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miércoles, 18 de mayo de 2011

En tierra de nadie

PUNTO DE ENCUENTRO

Marielos Monzón
 El domingo se conoció la masacre cometida contra 27 trabajadores en una finca del departamento de Petén. Las víctimas fueron decapitadas y sus restos, esparcidos en los alrededores del lugar. Aun y cuando se está en proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido, lo que queda claro es la ausencia absoluta del Estado en gran parte del territorio nacional. Ausencia que se palpa en el abandono de cientos de miles de compatriotas a su suerte. No hay salud, no hay educación, no hay alimentos y tampoco protección y garantías a su seguridad e integridad. 

Basta recorrer un poco el interior del país para ver los vehículos doble cabina, repletos de hombres armados, que se trasladan a sus anchas sin que nadie les marque un alto. O la impunidad con la que actúan las guardias privadas de los terratenientes contra las comunidades campesinas. Todo con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades.

La ausencia del Estado no es un hecho fortuito, es producto de una muy bien montada estrategia de los grupos de poder económico, político y militar para controlar el país y hacer lo que se les venga en gana. Un Estado débil y sin recursos es la mejor forma de garantizar su dominio y la impunidad de sus actos. Porque tampoco cabe ninguna duda de que las masacres, decapitaciones, asesinatos y demás crímenes se siguen cometiendo mientras se tenga la garantía de que la justicia no acciona y que la impunidad es la que reina en casi la totalidad de los casos.

Como siempre sucede cuando ocurren hechos como el del domingo, saltan las voces de los energúmenos arguyendo que aquí lo que hace falta es mano dura y la aplicación de la pena de muerte, cuando se tiene más que probado que la disminución real de los hechos delictivos pasa por una pronta, cumplida y eficaz aplicación de la justicia —porque nadie dice que no se castigue con todo el peso de la ley a los responsables, a los verdaderos responsables, y no a los chivos expiatorios—, pero también por una estrategia integral de seguridad y justicia, que aborde la problemática desde todas sus aristas. Convertir la Plaza Central en una especie de coliseo para fusilar a delincuentes, como promete un triste político aspirante a la Presidencia, no solo no resolvería el problema, sino lo agravaría. ¿O qué si no es represión pura y dura —en forma de ejecuciones extrajudiciales, limpieza social o asesinatos selectivos— lo que hemos aplicado durante los últimos 50 años?

Respecto de lo sucedido en la finca Los Cocos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señala: “Esta masacre se suma a otros hechos recientes de violencia, vulnerabilidad generalizada y abandono que afectan a los habitantes del departamento de Petén y que confirman la urgente necesidad de implementar una estrategia integral de seguridad humana que garantice los derechos humanos”, y agrega: “En una misión realizada en el mes de noviembre de 2010 por esta oficina al departamento de Petén, se observó la situación de inseguridad y desprotección en la que se encuentran las comunidades campesinas del municipio de La Libertad y San Andrés ante diversos fenómenos tales como el narcotráfico, la concentración de las tierras en manos de grandes finqueros, la ganadería ilegal y las amenazas de ser desalojados de las tierras que ocupan”.

Datos objetivos de la realidad que solo confirman nuestra triste historia de despojo, violencia y muerte, producto de un sistema de exclusión, opresión y acumulación, que sigue cobrando la vida de los más pobres, porque al parecer, aquí tienen derechos solo los que pueden pagar por ellos.

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