Después de más de dos
décadas de haber sido ratificado el Convenio 169 de la OIT y de una
década de haber haber sido aprobada la Declaración de Naciones Unidas
sobre Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras estÁ imponiendo una Ley
de Consulta Previa para los pueblos indígenas con la cual pretende
ademas de “cumplir” con los compromisos adquiridos, desmantelar la
consulta para convertirla en un mero trámite administrativo.
El secuestro ideológico de la consulta que pretende el Estado no es
nada nuevo, en un país en donde el grupúsculo de leguleyos que detectan
el poder, acostumbran legislar con el fin de reducir y negar derechos,
para obtener réditos económicos.
En los últimos 9 años los pueblos indígenas en Honduras hemos
enfrentado una creciente ofensiva destinada al despojo de nuestros
territorios ancestrales, acompañada al mismo tiempo de una oleada de
violencia, promovida por el Estado y gremios empresariales, que
pretenden apoderarse de los remanentes de los denominados “recursos
naturales”, como parte de una visión extractivista, la cual está
cimentada en la destrucción de la madre tierra.
La persecución y criminalización de líderes y defensores de nuestros
territorios, como medida de presión para que la élite empresarial logre
sus objetivos, ha generado una serie de asesinatos, entre ellos el de
Berta Cáceres (marzo 2016), eliminada aparentemente por militares
activos y retirados ademas de ejecutivos de la empresa energética,
constructora de una planta hidroeléctrica, sin haber efectuado la
consulta previa, libre e informada (CPLI), consignada como mandatoria en
el Convenio 169 (C169) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
El asesinato de Berta Cáceres sacó a flote la enorme problemática
existente en Honduras en materia de seguridad y de aplicación de
justicia. Durante mas de dos décadas de haber sido ratificado el C169,
el Estado ha tergiversado de forma deliberada la consulta con
socialización, imponiendo de esta forma desde leyes, decretos, proyectos
de “desarrollo", áreas protegidas, entre otras.
A partir del golpe de
Estado (2009) se inicia una aprobación acelerada de leyes inconsultas
que han generado un sinfín de conflictos, los que ante la inexistencia
de un estado de ley en el país, se han convertido en despojos. En el
caso del pueblo Garífuna, la aprobación de la Ley de Regiones Especiales
para el Desarrollo (2011), conocida también como “ciudades modelo” ha
dado lugar a enormes presiones territoriales, especialmente en la bahía
de Trujillo, donde de forma paulatina las comunidades de Guadalupe, San
Antonio, Santa Fe, Cristales, Rio Negro y Puerto Castilla, buena parte
de su hábitat funcional fue adquirido por inversionistas canadienses,
siendo conocida la Bahía hoy en día como “little Canada”.
A pesar que existen casos ventilándose en el Juzgado de la Ciudad de
Trujillo en contra de ciudadanos canadienses por usurpación, los fallos
no se apegan a derecho; mientras líderes comunitarios Garífuna son
proseguidos y perseguidos por la defensa de su territorio ancestral,
desconociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) en materia de derechos indígenas.
Después de haber
sido defenestrada la Corte Constitucional (12-12-12) por el poder
legislativo, como represalia de haber declarado inconstitucional las
ciudades modelo, meses después fue reintroducida las “ciudades modelo”
bajo el nombre de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE). Sí
bien en la primera versión de las ciudades modelo abarcaban 24 de las 47
comunidades Garífunas existentes en Honduras, en su segunda versión
incluye 20 comunidades Garífunas como presuntos escenarios para
establecer las ZEDE.
Las “ciudades modelo” surgen como una iniciativa
promovida por el economista estadounidense Paul Romer, el que primero
intentó su experimento de gobernanza en la isla de Mauricio, situación
que desembocó en un golpe de Estado. Posteriormente Romer tras el golpe
en Honduras, avizoró en la crisis existente una oportunidad para
establecer Zonas Económicas Especiales con el agregado de tercerización
de justicia y seguridad, dando lugar a lo que puede ser consideradas
como ciudades- nación cuasi independientes.
En los territorios que han sido consideradas como posibles lugares para
la ubicación de las ZEDE, se viene dando fuertes especulaciones en
materia de bienes raíces, generando el desplazamiento poblacional. La
demolición casi en su totalidad de Río Negro – una de los primeros
asentamientos del pueblo Garífuna en Honduras- es un indicador de las
presiones que se vienen dando en relación a las ZEDEs. Desde el inicio
de las “ciudades modelo” se ha señalado a Trujillo como la posible
primera ubicación en Honduras.
Los vaivenes políticos en el país, sumado a la violencia imperante, no
ha permitido el despegue de las “ciudades modelo’. Sin embargo el año
pasado previo a las elecciones de noviembre, el actual mandatario
efectuó un relanzamiento de las ZEDE, el que incluyó un viaje a Texas
con el propósito de vender las ZEDE, las que se han convertido en uno de
los ejes de su gobierno. El relanzamiento aparentemente ha contado con
el apoyo de la Consultora Mckinsey y el Banco Interamericano de
Desarrollo, en su portal incluye un prospecto de proyecto destinado a
“la conceptualización y preparación de estudios técnicos y diseños para
el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”.
Una de las empresas que aparentemente ha demostrado interés en invertir
en las ZEDE, es el emporio de Kelcy Warren, propietario de Energy
Transfer, el que pretende construir un complejo energético en la bahía
de Trujillo el que incluiría una refinería, termoeléctrica y una planta
de reconversión de gas licuado de petróleo (GLP) que serviría para
distribuir el gas de esquisto proveniente desde Texas para toda
Centroamérica.
