| Mientras que por razones de seguridad, los miembros extranjeros deben acatar la ilegal medida y abandonar el país, la Fundación Right Livelihood Award compromete al gobierno con la integridad de un centenar de trabajadores que permanecen en Guatemala. |
A través de un
decreto publicado ayer –y anunciado en conferencia de prensa- el
presidente Jimmy Morales dio por terminado el acuerdo que regula el
funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG).
En noviembre pasado, el comisionado de la
CICIG, Iván Velásquez, y la ex fiscal general de Guatemala, Thelma
Aldana, recibieron el ‘Premio Nobel Alternativo’ en Estocolmo. La
Fundación Right Livelihood Award les concedió el premio honorario “por
su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y enjuiciar la
corrupción, reconstruyendo así la confianza de las personas en las
instituciones públicas".
Tras el anuncio del presidente
guatemalteco de finalizar de forma unilateral, anticipada e inmediata el
mandato de la CICIG, la organización sueca sumó su voz a la comunidad
internacional preocupada por el accionar del ejecutivo local.
“Responsabilizamos al Estado de Guatemala por la integridad del personal
de la CICIG y la seguridad de las instalaciones donde este organismo ha
funcionado. Ratificamos nuestro apoyo a la CICIG y a la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala y bregamos por la continuidad de un
sistema de justicia independiente e inmune a las presiones de sectores
interesados en acabar con la lucha anticorrupción. Apoyamos a las
instituciones públicas comprometidas con la población, a las
organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía involucrada en
poner fin a la impunidad”, expresó Ole von Uexkull, director ejecutivo
de la Fundación Right Livelihood Award.
Mientras que los
integrantes internacionales de la CICIG se encuentran por estas horas
organizando su salida del país por cuestiones de seguridad,
aproximadamente un centenar de miembros locales permanecerá en
Guatemala.
“El acuerdo que dio origen a la CICIG no puede
rescindirse unilateralmente, mucho menos por medio de un decreto del
ejecutivo, cuando el acuerdo con la ONU para el establecimiento del
organismo anticorrupción fue votado por el Congreso de la República”,
destacó Fabiana Leibl, responsable del programa protección de laureados
de la Fundación.
“Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente
de la república, debería estar por encima del máximo órgano de justicia
del país. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó en
reiteradas oportunidades la legalidad de la CICIG. Pese a ello, el
gobierno desoye y cuestiona sus dictámenes, obstaculizando el normal
funcionamiento de la CICIG, amedrentando a sus miembros y a la
población”, agregó Uexkull.
La Fundación Right Livelihood Award
observa con preocupación las errantes decisiones del ejecutivo local y
el consecuente debilitamiento de la calidad democrática en Guatemala, al
tiempo que reitera su apoyo y solidaridad con los galardonados
guatemaltecos que trabajan en el fortalecimiento del estado de derecho y
el acceso a la justicia.
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