Adital
Veintitrés organizaciones canadienses y sus
asociadas internacionales están haciendo campaña ante el Parlamento y la
población para que Canadá abra sus puertas a los reclamos de víctimas de las empresas
mineras, de petróleo y gas del país. La reivindicación es para que los
afectados puedan llevar sus casos a la justicia de Canadá.La Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa (CNCA, por su sigla en inglés) está involucrada en esta lucha y defiende que Canadá elija a un Defensor del Pueblo con mandato obligatorio para el sector extractivista y para posibilitar el acceso a los tribunales de las personas perjudicadas por las operaciones de las empresas canadienses en otros países.
Lo que existe desde 2009 es una consejera canadiense de Responsabilidad Social Empresarial para el sector extractivista, sin embargo, su trabajo se ha mostrado ineficaz. Prueba de esto ocurrió en 2011, cuando fue llevado a la consejera el caso de trabajadores mexicanos de una mina canadiense, intimidados por intentar sindicalizarse. Como la empresa no estaba dispuesta a conversar, nada se hizo. Hasta el momento, ninguna queja llegó al proceso de revisión completa.
En el intento por esquivar sus obligaciones, las empresas canadienses justifican que los casos relacionados con su actuación en países extranjeros no deben ser llevados a los tribunales canadienses. Sin embargo, las organizaciones involucradas en esa demanda creen que por ser Canadá "el hogar de esa industria global”, el país debe hacer más para mantener a las empresas dentro de los marcos de derechos humanos y de las normas ambientales, de modo de crear un mecanismo que propicie la justicia.
Canadá es hoy el líder mundial del sector minero con cerca de 1.500 empresas que operan en toda América Latina, con más de 1.200 proyectos mineros activos. Actualmente el país concentra sus activos prioritariamente en México, Chile y Estados Unidos, pero Argentina, República Dominicana y Brasil también están entre los 10 principales países para las empresas canadienses de petróleo, gas y minería.
La actividad, considerada una amenaza ambiental para América Latina, va a continuar creciendo a pesar de las manifestaciones en su contra de organizaciones ambientales, sociales y comunidades originarias.
Inclusive con este pronóstico, la lucha contra la actuación de las empresas sigue y alcanza algunas victorias. En Chile, la justicia paró las obras en la mina Pascua-Lama, un proyecto de la Barrick Gold, a causa de problemas ambientales. En Perú, la petrolera Talismán salió del país en septiembre de 2012 después de años de protesta de los pueblos indígenas achuar contra la actuación de la empresa en su territorio. Y en marzo de este año, por primera vez en la historia judicial de Canadá, un tribunal de Toronto visitó un país para decidir si juzga en el propio Canadá a la empresa minera Hudbay por violaciones de derechos humanos en Guatemala.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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