El dictador argentino Reynaldo Bignone y Luis Muiña en el juicio contra ambos en diciembre de 2011. Foto: Hispantv.
La polémica decisión de la Corte Suprema de Argentina de reducir la pena por delitos de lesa humanidad, ha levantado una ola de críticas contra el Gobierno de Macri.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema determinó reducir las penas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983).
De esta manera declaró aplicable el beneficio llamado 2 por 1 que
indica que por cada año de prisión preventiva se computan 2 y se suman a
los de condena efectiva.
Esta decisión favorable a los reos por cargos de delitos de
lesa humanidad, provocó el miércoles un fuerte impacto en los organismos
de derechos humanos. Entre ellos, las Abuelas de Plaza de Mayo que acusaron al Gobierno de Mauricio Macri de estar “detrás del fallo”.
“Esto no nos afecta a nosotras que ya estamos afectadas desde hace 40
años, afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los
biznietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite”,
expresó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
“(El decreto) forma parte de una avalancha de cosas con las que
tratan de limpiarle la cara a los represores. Se parece bastante a los
indultos de (el expresidente argentino Carlos) Menem”, condenó Adolfo
Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
La controversia se desató tras el anuncio de la máxima
instancia judicial de la aplicación de un beneficio penitenciario que
rebaja la pena del civil Luis Muiña, quien actualmente se
encuentra en libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su
condena, según informan medios argentinos.
Muiña fue condenado en diciembre de 2011 a 13 años de cárcel por la
participación en una operación, comandada personalmente por el represor
Reynaldo Bignone, en la que fueron secuestrados y torturados cinco
trabajadores del Hospital Posadas.
Activistas de los derechos humanos argentinos criticaron a Mauricio
Macri por no reunirse con ellos y mostraron preocupación por la
situación de su país.
Las organizaciones no gubernamentales temen que esta
sentencia abra paso a que muchos otros represores puedan salir de la
cárcel gracias a la doctrina del dos por uno. En Argentina hay más de 2 mil personas imputadas por diversos delitos de lesa humanidad y más de 700 sentenciadas.
(Con información de Hispantv)
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