Panamá
El gobierno panameño se
encuentra metafóricamente en manos de un equipo de neurocirujanos que
intenta mantener al presidente Juan Carlos Varela con vida política. El
mandatario panameño sufrió su primer derrame con motivo de las
declaraciones de Ramón Fonseca Mora que lo asoció con el Grupo
Odebrecht, conglomerado industrial de la construcción, y los sobornos
que la empresa brasileña repartió en doce países.
Fonseca Mora es
el mismo abogado especializado en abrir sociedades anónimas en ‘paraísos
fiscales’ bajo jurisdicción norteamericana y británica. Se hizo notorio
el año pasado cuando un grupo de investigadores en la ciudad de
Washington, capital de EEUU, divulgó miles de archivos comprometedores
de la firma Mossack & Fonseca. En la jerga periodística
internacional, creada en aquel momento, el caso se denominó los ‘Panama
Papers’.
Como fichas de un dominó, han ido cayendo
exgobernantes, políticos y empresarios, en país tras país (un total de
12), como consecuencia del escándalo asociado a los sobornos del Grupo
Odebrecht. Las declaraciones de Fonseca Mora en Panamá comprometen al
presidente Varela. Según el antiguo ‘ministro consejero’ del gobierno
panameñista, durante su campaña presidencial (2013-2014), Varela habría
recibido dinero oculto de la constructora brasileña Odebrecht.
Era un secreto a voces que los tres últimos presidentes panameños
recibirían sobornos de la empresa constructora. De igual manera, se
beneficiaban de otros negocios turbios que las autoridades han sido
lentas en investigar. Sin embargo, las declaraciones de Fonseca Mora
obligan a las fiscalías a realizar una investigación prolija. La
Asamblea Nacional anunció que harán una minuciosa pesquisa en torno a
las donaciones recibidas por el mandatario. La Asamblea se pronunció
después que el presidente Varela le pidiera al Tribunal Electoral que
hiciera del conocimiento público su declaración de donantes.
Fonseca Mora involucró en sus declaraciones a los diputados panameñistas
José Luis Varela (hermano del presidente) y Adolfo Valderrama.
Igualmente, mencionó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José
Ayú Prado, a quien caracterizó como ‘manipulable’.
Gobernabilidad
Varela ha estado permanentemente negociando desde una posición de
relativa debilidad para conservar su capacidad para gobernar. Al
principio de su gestión (julio de 2014) logró reunir una mayoría de
diputados en la Asamblea haciendo diferentes tipos de concesiones.
Dividió el partido Cambio Democrático (del expresidente Ricardo
Martinelli, autoexiliado en Miami, EEUU). También introdujo una cuña en
el Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde otro expresidente –
Martín Torrijos (2004 a 2009) – sigue con aspiraciones para repetir su
mandato. La suma de los miembros de la banacada panameñista (16 diputados) y las otras fracciones le garantiza a Varela una mayoría de diputados en la Asamblea.
En la Corte Suprema de Justicia, Varela nombró dos magistrados que le
dieron la mayoría para re-elegir a Ayú Prado como presidente. La
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), empresa pública que maneja
presupuestos de miles de millones de dólares y los sobre costos de otros
miles de millones, producto de la construcción de la ampliación de la
vía acuática, genera dividendos cuantiosos. Incluso, Odebrecht tiene
contratos de miles de millones aún vigentes.
Varela, a pesar de
sus debilidades en el frente político, contaba con un sólido apoyo
financiero y económico de un sector de la oligarquía panameña. Detrás de
su campaña política, que lo llevó al triunfo electoral en mayo de 2014,
dicen que estaba el grupo económico que encabeza Stanley Motta. Este
grupo empresarial cuenta con fuertes intereses en la Zona Libre de
Colón, Televisora Nacional, Copa Airlines y el Banco General. Sin duda,
el grupo económico se benefició de su relación con el gobierno de
Varela, especialmente después de la larga ‘sequía’ (2009-2014) que
representó Martinelli.
Se asocia al grupo Motta con el
Movimiento Independiente (MOVIN) que utiliza Televisora Nacional como
megáfono para hacer su propaganda en torno a los proyectos económicos,
que incluyen el proyecto de Corozal (puerto en el Canal de Panamá) y la
Caja de Seguro Social, entre otros. Hace pocos meses MOVIN se distanció
del gobierno, creando un vacío peligroso para la estabilidad del
gobierno.
El otro grupo económico, vinculado a MEDCOM
(conglomerado de medios de comunicación) que cuenta con el expresidente
Ernesto Pérez Balladares entre sus filas, sufrió recientemente una
derrota política en las elecciones internas del PRD. A pesar de ser
menos poderoso sobre el terreno financiero que el grupo Motta, cuenta
con una base social más amplia y sectores vinculados a la diezmada
industria nacional.
Por último, la tercera fracción de la
oligarquía panameña de principios del siglo XXI, encabezada por
Martinelli, observa activamente los traspiés de Varela para ver como
‘pesca en río revuelto’. La bancada en la Asamblea de Cambio Democrático
puede convertirse en una pieza muy útil para Varela en esta coyuntura.
