Rubén Armendáriz
En un claro mensaje al gobierno de Mauricio Macri, las autoridades
supremas de la Justicia electoral establecieron que ninguna innovación
tecnológica o con pretexto tecnológico podrá alterar la legalidad del
sistema de escrutinio vigente y permitir fraude o sospechas de fraude,
que surgían de la insistencia oficial de contratar los servicios de la
empresa Smartmatic, para un proceso cibernético con oscuros antecedentes
.
En su dictamen, la Cámara parece elogiar el entusiasmo del Poder
Ejecutivo por la modernización del sistema electoral, pero luego repite
que los procedimietos deben seguir iguales que hasta ahora. En los
considerandos señaló que el punto clave es “el recuento provisional de
resultados”, y ello “en virtud de la incuestionable trascendencia que
tiene en la formación de la opinión pública sobre la legitimidad de las
elecciones”.
La autoridad electoral buscó asegurar la vigencia del actual sistema
de recuento provisional para preservar el eventual chequeo de votos
válidos si hubiera después algún conflicto en el conteo final. En cuanto
al párrafo sobre la legitimidad, la interpretación fue que la
preocupación de los jueces es que ni haya fraude ni que parezca
remotamente que lo hubo.
La acordada constata que el Ministerio del Interior ya informó que
quiere incorporar “innovaciones tecnológicas que permitirán la
digitalización y transmisión de los telegramas desde los propios
establecimientos de votación”.
63% de la población desaprueba la gestión macrista
Los graves problemas de gestión del presidente Mauricio Macri y la
crisis económico-financiera y sobre todo social que engendró en poco más
de tres años de gobierno, lo mantienen abajo en las encuestas de
percepción ciudadana: el 63% de la población desaprueba la actuación del
gobierno, mientras que el 33% aprueba algo (26%) o todo (7%).
Pese a todo eso Macri ya asumió que será candidato a su reelección y
para los analistas argentinos, agotará todas las herramientas para
coronar sus aspiraciones (manipulación de la información, fake-news y,
por qué no, el fraude electoral. Por ahora, Macri es el único en
colocarse en ese lugar, aunque desde la dirigencia de Cambiemos surge la
candidatura de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,
mientras sus socios de la Unión Cívica Radical desean imponer un
candidato propio a la vicepresidente.
Esta
situación de deterioro grave de la imagen presidencial propició la
decisión de muchas autoridades provinciales de “escalonar” las
elecciones provinciales y desligarlas de la nacional. Algunos aliados de
la coalición neoliberal Cambiemos (que llevó al poder a Macri)
entendieron que el deterioro del mandatario podría contagiar de forma
negativa sus aspiraciones de gobierno provincial o local. El gobierno ha
contrarrestado esta posición castigándolos con obviar la transferencia
de recursos a las provincias.
Desde la oposición peronista tratan de posicionar otros candidatos,
como el exministro de Economía, Roberto Lavagna –antikirchnerista, pero
con el aval de EEUU-., el diputado Agustín Rossi, o el exgobernador de
Buenos Aires, Felipe Solá, quien se acercó al kirchnerismo en los
últimos meses. Y, obviamente, la expresidenta y actual senadora,
Cristina Fernández de Kirchner con la mejor intención de voto , a quien
el gobierno quiere impedir su participación con artimañas judicial
(lawfare).
El macrismo optó por la comunión entre servicios de inteligencia y
justicia que atentan contra el sistema democrático utilizando
extorsiones, coacciones, carpetazos, causas y abogados falsos para
exigirle dinero a ciudadanos para armar y dirigir causas judiciales, con
el apoyo de organismos estatales estadounidenses y quizá también
israelíes. Y ese entramado, similar al usado en Brasil en la Operación
Lava Jato, lo ha movilizado para demonizar la figura de la expresidenta,
y evitar que compita en las elecciones.
El fraude, una herramienta al estilo Macri
El fraude ya está organizado, alertó Ariel Garbarz,
especialista en Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN): “Ya controlan el software, lo que indica que la
transmisión electrónica la van a manipular. Éste es un “recurso” que
ofrece el software contratado a la trasnacional Smartmatic, y para eso
suspendieron el telegrama electoral, que es la única garantía de
transparencia en la trasmisión de los datos, desde las escuelas (donde
se emiten los votos) al Correo”.
