Jorge Durand
La Jornada
A lo largo de casi 50
años en Centroamérica se han generado cuatro tipos diferentes de
migraciones: exilio, refugio, económica y desarraigo, todas ellas
relacionadas con diferentes clases de violencia y en correspondencia con
distintos contextos políticos.
La década de 1970 se caracterizó por un sistema político dictatorial,
tanto militar como familiar, sustentado por elecciones amañadas o
golpes de Estado. En ese contexto surgieron movimientos guerrilleros en
Panamá, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y se consolidó el apoyo de
Estados Unidos a dictaduras como la de Anastasio Somoza en Nicaragua,
Fidel Sánchez en El Salvador u Oswaldo López en Honduras.
Los dictadores ejercieron violencia política y represión sistemática
en contra de la oposición y se gestó un primer proceso migratorio de
tipo político y caracterizado por el exilio. En el contexto
internacional hay que considerar el impacto que tuvo la revolución
cubana como detonador de la guerra fría en la región, el
surgimiento de los movimientos de liberación nacional en diferentes
países, la respuesta inmediata con la intervención militar en República
Dominicana en 1965 y el apoyo sistemático a las dictaduras y gobiernos
militares en América Latina. La guerrilla en Centroamérica será el
último escenario de la guerra fría en el continente.
La década de 1980 se caracterizó por la violencia armada y las
guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que tuvieron
impacto directo en toda la región, pero especialmente en Honduras. Al
triunfo de la revolución sandinista le siguió la guerra civil con la contra,
financiada por Estados Unidos, y el apoyo logístico y territorial de
Honduras. En El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) y otras tantas agrupaciones lanzaron varias
ofensivas finales, pero no pudieron tomar el poder y la guerra prosiguió por varios años en una situación de equilibrio de fuerzas. En Guatemala, la guerra civil fue propiamente de baja intensidad y exterminio, que se agudizó en 1982 con el golpe militar y la presidencia de facto del general José Efraín Ríos Montt. En este contexto surgieron el Grupo Contadora y aliados, que tratan de mediar para lograr la paz en la región. La violencia armada, los gobiernos militares o de facto generaron una migración masiva de refugiados que se dirigieron a los países vecinos: México, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá.
La década de 1990 fue una fase de reconstrucción, acuerdos de paz y
retorno de refugiados. En 1991 terminó la guerra civil en Nicaragua y
Violeta Chamorro llegó al poder en elecciones democráticas. En 1992,
después de arduas negociaciones, se llegó a un acuerdo de paz en El
Salvador. En Guatemala, la paz empezó a gestarse con los acuerdos de
Esquipulas en 1986 y 1987, y concluyó en 1990 con los acuerdos de Oslo y
posteriormente con el retorno de grupos de refugiados que se habían
asentado en México. No obstante las formalidades de los acuerdos de paz,
la posguerra mostraba sus secuelas con un incremento notable de la
violencia cotidiana, el tráfico y el uso de armas, el surgimiento de las
pandillas, las maras y la presencia del narco. En
esta década se incrementaron de manera notable los migrantes económicos
que se dirigen a Estados Unidos y transitan por México.
La primera década del siglo XXI se caracterizó por la
consolidación de la democracia en Centroamérica, incluso por la
alternancia, en el caso de Nicaragua, con Daniel Ortega, que vuelve a
ser elegido, y el arribo democrático en El Salvador de dos gobiernos
ligados al FMLN: el de Mauricio Funes y el del comandante guerrillero
Salvador Sánchez Cerón. En Guatemala los gobiernos se sucedían sin
mayores sobresaltos, pero persiste una presencia activa del ejército. En
2012 el general retirado Otto Pérez Molina, formado en la Escuela de
las Américas, llegó a ser presidente, teniendo como antecedente haber
representado al ejército en los acuerdos de paz y luego fue destituido,
acusado de corrupción. Ahora gobierna Jimmy Morales, un comediante. Por
su parte, en Honduras se dio un cambio importante en 2006, con la
llegada de la presidencia reformista de José Manuel Zelaya, quien no
logró terminar su periodo y se dio un golpe de Estado que colocó en la
presidencia, de manera interina, a Roberto Micheletti, y luego le
sucedió Juan Orlando Hernández.
A los avatares de la política en el siglo XXI en Centroamérica, con
gobiernos democráticos, pero acotados y vulnerables, le corresponde un
tipo de violencia sistémica, que penetra en todos los sectores de la
sociedad y se sustenta en la impunidad.
La violencia generalizada se interrelaciona directamente con la
presencia cada vez mayor de bandas del crimen organizado y pandillas de
carácter internacional, que utilizan a miles de jóvenes como halcones, gatilleros o narcomenudistas, quienes además de los trabajos que les encarga el narco, se dedican a delinquir, robar, extorsionar, secuestrar y cobrar derecho de piso.
A la persistente pobreza en la región se suma la pobreza de su clase
política, los avatares y desastres naturales y la violencia sistémica y
generalizada. En este contexto se generan la migración y el
desplazamiento masivo de cientos de miles de personas que buscan mejorar
su situación fuera de su lugar de origen, que podrían considerarse
migrantes económicos. Pero también la de los desarraigados, los niños
que buscan a sus padres, los agredidos por la violencia cotidiana, los
que ya no tienen nada que perder y huyen de una situación de violencia
extrema, pobreza ancestral y futuro incierto.
El dilema centroamericano radica en quedar expuesto a la violencia
sistémica o morir en el intento de encontrar un lugar más amable para
sobrevivir.
Para Alfonso Ibáñez, quien fuera lector asiduo de esta columna.
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