La alternabilidad
La crisis gubernamental panameña es difícil de resolver en la medida en
que el sistema político está diseñado para que funcione una especie de
‘alternabilidad’. Fue creado por EEUU después de su invasión militar a
Panamá en 1989. Se supone que las fracciones de la oligarquía son
estancos cerrados y que deben reemplazarse cuando la oferta del
gobernante se agota. El problema de Varela es que se agotó muy temprano:
Apenas por la mitad del camino (2 años y medio de un total de 5).
Lo políticamente correcto en un sistema montado por la oligarquía, en
un caso como éste, es que el gobierno busque reforzamiento entre los
partidos políticos de la oposición. La fracción oligarca gobernante
tendría que compartir los beneficios de su gestión con la fracción que
se pasa de la oposición a las filas oficialistas. Todo indica que esta
solución no es viable en estas circunstancias. Es todo o nada.
Desde hace 27 años la oligarquía panameña ha gobernado alternando el
poder y excluyendo a los sectores populares. Los primeros diez años
(1990-1999) fueron de ajuste económico neoliberal radical (bajo el
binomio Pérez Balladares-Chapman). Después siguieron 8 años (2000-2008)
de crecimiento económico (sin desarrollo) como resultado del traspaso de
la administración del Canal de Panamá del gobierno norteamericano al
sector público de Panamá y el incremento progresivo de los peajes del
Canal. Los últimos 8 años (2009-2016) fueron marcados por los años de
más crecimiento (ampliación del Canal) y el declive económico que se
vive actualmente.. El ajuste económico premió a la oligarquía – en su
conjunto - y castigó severamente a los trabajadores. Estos últimos
perdieron muchos empleos, vieron deprimirse sus salarios y desaparecer
sus beneficios sociales.
Cada quinquenio presidencial es
recordado por los enfrentamientos sangrientos entre trabajadores,
empleados públicos, estudiantes, indígenas y las fuerzas del orden. La
desregulación y la flexibilización, así como los tratados comerciales,
han arruinado el agro y la industria. Los gobiernos oligarcas desde 1990
han pregonado la falsedad de que Panamá es un país de servicios y no
debe invertir en el desarrollo económico del país. Con el discurso de la
posición geográfica y ‘pro mundo beneficio’, la oligarquía cooptó a las
capas medias del país y desorganizó a sectores importantes de los
trabajadores.
En el período mencionado, la oligarquía panameña
ha contado siempre con la permanente intervención de EEUU en los asuntos
de gobernabilidad, así como en la política económica (neoliberal) del
país. En la campaña electoral de 2009 intervino para resolver un pleito
entre dos fracciones de la oligárquía. En la actual coyuntura, la
estructura gubernamental está tan debilitada que una intervención es muy
tarde. ¿Qué puede hacer el neurocirujano-jefe (la Embajada de EEUU)?
Las Fuerzas del Orden, también corruptas – parte de la estructura
gubernamental - cuentan con dos destacamentos (Policía Nacional y
Servicio Nacional de Fronteras) que pueden dar una sorpresa siguiendo
órdenes del neurocirujano-jefe.
Opciones
En la
crisis actual hay sectores de las capas medias (denominadas sociedad
civil), con niveles de consumo más altos que los trabajadores, que
demandan un alto a la corrupción y un cambio de la ‘vieja guardia’
política. Ideológicamente, están atrapados porque no pueden luchar por
un retorno al pasado (militar) ni a los discursos liberales y
conservadores (agotados por la corrupción). Tampoco pueden levantar un
discurso hacia el futuro que ideológicamente no pueden formular. Las
capas medias son prisioneras de las promesas de la oligarquía. Agotadas
éstas, la sociedad civil sucumbe ante sus propias limitaciones.
La promesa de los trabajadores también ha sido golpeada fuertemente.
Hay sectores que añoran el retorno al ‘torrijismo’ u otras formas de
populismo. Como todo sueño basado en el pasado es inútil, las propuestas
se agotan rapidamente. Los trabajadores y sectores populares que
levantan banderas ‘progresistas’ también se ven en una jaula con paredes
muy angostas. Debido a la incesante propaganda – por más de un cuarto
de siglo – contra cualquier proyecto que implique la construcción de un
futuro que garantice bienestar social para los trabajadores, no se han
podido levantar consignas que entusiasmen a la juventud.
A
pesar de ello, Panamá cuenta con FRENADESO/Frente Amplio por la
Democracia (FAD) y el Movimiento Independiente por la Refundación
Nacional (MIREN) que son dos organizaciones político sindicales con
fuerte presencia, también, en sectores de las capas medias. La
oligarquía panameña está conciente de esta realidad y prefiere
entenderse internamente antes de cederle espacio a los sectores
populares. La crisis de la oligarquía no puede resolverse con parches.
Tiene que cambiar las reglas que se impuso en el período 1990-2015 o
colapsa. Las opciones no son muy claras en este momento.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
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