Bruselas
guarda silencio acerca de un tratado que puede permitir que empresas
voraces socaven leyes, derechos y soberanía nacional
The Guardian
Traducido para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
¿Se
acuerdan de aquel referéndum acerca de si debíamos crear un mercado
único con Estados Unidos? Ya sabe, el que preguntaba si las
corporaciones debían tener poder para revocar nuestras leyes? No, yo
tampoco. Fíjense, el otro día me pasé 10 minutos buscando mi reloj
antes de darme cuenta de que lo llevaba puesto. Olvidar el referéndum
es otra señal de envejecimiento, puesto que deber de haber habido uno,
¿no? Después de haberle estado dando vueltas a si debíamos permanecer o
no en la Unión Europea, el gobierno no cedería nuestra soberanía a un
oscuro organismo no democrático sin consultarnos. ¿Lo haría?
El objetivo del Acuerdo Transatlánticos sobre Comercio e Inversión es eliminar todas las diferencias reguladoras entre Estados Unidos y las naciones europeas. Lo mencioné hace dos semanas.
Pero me dejé el problema más importante: la enorme capacidad que
concedería a las grandes empresas de emprender acciones judiciales
totalmente carentes de escrúpulo contra los gobiernos que traten de
defender a sus ciudadanos. Permitiría a sus herméticos despachos de
abogados corporativos invalidar la voluntad del parlamento y acabar con
nuestras protecciones legales. Sin embargo, los defensores de nuestra
soberanía no dicen nada.
El mecanismo a través del cual se logra
esto se conoce como normativa de conflictos inversor-Estado. Se utiliza
ya en muchas partes del mundo para acabar con las regulaciones que
protegen a las personas y al planeta.
Después de intensos debates
dentro y fuera del parlamento, el gobierno australiano decidió que el
tabaco se debía vender en paquetes en los que únicamente aparecieran
avisos impactantes referentes a la salud. El Tribunal Supremo
australiano avaló la decisión. Pero utilizando un acuerdo comercial
entre Australia y Hong Kong, la tabaquera Philip Morris ha pedido a un
tribunal exterior que le pague una vasta indemnización por las perdidas
de lo que ella denomina su propiedad intelectual.
Durante la
crisis financiera en Argentina y en respuesta a la ira popular por los
precios astronómicos de las facturas de la electricidad y del agua,
Argentina impuso una congelación de los precios de estos (¿les suena
familiar?). Argentina fue denunciada por las compañías internacionales
de servicios públicos cuyas enormes facturas habían llevado a actuar al
gobierno. Por este y por otros crímenes similares se ha visto obligada
a pagar más de mil millones de dólares en compensaciones. En El
Salvador las comunidades locales lograron a un altísimo precio (tres
activistas fueron asesinados) convencer al gobierno de que denegara el
permiso a una vasta mina de oro que amenazaba con contaminar sus
enormes recursos de agua. ¿Una victoria para la democracia? Puede que
no por mucho tiempo. El empresa canadiense que trataba de abrir la mina
ha denunciado a El Salvador por 315 millones de dólares por las
perdidas de sus futuros beneficios.
En Canadá los tribunales
revocaron dos patentes que poseía la empresa estadounidense de fármacos
Eli Lilly basándose en que la compañía no tenía pruebas suficientes de
que estos tuvieran los efectos beneficiosos que afirmaba. Ahora Eli
Lilly ha demandado al gobierno canadiense por valor de 500 millones de
dólares y exige que se cambien las leyes de patentes de Canadá.
Estas
compañías (y muchas otras) están utilizando la normativa de los
conflictos inversor-Estado incluida en los acuerdos comerciales
firmados por los Estados a los que están demandando. Unos tribunales
que no tienen ninguna de las salvaguardas que esperamos de nuestras
propios tribunales hacen que se cumpla esta normativa. Los juicios se
celebran en secreto. Los jueces son magistrados de las corporaciones,
muchos de los cuales trabajan para compañías del tipo de aquellas cuyos
casos se están juzgando. Las comunidades y los ciudadanos afectados por
sus decisiones carecen de estatuto jurídico. No existe el derecho a
apelar. Sin embargo, estos casos pueden de derrocar la soberanía de los
parlamentos y las sentencias de tribunales supremos.
¿No se lo
cree? Esto es lo que dice uno de los jueces de estos tribunales acerca
de su trabajo: “Cuando me despierto por la noche y pienso en el
arbitraje, no deja de asombrarme que Estados soberanos hayan accedido
al arbitraje de la inversión. [...] Se otorga a tres individuos
privados el poder de revisar, sin ninguna restricción o procedimiento
de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de
los tribunales y todas las leyes y regulaciones emanadas de los
parlamentos”.
No existen los derechos correspondientes para los y
las ciudadanas. No podemos utilizar estos tribunales para exigir una
mejor protección de la codicia de las corporaciones. Como afirma el Democracy Centre, es “un sistema de justicia privatizado para las corporaciones globales”.
Incluso
en el caso de que estas demandas no prosperen, pueden ejercer un efecto
de intimidación sobre la legislación. Un alto cargo del gobierno
canadiense señaló al hablar de las normas introducidas por el Acuerdo
de Libre Comercio Norteamericano: “He visto cartas provenientes de
empresas jurídicas de Nueva York y de Washington DC destinadas al
gobierno canadiense referentes a casi cada nueva regulación y
proposición medioambiental en los últimos cinco años. Se refieren a
productos químicos para el lavado y secado, medicamentos, pesticidas,
leyes de patentes. Casi todas las nuevas iniciativas fueron objeto de
ese ataque y la mayoría de ellas nunca vieron la luz”. En esas
circunstancias la democracia, como propuesta significativa, es imposible
Este
es el sistema al que estaremos sometidos si prospera el tratado
trasatlántico. Estados Unidos y la Comisión Europea, ambos captados por
las corporaciones a las que se supone regulan, están presionando para
que la normativa de conflictos inversor-Estado se incluya en el acuerdo.
La
Comisión Europea justifica esta política afirmando que los tribunales
nacionales no ofrecen a las corporaciones protección suficiente porque
“pueden ser parciales o carecer de independencia”. ¿A qué tribunales se
refieren?¿A los de Estados Unidos?¿A los de sus propios Estados
miembros? No lo indica. De hecho, no proporciona un solo ejemplo
concreto que demuestre la necesidad de un nuevo sistema extrajudicial.
Precisamente porque generalmente nuestros tribunales no son parciales
ni carecen de independencia, las corporaciones quieren evitarlos. La
Comisión trata de sustituir tribunales transparentes, responsables y
soberanos por un sistema cerrado en el que dominan los conflictos de
intereses y los poderes arbitrarios.
La normativa inversor-Estado
se podría utilizar para acabar con cualquier intento de salvar el
sistema de sanidad del control corporativo, de volver a regular los
bancos, de frenar la codicia de las compañías de electricidad, de
volver a nacionalizar los ferrocarriles, de dejar las energías fósiles
ahí donde están. Esta normativa paraliza las alternativas democráticas
y proscribe las políticas de izquierda.
Esa es la razón por la
que el gobierno de Reino Unido no ha hecho intento alguno de
informarnos acerca de este ataque monstruoso a la democracia y menos
aún de consultarnos. Esta es la razón por la que están callados los
conservadores que vociferan acerca de la soberanía. Despertad, nos
están jodiendo.
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