Continua y flagrante violación de derechos en Costa Rica y Honduras
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El pasado 25 de marzo,
la junta directiva de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI por su sigla
en inglés) anunció la decisión de cancelar la membresía de la
transnacional frutera irlandesa Fyffes, recientemente adquirida por el
grupo económico japonés Sumitomo [1].
La membresía había sido suspendida
en mayo del 2017 a raíz de una queja presentada por las organizaciones
Banana Link y UITA. La ETI constató que las subsidiarias [2] de Fyffes
en Honduras estaban infringiendo su Código Base al fallar en respetar la
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Tampoco
estaban garantizando un espacio de trabajo seguro e higiénico dentro de
sus plantaciones de melones en el sur de Honduras.
Además de
negarse a reconocer la legitimidad de las subseccionales del Sindicato
de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), las trabajadoras
han denunciado extenuantes jornadas de trabajo y el no pago del salario
mínimo, ni de horas extra y vacaciones proporcionales.
Asimismo,
la falta de acumulación de antigüedad y de cotización a la seguridad
social, malas condiciones higiénicas y de seguridad, reiterados casos de
intoxicación, el despido de trabajadoras por estar embarazadas, la
creación de “listas negras” y un constante hostigamiento, dentro y fuera
de las fincas, por estar afiliadas al STAS.
“Durante su
suspensión, se alentó a Fyffes a desarrollar e implementar soluciones a
las problemáticas contenidas en la queja (…). A pesar de los esfuerzos
realizados, la junta directiva de la ETI constató que Fyffes no logró
dar respuesta a las preocupaciones planteadas (…), por lo tanto no tuvo
más opción que cancelar su membresía”, se lee en el comunicado [3].
Contra la pared
Peter
McAllister, director de la ETI, dijo que en las cadenas de suministro
global siempre se dan problemas o disputas que involucran a compañías
que son miembros de la ETI, y que se abordan a través de un proceso de
mediación.
“Dichas compañías se comprometen a implementar un
código de buenas prácticas laborales reconocido internacionalmente y a
mejorar su desempeño. Desafortunadamente, a pesar de nuestros mejores
esfuerzos, en el caso de Fyffes todo esto no ha sucedido”, agregó
McAllister.
Para Tomás Membreño, presidente del STAS, la ETI tomó
la decisión correcta. “Fyffes no sólo había sido suspendida de la ETI,
sino también fue descertificada
por Comercio Justo Estados Unidos (Fair Trade USA), está señalada ante
la OIT por la violación de los convenios 87 y 98 y en la queja contra
Honduras por violación al capítulo laboral del CAFTA [4]”. El
dirigente sindical aseguró que la transnacional frutera aprovechó la
ineficiencia y la complicidad del gobierno hondureño para tratar de
justificar violaciones inhumanas a los derechos laborales y sindicales
en sus plantaciones de melones. Además, constituyó sindicatos blancos
(pro patronales) para aparentar a nivel internacional el respeto de la
libertad de sindicación y negociación colectiva.
El principal
mercado de destino para los melones de Fyffes - comercializados por
Grupo Sol (Sol Group Marketing Company) - son los Estados Unidos, sin
embargo la transnacional frutera es también el distribuidor de bananos
más grande de Europa.
“Los consumidores deben saber las
injusticias que hay detrás de lo que comen, y que estos melones son el
resultado de la pobreza extrema en que viven miles de trabajadoras y
trabajadores en el sur de Honduras”, manifestó Membreño [5].
Chiquita inmoral
Un
poco más al sur, en la región centroamericana, en Costa Rica, otra
transnacional frutera hace y deshace las cosas a su antojo, condenando a
cientos de trabajadores y trabajadoras al desempleo.
El 4 de
marzo pasado, Chiquita Brands, multinacional de capital brasileño
(Cutrale-Safra), decidió cerrar de forma unilateral el departamento de
operaciones portuarias en Limón, despidiendo de forma ilegal a la
totalidad de trabajadores y tercerizando las labores que tenían
asignadas.
En los días previos al despido, la empresa había
comenzado a sacar contenedores (container) de la terminal, justificando
la actividad con el hecho de que tenían que liberar espacio para meter a
más de 1.000 contenedores nuevos.
La puñalada trapera Chiquita
la clavó el domingo 3 de marzo, avisando por whatsapp del cierre total
del departamento y del despido de todos los trabajadores y trabajadoras.
