El precio de defender la tierra
Las mujeres que
buscan la protección de los derechos de las comunidades indígenas tienen
que hacer frente a la represión de los poderes económicos, pero también
a la coacción y violencia que hay dentro de las propias comunidades
indígenas que, ancladas en la tradición patriarcal, impiden que las
mujeres tengan relevancia dentro de las decisiones políticas.
Un activista coloca un cartel que denuncia la extracción ilegal de madera en el Amazonas. AFP/MARIE HIPPENMEYER
Defender la tierra sale caro. Tan caro, que se paga con la vida .
La lucha por el cumplimiento de los Derechos Humanos siempre escondió
riesgos, sobre todo si tiene un enfoque medioambiental destinado a
proteger las tradiciones y propiedades de las comunidades aborígenes.
Tanto es así, que desde 2014 se han reportado más de 800 asesinatos , según el informe de Front Line Defenders
sobre la represión y coacción que se da en algunos países
latinoamericanos. De los crímenes acontecidos en el último año,
puntualiza el estudio, dos tercios se llevaron la vida de personas que
“trabajaban en la defensa de los derechos medioambientales, el derecho a
la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, a menudo en zonas
rurales aisladas”.
Los datos —aún por actualizarse, pues el
informe llega hasta septiembre de 2018— reflejan una práctica represiva
propia de un continente que atrae la atención de los poderes económicos y
empresariales, “debido a los recursos naturales que posee”, asegura a Público Ignacio Montano, portavoz de Amnistía Internacional .
El experto pone el foco en la libertad con la que operan las grandes
empresas en Latinoamérica y en como los poderes estatales hacen caso
omiso a los derechos de los pobladores indígenas de algunas zonas de
Honduras, México, Colombia o Brasil, entre otros.
"La mayoría
de los homicidios quedan impunes y los perpetradores se ven con la
tranquilidad de poder seguir actuando sin consecuencias"
“Las
empresas tienen gran influencia y están en coordinación con los
gobiernos estatales. Así, la mayoría de los homicidios quedan impunes y
los perpetradores se ven con la tranquilidad de poder seguir actuando
sin consecuencias”, explica el Montano.
La extracción de gas
del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol, la
construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS
en Guatemala o el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que
involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia son
algunos de los negocios transnacionales recogidos por el informe El Ibex 35, en guerra contra la vida , elaborado por Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres.
Para Serlinda Vigara, portavoz de Ecologistas en Acción ,
la violencia hacia los activistas medioambientales en Latinoamérica
deja asesinatos y muertes, pero también otro tipo de violencias. "En
todos los casos analizados detectamos contextos comunes en las que las
defensoras y defensores del medio ambiente que se oponen a los intereses
corporativos son objeto de procesos de criminalización, acoso,
persecución, estigmatización, judicialización, amenazas y agresiones",
explica.
En este conflicto de intereses entre las empresas,
estados y comunidades se suele utilizar a pistoleros y miembros de
seguridad privada convertidos en grupos paramilitares. Miguel Ángel
Soto, experto en Derechos Humanos de Greenpeace menciona la
conocida masacre de Colniza para ejemplificar el funcionamiento de los
mecanismos represivos. “Un crimen en el que el propietario de un
aserradero, que sigue en libertad hoy en día, aparece como principal
interesado en la muerte de los colonos que protestaban en contra de la
deforestación”, narra Soto, para denunciar la impunidad que permite que
esa madera manchada de violencia “siga llegando al puerto de Vigo”.
Las mujeres, principales defensoras de la vida
En esta espiral de violencia y muerte que busca acallar a quienes
luchan por los derechos de la tierra y las comunidades indígenas, las
mujeres se convierten en las principales damnificadas. Lo son porque
“están vinculadas a la protección y a la defensa de lo necesario para
vivir”, expone Vigara, quien señala el “vínculo entre el género y el
medio ambiente que pone a las mujeres en el punto de mira de los
intereses comerciales y explica la persecución que sufren”.
“Ponen sus cuerpo para defender la vida y por ello son víctimas de
violaciones, abusos sexuales, hostigamientos a sus familias, se ven
expuestas a campañas de desprestigio que cuestionan sus compromisos
familiares”, añade la portavoz de Ecologistas en Acción.
Dentro
de la propia violencia específica que reciben las defensoras de la
tierra, hay que sumar la discriminación y el acoso que pueden
experimentar en el seno de los propios colectivos autóctonos, que en
muchos casos se presentan anclados en unas tradiciones misóginas y
patriarcales. “Este doble ataque se explica por un lado porque son
defensoras de la tierra que se enfrentan a las injusticias, pero por
otro, porque actúan en contra de las tradiciones donde la mujer no tiene
espacios”, argumenta Montano.
Grafiti de Berta Cáceres en Tegucigalpa
Bolsonaro y el “terrorismo” de los activistas
La llegada Bolsonaro no va suponer grandes cambios para los defensores y
defensoras de la tierra en Brasil, un país donde apenas se respetan los
derechos de las comunidades indígenas y de los grupos ecologistas.
“Antes de que llegase Bolsonaro ya se encontraban en peligro”,
puntualiza Montano, de Amnistía Internacional. Sin embargo, la llegada
del nuevo presidente de extrema derecha, lejos de mejorar las
condiciones, “sólo puede agravar las cosas”, opina, por su parte, Soto.
De hecho, el líder brasileño ya ha aprobado un decreto que abre las puertas al uso de las armas ,
en un país que en 2017 batió los récords de homicidios. Una decisión
que según Greenpeace traerá más violencia y más asesinatos, en tanto que
el país latinoamericano tiene abierto un gran número de conflictos por
la propiedad de la tierra de los pueblos aborígenes. “Básicamente,
Bolsonaro está diciendo a la gente que dispare”, apuntan desde la
organización ecologista.
Pero el hecho de que los
terratenientes puedan portar armas no es la única medida que da
garantías de impunidad a los crímenes contra los defensores de los
Derechos Humanos. Tanto es así, que el nuevo Ejecutivo ya se ha
posicionado abiertamente de parte de las grandes empresas que explotan
los recursos y ha anunciado que impulsará un decreto para calificar de terroristas a todas las organizaciones del Movimiento Sin Tierra .
Trabajar contra la violencia
Los datos de Front Line Defenders
se van actualizando a diario mientras los activistas mueren. De hecho,
según la organización, en lo que va de 2019 —menos de un mes— en Colombia ya han sido asesinados seis activistas . Desde Ecologistas en Acción señalan a Público que
el remedio contra esta lacra pasa por “impulsar y establecer marcos
normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre
empresas transnacionales".
Desde Greenpeace, por su parte, reclaman una ley de diligencia debida
que "obligue a las empresas a establecer análisis de riesgos en sus
cadenas de suministros". "No hay un marco jurídico que obligue a las
empresas a cumplir con los Derechos Humanos, por lo que pueden hacer en
el extranjero cosas que no harían aquí”, denuncia Soto.
Pero esta encrucijada también pasa por una revisión de tratados como el TTIP, CETA o TISA .
Serlinda Vigara aboga por su suspensión y el abandono de estos acuerdos
de inversión, ya que “refuerzan la arquitectura jurídica de la
impunidad a favor de las transnacionales y ponen la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida ”.
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