La mayoría de los planes de “desarrollo” para la Bahía
de Trujillo incluyen el desplazamiento de la población de la comunidad
Garífuna de Puerto Castilla, la que fue relocalizada en 1973, cuando el
General Álvarez Martínez, pistola en mano, obligó a los Garífunas de la
comunidad de Cristales y Río Negro a ceder el territorio de la vieja
Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. Existe una enorme aprehensión
por parte de los habitantes de Puerto Castilla sobre una nueva
relocalización, que les fue anunciado desde hace dos años.
El desconocimiento por parte del Estado del CPLI, y la utilización de
la socialización como sustituto, ha tomado un nuevo curso. Ante las
presiones del AVA FLEGT de la Unión Europea y el Programa ONU-REDD, el
Estado de Honduras en el 2012 impulsó la creación de un mecanismo de
CPLI. Tanto la Confederación de pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH),
la Dirección Nacional de Pueblos Indígena y Afrodescendientes
(DINAFROH) y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas y Negros (ODHPINH), realizaron su propias versiones del
anteproyecto de ley CPLI.
Sin embargo, en el 2016, el PNUD y el Estado optaron por una nueva
versión, para lo cual contrataron al jurista peruano Ivan Lanegra, autor
de la controvertida Ley de Consulta del Perú. Una vez más el Estado
pretendió convertir las socializaciones realizadas en conjunto con el
PNUD en un proceso de consulta. Posteriormente, con la visita efectuada
en agosto de 2017 por la Relatora de Naciones Unidas para pueblos
indígenas, la Sra Vicky Tauli Corpuz, el PNUD y el Estado optaron por
denominar el proceso realizado como una socialización.
La señora Tauli Corpuz emitió un segundo informe en junio de 2017,
denominado observaciones adicionales en las que exhortó al Estado de
Honduras “a garantizar que se respeten los estándares internacionales
sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos
indígenas”. Desafortunadamente el Estado ignoró los señalamientos de la
Relatora y para febrero del presente año envió a la Organización
Internacional de Trabajo una nueva versión, que podemos señalar como más
nociva para los pueblos indígenas, que la versión del Sr. Ivan Lanegra y
sus variantes.
Podemos indicar que el Estado de Honduras pretende realizar un
secuestro ideológico de la consulta previa, convirtiéndola en un mero
tramite administrativo, en el cual a los pueblos indígenas se le deniega
su libre determinación. Como resultado de dicha tergiversación de la
consulta, el Estado y empresarios podrán determinar el futuro de
nuestros territorios.
A pesar que la Relatora manifestó en sus
observaciones adicionales “preocupación en relación a los reiterados
comentarios escuchados vinculando el consentimiento libre, previo e
informado con un veto. A este respecto, la Relatora Especial reitera lo
manifestado por su predecesor de que si se reducen los principios de
consulta y consentimiento a un debate sobre la existencia de un poder de
veto, se pierde de vista el espíritu y carácter de dichos principios
según los estándares internacionales. Estos principios buscan crear un
diálogo de buena fe entre los Estados y los pueblos indígenas para que,
mediante la búsqueda de acuerdos y consensos, se ponga fin a modelos
históricos de imposición de decisiones sobre los pueblos indígenas,
amenazando su supervivencia como pueblos”. El Estado incluyó en el
artículo 2 del anteproyecto que la “Consulta no otorga derecho a veto ̈,
además de ratificar que la decisión final de la consulta, la toma el
Estado.
En agosto del año pasado, el Congreso Nacional aprobó la inconsulta Ley
de Incentivos al Turismo, promovida por la consultora McKinse en el
marco del programa Honduras 20-20. La ley permite desde la utilización
de áreas protegidas para inversiones turísticas hasta la expropiación
forzosa en base a una ley que data de 1913, y la cual fue invocada para
presionar a los habitantes de Rió Negro y de esta forma permitir la
demolición para la construcción de un muelle de cruceros en Trujillo.
Más allá de la manipulación que viene efectuando el Estado con el
propósito de desconceptualizar el CPLI, las secuelas del crimen
organizado y el Estado fallido existente en Honduras forman parte de la
cadena de hechos que ponen en duda la existencia de un Estado de derecho
en el país; a pesar de los supuestos avances en la lucha contra el
narcotráfico, las estructura económicas del crimen organizado permanecen
intactas, siendo la adquisición de enormes tractos de tierra una de las
formas más habituales de lavado de activos, situación que ha generado
graves consecuencias para las comunidades Garífunas.
Como muestra de la ausencia de apego a la jurisprudencia sobre la
consulta y el deber del Estado de respeto dicho derecho, el Alcalde de
la Ceiba, el Sr. Jerry Sabio, convocó el 6 de julio a un cabildo abierto
para tomar la decisión sobre la instalación de una planta
termoeléctrica de 87 megavatios entre las comunidades Garífunas de
Corozal y Sambo Creek, a pesar que las comunidades comunidades exigieron
el CPLI. Miembros de las comunidades interpusieron la respectiva
denuncia ante la Fiscalía de las Etnias, sin embargo las maquinarias
continúan trabajando en la edificación de la termoeléctrica.
La consulta previa es la médula de los derecho colectivos que poseemos
los pueblos indígenas. El anteproyecto de Ley de Consulta, promovido por
AVA FLEGT, ONU REDD, PNUD y el Estado de Honduras, además de
distorsionar la consulta dará lugar a un ciclo de violencia en contra de
los pueblos indígenas.
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