La
transnacional justificó la medida con la reciente apertura de la
Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por APM Terminals,
algo que fue inmediatamente desmentido por el Sindicato Industrial de
Trabajadores Costarricense del Banano y Afines (Sintracobal).
En
enero de este año, las compañías estadounidenses Dole y Standard Fruit
Company habían hecho lo mismo despidiendo a más de 300 trabajadores.
“No
es cierto que la compañía se viera afectada ante la entrada en
operaciones de la TCM, sino que optó por contratar tres empresas para
que hagan las labores que tenían asignadas los 178 trabajadores que
cesó.
El verdadero objetivo era acabar con el sindicato y el
convenio colectivo, tercerizando actividades a costa de los derechos
laborales y sindicales de las y los trabajadores", dijo Maikol
Hernández, secretario general del Sintracobal a medios nacionales.
Ante
la conducta inmoral de Chiquita y la indignación de los trabajadores
por la forma en que se llevaron a cabo los despidos, varias
organizaciones [6] presentaron ante el Comité de Libertad Sindical de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja contra el Estado
de Costa Rica por violación a los Convenios 87, 98 y 135, relativos a
la libertad sindical, derecho de sindicación y de negociación colectiva y
protección de representantes de trabajadores y trabajadoras.
Las
organizaciones sindicales denunciaron “despidos masivos, unilaterales e
ilegales de cientos de trabajadores y 36 dirigentes sindicales de las
empresas transnacionales Chiquita Brands Costa Rica Srl y Dole, por
medio de sus subsidiarias Standard Fruit Company, que operan en la
ciudad de Limón”. Asimismo denunciaron la indolencia y complicidad del
gobierno.
“Mientras hayan y prosperen actitudes políticas y
represalias como las que han ocasionado las empresas transnacionales
Dole y Chiquita, no habrá democracia en Costa Rica ni en el mundo.
Es triste, es vandálico, es humillante y una violación flagrante de los
derechos humanos que un trabajador o una trabajadora llegue a su
trabajo y se encuentre que el portón está cerrado con un gran candado, y
que le anuncien por WhatsApp que está despedido.
Eso es humillante y no se debe permitir”, dijo Gerardo Iglesias de la Rel-UITA en conferencia de prensa.
- Vea aquí todo el material gráfico, visual y escrito producido sobre la crisis de los despidos en Chiquita Brands Costa Rica.
El despido de centenares de trabajadores y trabajadoras es un hecho
grave que deja a familias enteras sin el sustento diario. Esto
acrecienta la grave problemática social que tiene la provincia de Limón.
“A
pesar de tener una gran importancia económica por ser zona portuaria y
fronteriza, Limón ha sido abandonada por los gobiernos y no recibe
recursos suficientes para su desarrollo y para el bienestar de su
población.
Las grandes transnacionales que llegan al país
tienen un único objetivo que es ganar dinero y enriquecerse a costa del
sudor y el sufrimiento de nuestra gente. Sólo esto les importa”, lamentó
Claudia Chamber, representante del Consejo Nacional de la Asociación
Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) en Limón, en una entrevista
brindada a La Rel. Tras la conclusión del proceso de conciliación
dentro del conflicto colectivo de carácter económico y social solicitado
por el Sintracobal, y el rechazo de las y los trabajadores a las
‘migajas’ ofertas por Chiquita, el caso llegará a estrados judiciales.
La
transnacional proponía mantener los despidos y agregar tres
mensualidades al pago de la liquidación de conformidad con lo
establecido en el convenio colectivo. Los obreros la tacharon de
ridícula, ofensiva e indignante.
“N os trataron como objetos y
nos tiraron a la calle sin ni siquiera mostrar la cara. Nos trataron
peor que la basura. No vamos a aceptar limosna. Nos vamos a mantener
unidos y de pie.
Tenemos la razón y vamos a demostrar a Limón, a
Costa Rica y al mundo que sí se puede enfrentar a Chiquita. La lucha
sigue, ni un paso atrás” corearon frente a las instalaciones del
Ministerio del Trabajo en San José.
Notas:
[2] Melón Export S.A. (Melexsa) y Sur Agrícola de Honduras S.A. (Suragroh)
[4] Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana)
[5] Más material sobre Fyffes http://www.rel-uita.org/?s=
[6]
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Federación Nacional
de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines
(FENTRAGH) y Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA)
- Notas escritas con material de Rel-UITA
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