En declaraciones al portal AgendaSur, Garbanz indicó que es el
“Software Election-360” desarrollado por la empresa Smartmatic y que se
utilizará para “registrar, controlar y contar” los votos en las propias
elecciones, dice claramente en su ficha técnica que cuando se escanea
el acta de cierre, y antes de llegar al Correo, pasa por un punto
intermedio que está a disposición del contratante, que es el gobierno
que lo compró.
Y ahí la misma cartilla técnica de la empresa
especifica que se puede modificar una imagen electrónica por otra,
argumentando cualquier anomalía, se reemplaza y se retransmite al
correo. Este proceso de triangulación del acta de cierre, que no va
directamente al correo, es lo que permite hacer fraude: por eso el
gobierno lo compró”, dice Garbanz, un reconocido experto.
En su página web, Smartmatic afirma que Election-360 recopila los
datos del campo tan pronto como ocurren los eventos y (los) transforma
en información valiosa y manejable. “Les mostré a los políticos en la
cara cómo se hace fraude, cómo se cambiaba el voto del candidato rojo al
verde (o viceversa), acercando a la máquina o a la boleta un celular
que tuviera instalado este software. Se cambia el estado electrónico del
chip con un campo electromagnético que sale del celular, similar al que
usa Bluetooth”, indicó.
En enero, el Gobierno habilitó la compra de este software por
decreto, lo que viola el artículo 103 del Código Nacional Electoral, y
elimina los tradicionales telegramas firmados por las autoridades de
mesa que se enviaban al Correo.
Los medios hegemónicos insisten en que Smartmatic es una empresa
venezolana y que gracias a ella los gobiernos chavistas han logrado
sumar sucesivas victorias desde 1999. Pero la realidad es que no operan
en Venezuela y que el mandamás de la empresa es Lord Mark
Malloch-Brown, presidente Grupo Empresarial SGO, con el que asoció Smartmatic en noviembre del 2014.
Desde ese entonces, Antonio Mugica, fundador de Smarmatic, ocupa la posición de CEO del grupo. Al nuevo grupo se asociaron además Sir Nigel Knowles, en aquel momento director global de DLA, la firma de abogados más grandes del mundo, y David Giampaolo, un renombrado empresario y director ejecutivo de Pi Capital [2].
Según la página web de Smartmatic, el lord inglés fue “el segundo a
bordo en las Naciones Unidas. También prestó sus servicios en el
Gabinete Británico y en la Oficina de Relaciones Exteriores. Actualmente
forma parte de la Cámara de Lores y se mantiene activo tanto en el
mundo de los negocios como en el de las organizaciones sin fines de
lucro”
Añade que “entre otras de sus posiciones”, ha sido “vicepresidente de los fondos de inversión de George Soros, así como de su instituto Sociedad Abierta, vicepresidente del Banco Mundial y el principal socio internacional en Sawyer Miller,
una firma de consultoría política”. O sea, son sólidos sus vínculos con
el especulador, promotor de revoluciones de colores y controlador de la
izquierda, George Soros. Así lo confirma Wikipedia.
Según el escritor y analista ruso Daniel Estulin, el gobierno de la
Revolución de las Rosas de Georgia “fue financiado por Soros y por su
colega Lord Mark Malloch Brown, que participó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”. Soros tumbaba los gobiernos de Europa del Este y luego entraba la consultora de comunicaciones Sawyer-Miller Group – con
sede en EEUU y de la que Malloch Brown es principal socio internacional
y copropietario-, para asesorar en “la privatización y otras cuestiones
de reformas económicas “a sus nuevos líderes.
El mandamás de Smarmatic, preside los consejos de varias juntas “sin fines de lucro” entre ellas el International Crisis Group, que cuenta en su junta directiva a personajes como Soros; Zbigniew Brzezinski exasesor presidencial y exdirector de la Comisión Trilateral y Joanne Leedom-Acckerman, ex miembro de la junta directiva del Albert Einstein Institution, vinculado a Gene Sharp y a los “golpes suaves”.
