Perú
Fujimori llegó al poder
en 1990 (en medio de una profunda crisis del régimen
político-económico), a través de elecciones, humillando al connotado
literato Vargas Llosa, con el 62.4% contra el 37.6%, respectivamente.
Vizcarra llegó al poder, 28 años después, a través del mecanismo de la
sucesión constitucional democrática burguesa, conspirando contra su
presidente PPK, quien renunció por corrupción, y había ganado las
elecciones con el 50,1% de los votos a la hija de Alberto, Keiko
Fujimori.
Fujimori se graduó de ingeniero agrónomo en la
Universidad Nacional Agraria, habiendo concluido sus estudios primarios y
secundarios en escuelas públicas en el Colegio Nuestra Señora de la
Merced, La Rectora y en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte,
respectivamente; mientras que Vizcarra se graduó de ingeniero civil en
la Universidad Nacional de Ingeniería, habiendo concluido sus estudios
primarios y secundarios también en escuelas públicas como Juan XXIII y
en la Gran Unidad Escolar Simón Bolívar de Moquegua, respectivamente.
Antes de sentarse en el sillón de Casa de Pizarro, Fujimori viajó a
Washington, donde los agentes del FMI lo convencieron de la necesidad
del plan de ajuste neoliberal para reinsertar al Perú en la comunidad
financiera internacional de la cual el país había sido proscrito debido a
la crisis dejada por Alan García (iniciativas de reducción de pagos de
la deuda, etc.); mientras que Vizcarra se reunió con el embajador yanqui
días previos de la renuncia de PPK para coordinar su asunción al poder,
en un contexto donde la política neoliberal había demostrado su rotundo
fracaso para disminuir la pobreza e injusticia social.
Fujimori, para superar la crisis política y económica (sistema de
partidos, la guerra interna y obtener mayoría congresal ya que era la
3ra fuerza política), y aplicar los planes neoliberales del FMI, dio un
autogolpe de Estado político-militar, cerró el Congreso de la República y
convocó a un Congreso Constituyente (que produjo la constitución de
1993), que fue refrendado en el referéndum obteniendo el apoyo popular
de 52,24% de los votos válidos; mientras que Vizcarra, para superar la
crisis del régimen político-económico neoliberal que implicaba su
ilegitimidad y la demanda de la población con la consigna “que se vayan
todos”, convocó a un referéndum de carácter preventivo para descomprimir
la radical movilización social (y aplicar los planes de ajuste
estructural del FMI con el fin de cerrar el déficit fiscal), con la
propuesta demagógica de la no reelección de los congresistas, obteniendo
el 55% de apoyo popular.
No obstante, los “logros” de Fujimori
fueron concretos: Superó la hiperinflación y la guerra interna en un
contexto de caída de la URSS, y, por tanto, de reflujo de la lucha de
clases, y de desmoralización de los movimientos sociales; mientras que
Vizcarra, más allá de la demagogia de las reformas, no tiene mucho que
mostrar, y su referéndum se da en una coyuntura de nueva crisis
histórica del capitalismo (y de fracaso del neoliberalismo), con la
semiinsurrecciuón de los chalecos amarillos en Francia, y por tanto, de
ascenso de la lucha de clases, pero con un movimiento social
desarticulado.
Fujimori bonapartizó el régimen político bajo la
dirección de un partido político-militar de tal manera que
investigadoras como Sally Bowen caracterizaron que el fujimorismo
desarrolló un Estado dentro del Estado (una mafia organizada dirigida
desde el Ejecutivo y las FF.AA. que digitaba el poder legislativo y
judicial), creando así las columnas de barro que al estar completamente
centralizadas también fueron las causas de su derrumbe en el 2000 por
factores de corrupción, entre otros; mientras que Vizcarra
semibonapartiza el régimen gracias a la crisis política de corrupción y
un referéndum con un 55% de apoyo popular, desplazando a los partidos
que han gobernado o co-gobernado durante los últimos más de 35 años y
son odiados por las masas, pero en un contexto de mucha volatilidad, sin
partido político, con sobreendeudamiento, la caída de la bolsa de Lima
hace dos meses, caída del precio de los metales (por la guerra comercial
China-EE.UU.), y con un déficit fiscal de aproximadamente $8 000
millones que le obliga a profundizar el neoliberalismo con un segundo
paquetazo de privatizaciones como el agua, y recortes de derechos
laborales y despidos, para seguir siendo sujeto de crédito.
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