En la capital peruana, a la que asistió el subsecretario para América Latina de la Cancillería mexicana, Maximiliano Reyes Zúñiga, el Grupo de Lima emitió una declaración firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, en la que llaman “ilegítimo” el periodo presidencial que iniciará Maduro el próximo jueves 10.
La declaración no fue firmada por México, en lo que constituye el primer deslinde del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a las posturas que ha asumido el Grupo de Lima en rechazo al régimen de Maduro.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que culminó el pasado 1 de diciembre, México había sido uno de los más activos participantes del Grupo Lima, y en mayo pasado firmó una declaración en la que ese foro integrado por 14 naciones latinoamericanas desconoció las elecciones en las que Maduro resultó reelecto como presidente de Venezuela.
Esos comicios, señaló el grupo, no cumplieron con los estándares internacionales de un proceso “democrático, libre, justo y transparente”.
Durante la campaña electoral que se realizó en México el año pasado, López Obrador advirtió que en su política exterior retomaría los principios de la Doctrina Estrada, que pugna por la no intervención en asuntos internos de otros países y por el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Maduro fue uno de los gobernantes que el pasado 1 de diciembre asistieron a una comida en Palacio Nacional en México tras la juramentación de López Obrador como presidente, lo que contrastó con la distante y tensa relación que había tenido Peña Nieto con el mandatario venezolano.
La declaración que este viernes firmaron 13 cancilleres del Grupo de Lima cataloga de “ilegítimo” el segundo periodo presidencial que iniciará Maduro el próximo jueves 10, por ser producto de unas elecciones que no contaron con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes.
Además –abunda–, carecieron de “las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”.
El proceso electoral al que se refiere el Grupo de Lima se realizó el 20 de mayo de 2018, luego de que Maduro convocó sorpresivamente a elecciones mientras sostenía un diálogo con dirigentes de la oposición venezolana en República Dominicana. El llamado a los comicios rompió esa negociación política.
Las elecciones, en las que no pudieron participar líderes opositores por estar presos, inhabilitados o en el exilio, han sido desconocidas por medio centenar de países.
De acuerdo con la oposición venezolana, observadores internacionales y dirigentes sociales, el Consejo Nacional de Venezuela (CNE) y el Poder Judicial responden a los lineamientos de Maduro, lo que imposibilita que cualquier elección se realice en condiciones de equidad.
Hace tres años la oposición ganó con amplitud las elecciones legislativas y obtuvo las dos terceras partes de los escaños de la unicameral Asamblea Nacional, pero Maduro, con el respaldo del CNE y el Poder Judicial, desconoció en los hechos a esa instancia legislativa y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente de la que marginó a los partidos opositores.
Maduro ganó su reelección con 67.84% de los votos, según los resultados oficiales, pese a que todos los sondeos de opinión indican que entre el 80% y 90% de la población quiere su salida del poder tras cinco años de recesión, escasez de alimentos y medicinas, una generalizada corrupción y una hiperinflación que el año pasado llegó a un millón 500 mil por ciento.
En su declaración de este viernes, el Grupo de Lima pidió a Maduro que no asuma la Presidencia el próximo jueves 10 de enero, que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y que le transfiera –en forma provisional– el Poder Ejecutivo, “hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.
De igual manera, reafirmó “su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela”, y resaltó que “sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país”.

También manifestó que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteró su determinación “para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas”.
El subsecretario mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes Zúñiga, aparece en la foto que se tomaron los cancilleres del Grupo de Lima al término de la reunión de este viernes en la capital peruana.