En su ejecutoria en América Latina, en el campo de las relaciones
publicas y la asesoría de políticos, Mark Malloch asesoró las campañas
presidenciales del prófugo de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de
Lozada, en 1989, del escritor nacido en Perú Mario Vargas Llosa en 1990,
y también fue contratado en Chile y en Colombia.
Malloch es el autor de “La Revolución Global inacabada”, un libro en
que entre otras cosas se plantea que el proceso de globalización ha
creado su propia reacción contraria, y ahora estamos condenados a que
“en un extremo está la globalización y su promesa de gran integración de
todo, desde el comercio a las ideas, mientras que en el otro está el
nacionalismo”. Es el argumento que usa la derecha internacional, la
apología a la globalización neoliberal y contraposición y
estigmatización del nacionalismo.
Breve historia de Smartmatic
En 2008, Smartmatic ingresó al mercado electoral de Filipinas y, a
pesar de múltiples advertencias y den uncias sobre los problemas de
seguridad de sus sistemas, participó de varios procesos electorales. En
junio de 2017, tres ejecutivos de la empresa y varios integrantes de la
Comisión Electoral de Filipinas fueron acusados por “acceso ilegal, interferencia en los datos e interferencia en los sistemas” (fraude electoral) en las elecciones presidenciales de 2016.
Más
adelante, tras establecerse en Panamá y en Barbados -otros dos paraísos
fiscales-, en octubre de 2012 proveyó equipamiento de voto electrónico
en la región belga de Flandes con un contrato de 40 millones de euros,
pero por las fallas técnicas del sistema fue multada en más de 6
millones. Desde el mismo año Smartmatic provee equipamiento de
comunicaciones para la transmisión de resultados electorales en Brasil, y
en 2014 se asoció con la empresa Cybernetica que desarrolla el
cuestionado sistema electrónico a través de Internet, en Estonia.
A las dudas que genera el sistema de voto electrónico de Smartmatic
respecto de la violación del secreto y la posible adulteración de
resultados, se suman los riesgos del sistema de identificación
biométrica por huellas digitales de la misma empresa. La registración de
cada votante es informada en tiempo real a un centro de cómputos, de
manera que el gobierno podría disponer de dicha información para
optimizar el manejo de su sistema clientelar, incluso decidiendo en qué
establecimientos prolongar la votación si fuese necesario.
Smartmatic desembarcó en la Argentina en enero de 2015, presentándose
a la licitación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
proveer el sistema de voto electrónico denominado “boleta única electrónica”.
La primera participación concreta de la empresa en el país ocurrió en
julio de 2015, cuando realizó el escrutinio provisorio de las elecciones
a gobernador de la provincia de Córdoba. El candidato oficialista Juan
Schiaretti (PJ) se impuso a Oscar Aguad (UCR) -quien había cuesionado la
contrataci´pon de Smartmatic– por poco más de seis puntos porcentuales.
Para las elecciones legislativas de 2017, el Gobierno argentino
decidió adjudicar el operativo electoral y el escrutinio provisorio a
Correo Argentino, ahora dirigida por el ex gerente de Socma (empresa de
la familia Macri) Jorge Irigoin. Pero Smartmatic de todas formas logró
participar de ese proceso electoral. Por una inicitiva de los ministros
de Justicia Germán Garavano y de Seguridad Patricia Bullrich, se decidió
la realización de una “prueba piloto” de identificación biométrica en 1.052 mesas de localidades fronterizas de seis provincias.
Para ello, a través del Consejo de la Magistratura se realizó una
licitación que fue adjudicada a Smartmatic, que proveyó 1.250
dispositivos con su software de identificación mediante huellas
dactilares, similares a los que había utilizado en 2016 en las
elecciones de Uganda. Luego, la Cámara Nacional Electoral, a gtravés de
de una acordada extraordinaria, decidió la implementación de este
sistema.
La seguridad de los dispositivos, sobre todo en lo que respecta al
resguardo de los datos biométricos de más de 240.000 ciudadanos, fue
seriamente cuestionada en las reuniones informativas realizadas en la
Cámara Nacional Electoral los primeros días de agosto de 2017.
* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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