y control migratorio, optando por un plan combinado de desarrollo endógeno y la creación de infraestructura en la región centroamericana. El desafío ahora es que los países del Triángulo Norte de Centroamérica busquen articular con el proyecto mexicano en sus respectivas naciones.

Relación triangular con América Latina y el Caribe

La reciente negativa de México a suscribir la declaración en contra del Gobierno de Venezuela en la última reunión del Grupo de Lima muestra que el Gobierno de AMLO está dispuesto a efectuar cambios en la política exterior llevada a cabo por sus antecesores. El retomar una política exterior apegada a los principios establecidos en la Constitución mexicana, defensora de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia, supone un choque con los intereses estadounidenses en la región. Cómo resolverá México esta situación, está por verse. En décadas anteriores los gobiernos del PRI pudieron conciliar la autodenominada “política exterior del nacionalismo revolucionario”, de principios, que tenía posturas rupturistas y de vanguardia en sus relaciones diplomáticas, con una colaboración estrecha con EE. UU. En este momento, las miradas y las esperanzas de buena parte de la izquierda latinoamericano-caribeña están puestas en el Gobierno de México y en los pasos que pueda ir dando en la esfera internacional.

Reflexiones finales

La relación México-EE. UU. hasta ahora es cordial y de diálogo, sin embargo, algunos análisis ya auguran un estallido futuro entre las dos administraciones.[17] Ambos presidentes se caracterizan por tener un carácter fuerte y determinado, en el caso de Trump con posicionamientos públicos vehementes y provocadores. No obstante, los dos están constreñidos por las posibilidades estructurales de la correlación de fuerzas al interior de sus países. En este sentido, pareciera que AMLO tendría un panorama más favorable para obtener respaldo legislativo a sus iniciativas, al disponer su partido de mayoría en el Congreso y en el Senado. El Gobierno de Trump, en cambio, es altamente cuestionado a nivel interno y por la comunidad internacional, incluso está al borde del impeachment. Su Gabinete se caracteriza por la inestabilidad, con un cambio constante de altos funcionarios que declaran sus diferencias con el presidente, y la animadversión de gran parte del deep state. Estas debilidades por la parte estadounidense pueden convertirse en una oportunidad para que el Gobierno de México tome conciencia de que puede negociar desde una posición más soberana que mitigue, en la medida de lo que permitan las posibilidades reales, la relación asimétrica entre ambos países.


[1] https://www.nytimes.com/es/2018/12/01/jorge-castaneda-amlo/
[2] https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/Traduccio%CC%81n-de-cortesi%CC%81a.pdf
[3] https://www.celag.org/primeros-pasos-amlo-economia-mexicana/
[4] https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/dcm-es/
[5] https://www.nytimes.com/es/2018/10/22/roberta-jacobson-trump-diplomacia/