La Jornada
El sistema eléctrico de Venezuela experimentó ayer una grave falla que dejó sin energía a Caracas y a los estados de Miranda, Lara, Nueva Esparta y Vargas, lo que provocó la suspensión de operaciones de todo el sistema del Metro capitalino. El mes pasado había ocurrido ya un apagón de varias horas en la misma zona.
Independientemente de la causa de los fallos –el gobierno los atribuye a acciones de sabotaje, en tanto que los opositores apuntan a carencias de inversión y mantenimiento en el sistema eléctrico y a una mala gestión–, percances de esta clase ahondan la caída en la calidad de vida de los venezolanos, abrumados por la hiperinflación, la escasez de algunos productos básicos y de medicinas y, en general, una crisis económica a la que no se le ve una pronta solución, pese a la drástica corrección de rumbo en la política económica emprendida hace unas semanas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La mala situación material por la que atraviesa la nación sudamericana tiene como correlato la interminable confrontación política entre el régimen bolivariano y las oposiciones que aún tienen bajo su control la Asamblea Nacional y que, si bien no se ha traducido en enfrentamientos de gran escala, en días recientes ha dejado una honda fractura nacional y una sociedad polarizada y dividida. Ambas crisis, la económica y la política, han derivado a su vez en una tercera: la crisis humanitaria internacional de los miles de venezolanos que abandonan su país y que tienen como destino temporal las naciones vecinas: Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.
No cabe duda que los problemas que enfrenta la patria de Simón Bolívar han sido sistemáticamente magnificados por el conjunto de los medios internacionales, los cuales fabrican por rutina, y de manera acrítica e incluso malintencionada, un escenario social infernal, una dictadura sangrienta y un pueblo que muere de hambre. Por su parte, el gobierno de Caracas, por boca del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, descalifica la crisis de los refugiados venezolanos como fake news y como un engaño por gobiernos xenófobos y racistas, asimismo, destacó el hecho de que de la población total del país, cerca de 20 por ciento está compuesto por colombianos, peruanos y ecuatorianos.
El problema, sin embargo, existe, tiene un impacto real en los territorios de las naciones vecinas de Venezuela y obliga a los gobiernos correspondientes a adoptar medidas especiales para acoger y proteger a los venezolanos recién llegados a sus respectivos territorios: un millón en Colombia, 600 mil en Ecuador, 400 mil en Perú, 300 mil en Chile y 100 mil en Argentina, a pesar de que las dos últimas de esas naciones no comparten fronteras con Venezuela. Una tendencia particularmente preocupante es el conjunto de brotes xenofóbicos registrados en Brasil, Perú y Panamá en contra de los desplazados.
En estas circunstancias, la Organización de los Estados Americanos convocó a su Consejo Permanente a una reunión para el próximo 5 de septiembre en Washington, a fin de tratar el asunto. Pero más que aliviar, el anuncio de ese encuentro preocupa, toda vez que el organismo interamericano se ha caracterizado por su falta de imparcialidad y por su manifiesta hostilidad política hacia el régimen bolivariano.
Cabe esperar que los gobiernos latinoamericanos sean capaces de abordar y enfrentar la crisis humanitaria en curso sin intervenir en los asuntos internos de Venezuela y que se limiten a cumplir con los deberes que dictan la solidaridad y la ética para con quienes escapan, por las razones que sean, de situaciones adversas.
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