En declaraciones a Prensa Latina, Gauto comentó los resultados de la reciente visita al país de una misión internacional que recorrió varios departamentos paraguayos militarizados y visitó en la cárcel a campesinos presos por el sangriento desalojo de Curuguaty, en 2012.
Gauto planteó que existe una profundización del patrón represivo por parte del Estado y un aumento progresivo en relación a lo observado por anteriores misiones, lo cual es ejecutado por agentes fiscales y fuerzas policiales y militares.
Aseguró que en las distintas operaciones sufridas por campesinos e indígenas, los fiscales vulneran las garantías establecidas por las leyes e irrespetan el debido proceso.
Causa suma preocupación que niños y adolescentes no solamente presencian los allanamientos violentos de sus viviendas sino que ellos mismos, según los pobladores, son obligados a punta de fusil a dar declaraciones o datos sobre personas prófugas, añadió. A esto se une el gran número de agentes de seguridad privados actuando con absoluta libertad en el atropello a las comunidades, puntualizó.
Otro elemento negativo es que el Estado se visualiza con una alta ausencia de programas sociales favoreciendo así la situación de pobreza y pésima calidad de vida de las personas, mientras crece el modelo agroexportador que liquida la agricultura familiar.
No se preocupa el Estado por la salud, la educación y el medio ambiente pues los latifundistas usan sin restricciones agrotóxicos que afectan fuertemente a las comunidades, subrayó.
Gauto recalcó que hasta por una razón de imagen internacional el Estado debía preocuparse por corregir estas violaciones pues ya cuenta con varias sanciones internacionales por incumplir la devolución a etnias indígenas de sus tierras ancestrales.
Finalmente se pondrán todas las cuestiones detectadas en esta ocasión en conocimiento de las entidades interamericanas y agencias de las Naciones Unidas, paralelamente a la continuación del monitoreo a realizarse por nuevas misiones locales y foráneas.
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